Por Ernesto Camou Healy
En un tiempo y lugar ideales la denuncia de un personaje de la televisión en contra del hijo del presidente López Obrador debería haber caído por su propio peso. La exposición pública de los datos sobre la casa en que vive el vástago del Presidente y la alusión a la corrupción de un hijo adulto y su padre, debería haber suscitado una pesquisa madura en los medios, que mostrara, por una parte, la verdad sobre la residencia en cuestión, y por la otra, la deshonestidad del acusador, por lo menos en este lance. Veamos los detalles…
El espurio periodista averiguó que el hijo de AMLO y su esposa vivieron en Houston, en una casa rentada por unos meses, que era más grande que una residencia promedio en nuestro País. También quizá, más cara, por lo que decidieron adquirir mediante hipoteca, mecanismo normal aquí y allá, una casa con valor de $371 mil dólares, o sea, como unos siete y medio millones de pesos. Eso bastó para que el locutor de la tele acusara de corrupción a toda la familia presidencial.
El hijo es abogado y trabaja allá; ella, ejecutiva de una compañía estadounidense que se dedica a la venta de combustibles. Decidieron vivir en Estados Unidos en buena medida para estar lejos de los reflectores que genera la ocupación del padre y suegro. Todo legal y muy su decisión. Como cualquier pareja previsora resuelven invertir en una residencia allá, a un precio razonable. Una casa de ese valor los sitúa en un estrato económico medio, alejados de lujos y extravagancias; y los califica como cuidadosos inversores. Ejercen su derecho a procurarse un hogar sin estridencias.
El impúdico animador de la tele intentó calificar como delito el afán normal de tener un techo y cierta comodidad. Y evitó poner en contexto la compra: Si hubieran adquirido una casa, o departamento en condominio en la colonia del Valle de la CDMX, hubieran desembolsado el doble de lo que gastaron: Entre doce y quince millones de pesos. En la colonia Anzures, al Norte de Reforma y más diversa, una casa más pequeña les hubiera costado unos 10 millones: Los acusó de ser avispados compradores y precavida pareja.
Pero el mismo oscuro personaje tampoco aclaró que desde hace más de una década es dueño de un departamento, no casa, en Miami, que tiene un valor actual de más de quince millones de pesos. Está en su derecho de gozarla, pero que lo haya puesto a nombre de una empresa en un paraíso fiscal caribeño, sí constituye una irregularidad, quizá ilegalidad. Y, además, acusar a alguien de poseer un bien inmueble en EUA, que es legal, sin admitir que él hizo lo mismo, tiene resabios de hipocresía y calumnia.
Con el afán de sobredimensionar la acusación, muchos medios tampoco tan profesionales ni pudorosos, se han dedicado a repetir la denuncia y a desgarrar sus vestiduras, para incriminar a un Presidente que ha intentado reformar un sistema añejo de corruptelas y expoliaciones: Están defendiendo sus arcaicos cotos de trampas y estafas. El Ejecutivo expuso públicamente la sinrazón del acusador: Le molestó su deshonestidad, pero no valía la pena, pareció imprudente y poco elegante.
Al coro de quejas se sumaron personajes de partidos políticos opositores: Insisten en que una pareja de abogados compró una casa “por miles de dólares”, pero no mencionan que Ricardo Anaya, un ex candidato, ha rentado por años una residencia en Atlanta que vale 585 mil dólares, y ha pagado, entre rentas y otros gastos, unos cuatro y medio millones de pesos anuales (EL IMPARCIAL, 25-08-21), más de lo que ha gastado la pareja acusada. Anaya está en su derecho de alquilar una residencia así. Pero asombra su huida a Atlanta, y no haberse presentado por cinco ocasiones ya, ante el juez que lo citó por la acusación de haber recibido unos siete millones de pesos de parte de Odebrecht para comprar apoyos a la reforma energética de Peña Nieto.