Por Hermann Bellinghausen
— México siempre ha sido un país presidencialista. Con sus altas y sus bajas, el siglo XX lo fue de manera sostenida y hasta escandalosa. El siglo empezó con el hombre fuerte por antonomasia, el dictador Porfirio Díaz. Siguió un periodo muy revuelto, con presidentes mártires y chacales usurpadores, hasta que los generales de Sonora estabilizaron el pulso de la institución presidencial a costa de sacrificar a uno de los suyos, Álvaro Obregón. El Jefe Máximo y primer mexicano fue Plutarco Elías Calles, que siguió al mando después de heredar la banda presidencial a políticos guangos. Hizo falta otro general para defenestrarlo. Lázaro Cárdenas recalentó el proceso revolucionario y sufrió muchas burlas y ataques, pero su autoridad fue grande. Con el tiempo, la historia lo haría el mandatario con mayor autoridad moral del siglo XX.
A partir de ahí, no obstante la Segunda Guerra Mundial, que para México fue incluso favorable, la institución presidencial se blindó a tal grado que los politólogos extranjeros se maravillaban. La combinación de partido de Estado, régimen autoritario, Fuerzas Armadas leales, corporativismo férreo (obreros-campesinos-sectores populares) y un pacto inquebrantable con los grandes capitalistas y los medios de comunicación, permitió a los sucesivos licenciados ser reyes sexenales
, adulados, incontestados, intocables.
Las historias de corrupción fueron parte de la nueva picaresca nacional desde Miguel Alemán, quien perfeccionó los mecanismos para compartir
los beneficios del poder. Se oponían grupos menores de ciudadanos, casi siempre de izquierda; los intelectuales más incómodos, tipo José Revueltas, iban a la cárcel, así como los líderes sindicales desobedientes. Prosperó una derecha de alma cristera y muy escasos pensadores interesantes, una oposición leal encarnada en los panistas que juntaban fascistas, sinarquistas domesticados y demócratas cristianos. Esto, en un país oficialmente ateo y vagamente socialista.
Las protestas de 1968 dejaron intacto el poder central. Luis Echeverría y José López Portillo serían objeto de chistes inagotables, pero siguieron siendo intocables. Miguel de la Madrid, un mandatario relativamente débil, a mediados de su sexenio permitió un sordo golpe de Estado de su propio gabinete, encabezado por Carlos Salinas de Gortari y Manuel Bartlett Díaz. Llegadas las siguientes elecciones, por primera vez no bastaron la magia del tapado
, ni las cargadas
con matracas, ni el manoseo de los sufragios para garantizar la continuidad del partido de Estado. Una sagaz operación fraudulenta salvó a Salinas, y con él llegó una nueva generación de funcionarios, líderes sindicales e intelectuales orgánicos que renovó el pacto con los ricos y les abrió paso al poder político. Juntos uncieron la economía a los designios de Washington y la religión del libre mercado.
El salinato reforzó el presidencialismo, y fue de gane hasta su quinto año. Por uno de esos accidentes de la historia, un levantamiento indígena que pareció minimizable cuarteó gravemente la silla presidencial. 1994 inició la agonía del viejo autoritarismo priísta. Es asesinado el sucesor designado y surge un suplente que, pactando con la derecha partidaria y su candidato, triunfa cómodamente pese a todo.
Las cosas ya no serían igual. Como ningún presidente de la era moderna, Ernesto Zedillo desata una guerra contra sus propios conciudadanos y se vuelve el presidente más asesino en décadas. Atizando pequeñas guerras civiles y grandes masacres de indígenas, termina su periodo con las manos ensangrentadas y debe aceptar la transición democrática
que da la presidencia a un empresario católico de muy escasas luces, durante cuyo mandato las guerras civiles se aplacan, pero crece con rapidez un formidable poder, el crimen organizado.
Será su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, el responsable de institucionalizar una nueva guerra entre y contra los mexicanos, mucho más lucrativa y mortal que la mera contrainsurgencia. Bajo la idea de combatir a los criminales, extiende por el país una militarización hasta entonces sólo efectiva en Chiapas, encierra en sus regiones a los pueblos indígenas en franco ascenso, y debemos a su perversidad y su torpeza que México se volviera una red de cementerios de sangre y fosas y agujeros.
El presidencialismo se resquebraja. Los gobernadores en los estados son presidentitos que administran la nueva correlación de fuerzas con los grupos criminales (secuestro, narcotráfico, violencia indiscriminada). Los saldos de la corrupción se desbocan. Y como Zedillo, Calderón se refugia en los brazos de las Fuerzas Armadas y sus nuevas policías.
En busca de un equilibrio, la democracia
reanuda sus transiciones
y la presidencia vuelve al PRI, con el segundo y definitivo presidente mediático (el primero fue Vicente Fox), de nueva cuenta un hombre torpe y hueco: Enrique Peña Nieto. Todos cuates arriba. La corrupción puede continuar.