Por Patricia Mayorga/Proceso
—El 16 de agosto de 2008 un comando armado asesinó a 12 jóvenes y un bebé en el poblado de Creel, municipio de Bocoyna, Chihuahua. En el décimo aniversario, sus familias exigen justicia por esa primera masacre perpetrada en el país después de que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra al narcotráfico.
Los asistentes a la conmemoración en Creel macharon en silencio desde la parroquia Nuestra Señora de Lourdes hasta la Plaza por la Paz, donde se realizó una misa con 15 sacerdotes, el obispo de la Diócesis de la Tarahumara y el provincial de los jesuitas en México.
Yuriana Armendáriz Galdeán, hermana de Daniel, uno de los jóvenes asesinados, pidió el acompañamiento de la gente y de las autoridades, porque cada año, dijo, es difícil llegar a esta fecha, y reconoció la presencia –todos estos años– del sacerdote jesuita Javier ‘El Pato’ Ávila.
Son 10 largos años en los que, subrayó, han perdido la vida otros familiares en la búsqueda de sus hijos o por enfermedades que se desarrollaron después de aquella tragedia, mientras otros han enfrentado el cáncer y afectaciones emocionales.
A una década de la tragedia que cimbró a la Sierra Tarahumara, el gobierno estatal remodeló la Plaza por la Paz –construida justo en el lugar de la masacre– donde se colocó el memorial de las víctimas con el nombre de cada una de ellas.
“Nunca pensamos salir adelante porque el dolor se había pegado a la piel y el grito se ahogaba en la garganta. Las ofertas aparecieron, pero las verdades nunca. Las promesas se repetían, pero la justicia nunca. Las autoridades dejaban en el aire un tufo dudoso de autenticidad, tal vez por presiones o relaciones dudosas”, soltó el sacerdote Javier Ávila tras recordar que aquel 16 de agosto las horas fueron eternas.
Como cada año, apuntó, “le apostamos a la memoria por más clases de amnesia que buscan darnos. Pretendían borrarlo todo de las historias personales, familiares y comunitarias (…) mantenemos viva la utopía, esa que está allá en el horizonte, como nos recuerda Fernando Birri, y nos impulsa a caminar todos los días”.
A nombre de un colectivo de organizaciones participantes en la conmemoración, la activista Francisca Jiménez Barrientos, directora de la Red por la Participación Ciudadana, dijo que es posible superar el drama social de la ruindad y construir paz y concordia, “porque la sierra sabe levantarse a través del esfuerzo solidario y dignificante”.
“Ni perdón ni olvido”: Corral
El gobernador Javier Corral acompañó la marcha de este jueves y, tras asistir a la misa celebrada en Creel, reconoció que México y el gobierno de Chihuahua tienen una enorme deuda con esa comunidad.
“Estamos ciertos que ningún apoyo será suficiente para aliviar el dolor por el que han atravesado ustedes y sus familias”, señaló.
Añadió: “Nosotros, no tengan dudas, haremos lo que esté en nuestras manos para no fallarles. No tenemos derecho a hacerlo. Nuestro compromiso es indeclinable y se los digo con toda la sinceridad: este gobierno tiene toda la voluntad para atender y escuchar a las víctimas, para nosotros no habrá ni perdón ni olvido”.
Corral asistió a Creel con algunos colaboradores de su gobierno, quienes –subrayó– tienen un gran peso a cuestas.
“Y es que después de años y años de desatención, miles y miles de familiares siguen en la entendible exigencia de verdad, justicia y reparación. Reconozco que México y el gobierno de Chihuahua tienen una enorme deuda y estamos ciertos de que ningún apoyo será suficiente para aliviar el dolor por el que han atravesado ustedes y sus familias”, soltó.
El panista aseguró que su administración trabaja para que las familias en Chihuahua se sientan seguras y para que esos hechos fatídicos no vuelvan a suceder.
Justicia pendiente
En noviembre de 2014 el Tribunal de Juicio Oral resolvió que no había elementos suficientes para declarar culpable a Sandro Gilberto Romero Romero, uno de los pocos hombres detenidos tras su participación en la masacre, y fue absuelto.
Siguen en prisión Luis Raúl Pérez Alvarado, La Chicarrona, sentenciado a 82 años y seis meses de prisión, y José Manuel Saucedo Reyes, ‘La Kila’ o ‘El Lince’, a quien la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) detuvo por acopio de armas, portación de arma de fuego y delincuencia organizada.
Jorge Salvador Villa Cruz fue liberado el 2 de marzo de 2012 con el beneficio de criterio de oportunidad por la información que proporcionó para identificar y detener a otros participantes en los hechos.
La Fiscalía dejó pendientes las órdenes de aprehensión en contra de Óscar Alberto Mancinas Pérez, ‘El Guacho’; Iván Montes González, ‘El Colibrí’ (sobrino de la exprocuradora Patricia González Rodríguez, quien era titular de la dependencia en el momento de los hechos), y Antonio Casavantes Calderón ‘El Malandro’.
Las víctimas de la masacre fueron: Alberto Villalobos Chávez, de 28 años, Juan Carlos Loya Molina (21), Daniel Alejandro Parra Mendoza (20), Alfredo Caro Mendoza (36), Luis Javier Montañez Carrasco (29), Fernando Adán Córdova Galdeán (19), Kristian Loya Ortiz (22), Edgar Alfredo Loya Ochoa (33), Alfredo Horacio Aguirre Orpinel (34), Luis Daniel Armendáriz Galdeán (18), Óscar Felipe Lozano Lozano (19), René Lozano González (17) y Édgar Arnoldo Loya Encinas, de un año.
En 2012, los familiares directos –padres y esposas de los hombres masacrados– recibieron 36 mil pesos por familia como reparación del daño.