Por Francisco Ortiz Pinchetti
— No sorprenden –al menos a mí— las cifras aportadas por SinEmbargo este jueves sobre la concentración del gasto publicitario del Gobierno federal en sólo 10 empresas de comunicación. No sorprenden, pero sí confirman la reiteración de una práctica que casi en los mismos términos se registró en 2019, primer año del Gobierno actual.
Y lo que es peor: tiene el mismo sentido de control de los medios que tanto se criticó al Presidente Enrique Peña Nieto, el promulgador (en mayo de 2018) de la llamada e impugnada Ley Chayote, que no hace más que legitimar el uso discrecional y opaco del gasto publicitario.
La Ley General de Comunicación Social aprobada por el Congreso priista hace dos años y medio, con la que se reglamenta el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, establece que el gasto del Gobierno en publicidad debe observar los criterios de eficiencia, economía, transparencia y honradez, respetando topes presupuestales específicos.
Para ello, dice la norma, se deberá establecer una estrategia anual de comunicación social, la cual será regulada por la Secretaría de Gobernación, es decir la dependencia encargada de la política interior del país será la que planifique los mensajes que se contraten para su difusión en los medios de comunicación.
Sin embargo, deja a la discrecionalidad del Gobierno, ahora más concretamente de la Presidencia de la República, el reparto del costal publicitario que efectivamente, eso sí, se ha reducido a menos de la mitad, en cumplimento a lo ofrecido por Andrés Manuel en su toma de posesión.
En realidad, lo que hace esa Ley (que más certeramente sería llamarle de la zanahoria y el garrote) es legitimar la práctica corrupta de comprar o recompensar la incondicionalidad de los medios de comunicación favorecidos al Gobierno en turno. Es decir, es avalar el “¿te pago para que me pegues?” del Presidente José López Portillo para justificar sus represalias contra el semanario Proceso, en 1982.
Nada ha cambiado.
De acuerdo con los datos de comunicación social de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dados a conocer en este portal por la reportera Daniela Barragán, 10 medios concentran el 42 por ciento del gasto ejercido al mes de octubre. Los medios que lideran la lista son TV Azteca, Televisa, La Jornada, Radio Fórmula y Organización Editorial Acuario, que en realidad es el Grupo Cantón de Tabasco, la tierra del Presidente.
Esa revisión hecha muestra que hasta el corte preliminar de octubre, las dependencias federales han gastado 623 millones 710 mil 408 pesos, de los cuales 10 medios han recibido 268 millones 097 mil 535 pesos.
Como en el pasado, precisa la nota, las dos grandes televisoras siguen a la cabeza de la lista. TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, ha recibido 73 millones 352 mil 502 pesos y Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, 71 millones 222 mil 484 pesos. Tan solo esas dos empresas tienen el 23 por ciento del gasto de 10 meses del 2020.
Y hay que recordar que, adicionalmente, el Presidente López Obrador canceló en abril pasado los llamados tiempos oficiales, como un regalo extraordinario para las televisoras, que ya no tienen la obligación de transmitir, en un porcentaje de su tiempo, mensajes o propaganda gubernamental sin costo. Ahora todo se paga.
En la lista de medios privilegiados siguen el diario La Jornada, con 46 millones 145 mil 332 pesos; Radio Fórmula, con 26 millones 349 mil 114; Organización Editorial Acuario (Grupo Cantón), con 11 millones 618 mil 485; Excélsior, con 10 millones 802 mil 393; Milenio, con 7 millones 945mil 647; El Universal, con 7 millones 90 mil 188; Centro Cultural Nuestra América, 6 millones 922 mil 503, y Edición y Publicidad de Medios de los Estados, 6 millones 648 mil 887 pesos.
Cabe subrayar que, como lo apunta la nota, son apenas datos preliminares hasta el mes de octubre y que al cierre del ejercicio suelen aumentar considerablemente.
Es claro que entre los criterios de asignación de recursos publicitarios no está ni la circulación, ni la penetración de los medios beneficiados, sino la decisión de beneficiar a unos con la zanahoria mientras a otras se castiga con el garrote. El perfil y el comportamiento editorial de dichos medios confirman plenamente el amarre.
Nada ha cambiado.
Ante esta evidencia, es claro que el discurso presidencial de respeto a la libertad de expresión, aliento al derecho a la información y distribución equitativa, justa, transparente y no discrecional del gasto publicitario no tiene sustento en los hechos. Válgame.
DE LA LIBRE-TA
INSENSATECES. Tiene razón el Presidente al considerar que es insensato afirmar que el aumento de 15 por ciento al salario mínimo para 2021 –sumidos casualmente en la peor crisis de 90 años– afectará la economía y que es exagerado señalar que provocará la quiebra de muchas empresas. Puras pamplinas. Igual de insensatos son aquellos que piensan que dicho aumento salarial (sugerido por el propio mandatario y acatado puntualmente por la Comisión respectiva) que entrará en vigor el próximo 1 de enero, tiene un sentido electorero. ¡Pamplinas, insensatos!
@fopinchetti