Por Jaime García Chávez | Sin Embargo
El asombro político en México dejó de existir porque está presente todos los días, en las cosas importantes y en las que no lo son. La Presidenta Claudia Sheinbaum, extrañamente, es morenista “con licencia”, cualquier cosa que esto signifique. Siguió los pasos, como en tantas cosas, de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, fundador de ese gelatinoso ente que transita, a conveniencia, entre partido político y movimiento.
En las pocas democracias que aún perviven, y también en las que están en proceso de desaparecer en el mundo, los políticos que alcanzan cargos, parlamentarios o ejecutivos, siguen mostrándose como miembros del partido que los ungió. Ni les da vergüenza ni ocultan su origen, mucho menos ponen una distancia hacia el partido, que es algo inverosímil. ¿Quién puede creer que la Presidenta de México no pertenece a MORENA?, ¿o qué autonomía relativa tiene para operar desde afuera en las decisiones internas? A mi modo de ver, ninguna, porque lo que está en presencia hoy es un presidencialismo exacerbado, que daña los equilibrios y contrapesos indispensables en el funcionamiento estatal y sus relaciones con la sociedad.
En estas circunstancias, y echando por delante su licencia partidaria, Claudia Sheinbaum hizo un pronunciamiento en torno a los afiliados de MORENA que han adelantado sus ambiciones de ocupar cargos ejecutivos en futuras elecciones, como es el caso de Chihuahua, que ha cobrado notoriedad por los excesos de una pretendiente a la gubernatura del estado.
Dice la presidenta que “hay tiempos y hay ética”, pero eso que puede ser un pronunciamiento con impacto al interior de su partido, sería innecesario si se respetaran las autonomías de los organismos electorales, que se han eclipsado, particularmente si hubiera respeto por la Ley, cosa que obliga en mayor proporción a quien ocupa un cargo público al alimón de que busca otro.
Esa debiera ser la divisa y la aplicación rigurosa de la Ley para todos los políticos que ambicionan nuevos cargos, sobre todo los partidos políticos que, no se debe olvidar, son entes de interés público y que para existir reciben subsidios fiscales exorbitantes.
El tema es delicado porque tiene que ver con lo que entendemos por “régimen político”, formalmente democrático pero en vías de pasar a otro en el que el autoritarismo y la centralización cobrarán una importancia que trastocará, sin duda, la construcción y consolidación de un sistema democrático largamente añorado pero prorrogado sistemáticamente.
Por “régimen político” se entiende, y prácticamente es una convención entre los científicos políticos, que se trata del haz y conjunto institucional que norma la lucha por el poder, su ejercicio mismo y, de manera destacada, lo que tiene que ver con la axiología y los valores que alienta u obstaculiza la vida de los órganos estatales. Si así es, lo lógico y obligado es que todos se ciñan a las leyes vigentes y no las defrauden aparentando que las cumplen y en esencia las violenten.
Es un fenómeno que corre diagonalmente por todos los partidos; no hay uno en México que hoy se salve de este pecado, ni normatividad institucional que lo obligue y apremie. Pongo un ejemplo, que es el de Chihuahua:
A una distancia de prácticamente dos años de la elección constitucional de Gobernador o Gobernadora, ya tenemos encima el despliegue de una campaña “formal” entre los principales bloques partidarios; de un lado MORENA, del otro el PAN, obviamente que ambos con sus respectivos partidos satélites. Están pasando por alto la Ley, los procesos internos que los partidos disponen para sí y en los que están involucrados los derechos de las militancias, hoy reducidas a meros espectadores y servidumbres cautivas de decisiones cupulares, sin que haya INE ni Ople que los contenga para que dejen de violentar las leyes que los obligan.
Pero no sólo eso, la lucha es tan enconada por ganar la gubernatura que todos los pretendientes, de todos los partidos, se publicitan en todos los municipios sin explicar ni rendir cuentas de cómo sufragan ese gasto, que no es menor. Entonces, cabe preguntarse para qué tiempos, para qué topes de campaña, para qué leyes, si lo que está en curso son decisiones políticas que excluyen al Estado de derecho y a la sociedad misma y sus ciudadanos.
Algunos dicen, “es que es política, no un asunto jurídico”, mostrando miseria y pobreza intelectual para reconocerle al derecho el papel primordial para que las contradicciones en el sistema democrático, incluyendo las que se dan por el poder, se canalicen conforme a la convención que está plasmada en las propias leyes.
La Presidenta con “licencia partidaria” ha prometido que enviará una carta a su partido sobre esta materia, cuando lo más sencillo es que los exhorte a algo profundamente válido: que cumplan y acaten las leyes.
Hay una idea de que los partidos deben prefigurar la sociedad que buscan. En este caso, si el exhorto de Sheinbaum es por la ética, quiere decir que en MORENA los pretendientes del poder carecen de la misma. Aparte, la Presidenta se expone a que simple y llanamente no la atiendan con la consecuencia debida, y cuanto esto sucede lo que deviene es un deterioro de su poder, infligido por sus propios militantes, y más que estos, los caciques del mismo, que ya no están dispuestos a ceder sus parcelas de poder.
Tengo la percepción de que a MORENA sus contradicciones internas y las ambiciones desmedidas terminarán por consumirla. No se asombren.
