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Grupos civiles exigen al Estado mexicano sanción contra mina de Urique; hallan otros 3 cadáveres

Organizaciones civiles de Chihuahua lanzaron una exigencia al Estado mexicano para que se realice una auditoría ambiental a la empresa minera, que se sancione a los responsables del siniestro y que se remedie el daño ecológico lo antes posible.

Por Sugeyry Gándara/SinEmbargo

Urique—Tres cuerpos sin vida fueron localizados por brigadistas que participan en la búsqueda de las seis personas desaparecidas tras el colapso de la presa de jale en la Mina Río Tinto, informaron pobladores de la Cieneguita, municipio de Urique, Chihuahua.

Los tres cadáveres se encuentran en un punto de muy difícil acceso, por eso están a la espera de una aeronave para rescatarlos, de acuerdo a información brindada a SinEmbargo por un funcionario de la localidad que pidió resguardar su identidad.

“Los cuerpos están en el cauce del arroyo de desechos: No sé a cuántos kilómetros pero muy abajo. Es muy difícil llegar a ellos porque hay mucho desecho”, explicó.

El poblador detalló que en el área donde yacen los cadáveres se formó un depósito de agua debido a que ayer llovió en la región. Además, las laderas de ese terreno no son accesibles.

“Ahí se hizo como una especie de laguna pequeña. Los cuerpos, según el reporte, están flotando. Se está buscando un helicóptero para poder descender con escaleras o arneses y rescatarlos”, abundó el entrevistado.

Por otra parte, la lluvia registrada provocó que un pequeño hilo de desechos llegara hasta el Río de Tubares, señaló la fuente, pero personal de Gobierno del estado intervino de inmediato para evitar la contaminación río.

El Gobierno de Chihuahua solo ha confirmado, hasta el momento, una persona sin vida, “el cual no ha sido identificado”, declaró el coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón, según un boletín emitido por esa dependencia.

Las autoridades estatales continúan con el análisis forense del cuerpo en la Fiscalía Zona Occidente, ubicada en Ciudad Cuauhtémoc.

DEMANDAN CASTIGO

Organizaciones civiles de Chihuahua lanzaron una exigencia al Estado mexicano para que se realice una auditoría ambiental a la empresa minera, que se sancione a los responsables del siniestro y que se remedie el daño ecológico lo antes posible.

“Los grandes grupos mineros despojan de la tierra a sus propietarios y posesionarios (sobre todo indígenas y ejidatarios), contaminan los mantos acuíferos, modifican agresivamente el paisaje, producen montañas de residuos que contaminan la tierra y el aire con el sistema de explotación a tajo abierto y la lixiviación por cianuración del mineral”, señala un comunicado emitido por la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara (REDETI).

De acuerdo a datos proporcionados por la organización civil, en el Estado de Chihuahua existen actualmente 4 mil 149 títulos que abarcan 3 millones 487 mil 514 hectáreas, 17 asignaciones mineras con una superficie de 3 millones 162 mil 990 has. y 9 zonas de reservas con 11 mil 120 hectáreas. Los municipios con mayor número de concesiones trabajando son: Ocampo yUrique con 7 y Guadalupe y Calvo con 5, mientras que Batopilas, Chínipas, Maguarichi y Uruachi solo tienen una.

“En el Estado existen 64 compañías con proyectos en exploración, 80 por ciento de ellas canadienses. Su producción es millonaria (27 mil 270 millones de pesos fue el valor de la producción minera en el 2014), por lo que hay grandes intereses por encima de vidas humanas y la importancia ecológica de la Sierra Tarahumara” destaca la red civil.

Los colectivos de apoyo a pueblos y comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara demandaron a las autoridades que se realice una auditoría ambiental a la empresa minera responsable, misma que debe resarcir los daños que su actividad ha originado en la zona; se revisen los estudios de impacto ambiental presentados por la misma y que ellos estén en orden en cuanto a tiempo y forma de operación.

También demandan que el Gobierno Federal, como el Gobierno del Estado de Chihuahua expulsen a las empresas “ecocidas y homicidas”; que se les multe por violar la ley; que reparen los daños y ofrezcan una disculpa pública, así como la destitución y sanciones a los funcionarios federales y estatales responsables que no hayan cumplieron con la ley ni hicieron que se cumpliera.

“A simple vista, evidentemente, ahí hay un descuido, una negligencia; pero ya será el dictamen técnico, las autoridades correspondientes quienes lo determinen”, señaló ayer el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, sobre el siniestro.

Cuestionado sobre el impacto ambiental, el mandatario estatal descartó que existan daños considerables en los ríos que cruzan en las cercanías de la mina: “Personalmente pude confirmar hasta dónde llegaron los lodos: están a 10 kilómetros del Río Tubares y está a doce kilómetros del Río Ubique, entonces no tenemos problemas, o tenemos el riesgo de una contaminación del río”, dijo.

Y agregó que giró instrucciones para la construcción de un muro de contención para “que no corra ninguna riesgo de carácter ambiental”.

A su vez, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que su personal ya se trasladó para hacer una inspección en materia de residuos peligrosos por el derrame de jales mineros al interior de la mina La Cieneguita.

Según la dependencia, personal de la empresa Minera Río Tinto S.A. de C.V. manifestó que las sustancias derramadas no son peligrosas, pero que se harán los análisis de laboratorio correspondientes.

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