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El fin de la impunidad

Por John M. Ackerman

— Salvador Cienfuegos en la cárcel y Felipe Calderón sin partido. Ninguno de los dos acontecimientos son resultados de la acción directa de Andrés Manuel López Obrador, pero ambos son, sin duda, productos del contundente avance de la Cuarta Transformación.

Antes, la principal preocupación del Presidente de la República era la negociación constante de privilegios y protecciones para sus cómplices y socios. Si el titular del Poder Ejecutivo hoy fuese José Antonio Meade o Ricardo Anaya cualquiera de ellos hubiera utilizado estos casos claves para avanzar con sus proyectos personales. Después de un intenso proceso de extorsión a los involucrados y de presión hacia las instituciones correspondientes, Calderón tendría su partido y Cienfuegos estaría libre.

En contraste, el absoluto respeto de López Obrador por la autonomía de los órganos de justicia, en México y Estados Unidos, permitió que tanto la DEA como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actuaran con plena libertad en favor de la vigencia del estado de derecho. La contundente negativa de López Obrador a seguir la vieja práctica de obstaculizar la justicia significa un auténtico parteaguas en el devenir de la nación.

López Obrador supo que el gobierno de Estados Unidos preparaba un golpe en contra del ex secretario de la Defensa Nacional. Tal como informó el mismo Presidente de la República en la conferencia de prensa matutina del pasado viernes, la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, le había reportado unos 15 días antes de la detención sobre la existencia de las investigaciones de la DEA.

A partir de recibir esta información privilegiada Meade o Anaya habrían salido corriendo a avisar a Cienfuegos y el ex secretario jamás habría tomado aquel fatídico vuelo a Los Ángeles con su familia. Al contrario, el ex titular de la Defensa Nacional hoy estaría en un vuelo a Guatemala, España o Irlanda, siguiendo el ejemplo de otros personajes del viejo régimen, como Javier Duarte, Emilio Lozoya y el mismo Carlos Salinas. Para cobrar su favor, Meade o Anaya también habrían exigido que se les otorgara un par de contratos multimillonarios desde Sedena a sus amigos con el fin de juntar fondos para comprar votos en la próxima elección.

Un presidente del PRIAN también habría entrado al juego de Washington, que siempre busca sacar raja política de este tipo de casos. Al norte del río Bravo, la negociación de la ley es práctica cotidiana y la DEA, sin duda, habría preferido llegar a un trato con el gobierno de México, intercambiando impunidad para Cienfuegos por permisos para operar plenamente dentro del territorio nacional. Siguiendo precisamente este camino, Calderón, Enrique Peña Nieto y los presidentes del pasado iban cediendo cada vez más terreno a Estados Unidos, sacrificando la soberanía nacional a cambio de protección para sus amigos.

Pero hoy se acabaron los tratos oscuros y el resultado se encuentra a los ojos de todos. No solamente Cienfuegos, sino también Genaro García Luna, César Duarte y el mismo Joaquín Guzmán Loera se encuentran tras las rejas y la soberanía nacional goza de cabal salud.

La decisión de ratificar la negativa al registro de México Libre también demuestra que México ya cambió. La sala superior del TEPJF está repleta de agentes de Calderón y Peña Nieto que deben sus nombramientos a los senadores de PRI y PAN. Un presidente Meade o Anaya podría haber garantizado el registro del partido del ex presidente con una simple llamada telefónica. Solamente hacía falta voltear un solo magistrado para contar con una mayoría de cuatro votos.

Pero la plena independencia de López Obrador de las redes de complicidad del pasado, así como su respeto por la autonomía del tribunal electoral, permitió que una mayoría de los magistrados decidieran libremente hacer valer la ley, tal y como sugerimos en estas mismas páginas (https://bit.ly/2FIkSe8). Una vez más, la negativa de López Obrador a entrar en negociaciones turbias garantizó la vigencia de la justicia y el interés público.

Ahora bien, responden a un contexto similar tanto la resolución de la Suprema Corte en favor de la consulta popular sobre los crímenes y corruptelas de los ex presidentes como la votación de la Cámara de Diputados en pro de la desaparición de 109 fideicomisos.

Todos estos acontecimientos no significan que López Obrador esté ejerciendo un poder dictatorial sobre los otros poderes del Estado mexicano, o sobre las agencias de seguridad de Estados Unidos, sino todo lo contrario. Con el avance de la Cuarta Transformación las diferentes instituciones públicas cada día cuentan con mayor fortaleza y libertad de acción frente a los poderes fácticos y las redes de complicidad que antes obstaculizaban el avance del estado de derecho.

Se confirma una vez más que hoy se vive un auténtico proceso de cambio histórico de la República.

www.johnackerman.mx

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