Por Patricia Mayorga/Proceso
— Chihuahua- José Antonio Montes Enríquez, integrante de la comunidad indígena Bosques San Elías Repechique, del municipio de Bocoyna, fue asesinado el 6 de junio pasado, por lo que sus compañeros exigen que el crimen se resuelva de inmediato, ya que el agresor está identificado.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, ya hay una orden de aprehensión librada en contra del presunto homicida de José Antonio, quien fue asesinado en la salida del lado de Arareko, de Creel, en el mismo municipio de Bocoyna, alrededor de las 20:40 horas.
Agentes de la Agencia Estatal de Investigación se hicieron cargo de atender el crimen y Servicios Periciales se hizo cargo de la escena, así como del levantamiento del cuerpo.
El parte informativo indica que el domicilio de la víctima es en la comunidad Los Manzanos, del mismo municipio de Bocoyna, ubicado en la Sierra Tarahumara.
Según la información que hasta ahora tiene la gente cercana a Antonio Montes y que pidieron confidencialidad, Antonio, otro hombre y una mujer se encontraban en el lago de Arareko, cuando los dos hombres discutieron por una camioneta y se hicieron de golpes. Cuando Antonio cayó al suelo, su agresor levantó una piedra de unos 6 kilos y se la dejó caer en la cabeza. Murió de manera instantánea.
El presunto homicida, quien tiene 27 años y está plenamente identificado, es cercano a Antonio Montes, quien tenía 43 años de edad.
Los conflictos en Bosques San Elías Repechique
Hace dos semanas, llegaron a la comunidad de Bosques San Elías Repechique unas cuatro camionetas de la Fiscalía General del Estado para detener una obra de construcción de un taller de costura que estaría a cargo de un grupo de mujeres indígenas de la comunidad, dio a conocer Diana Villalobos, titular de Consultoría Técnica Comuntiaria (Contec), organización que ha asesorado legalmente a la comunidad.
Los agentes actuaron de inmediato, cuando el empresario Fernando Cuesta denunció que esa comunidad es su propiedad. La gente de Bosques San Elías Repechique ha peleado el reconocimiento ancestral de ese territorio, que como en muchas otras comunidades indígenas del país, no cuentan con escrituras y particulares han violado sus derechos sistemáticamente.
Mónica Gretel Ruiz Anchondo, quien se ha identificado como apoderada legal de la comunidad, informó en su perfil de Facebook que Antonio Montes organizaba otra manifestación, días antes de su asesinato, el cual calificó como crimen de Estado.
A Ruiz Anchondo no toda la comunidad de Bosques San Elías Repechique la reconoce como apoderada legal, pues argumentan que no pueden tener una apoderada a falta de documentos de las tierras.
El juez Octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, reconoció en el año 2014, la pertenencia ancestral de ese territorio a la comunidad indígena, cuando ganaron un el amparo 422/2014 contra la construcción del aeropuerto regional de Creel, porque no los consultaron y afectaron sus tierras, manantiales y veredas.
Para fines de documentación del amparo, el juez indicó en la resolución del amparo que georreferenciaron el polígono que abarca 11 mil 300 hectáreas que reclaman como su territorio, lo que lo llevó “a estudiar y actualizarme en los convenios internacionales y protocolos de la SCJN”.
La comunidad fue reconocida como sujeta de derecho y afirmó su interés jurídico y legítimo para realizar cualquier procedimiento judicial que su interés convenga. Eso les permitió tener una sentencia a su favor y obtener el pago de 65 millones de pesos de indemnización por los daños causados por la obra del aeropuerto.
El litigio para obtener los papeles que les da ese reconocimiento aún no termina, y el proceso se encuentra a cargo del juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua.
El amparo fue ganado en el gobierno del exgobernador César Duarte Jáquez, que se resistió a reconocer y entregar el dinero del fideicomiso hasta el final. Fue al inicio del gobierno de Javier Corral Jurado, que se formó un comité para dar seguimiento a ese fideicomiso para pagarse en partes hasta el 2021. Cada año se recibirían 8 millones de pesos y el último 12 millones.
Sin embargo, desde que entró el dinero a la comunidad, ésta ha enfrentado una serie de obstáculos políticos, otro tipo de violaciones a sus derechos y disputas entre los mismos integrantes o de otras comunidades aledañas.
Contec es la organización que los ha asesorado jurídicamente en el proceso del aeropuerto, contra el paso del gasoducto que pasaría por su comunidad y que impidieron también por la vía jurídica, así como por la tala indiscriminada e ilegal de su bosque.
Quien era directora de Contec, María Teresa Guerrero Olivares, fue nombrada titular de la Comisión Estatal para la Atención de los Pueblos Indígenas en el gobierno de Javier Corral y dejó la organización.
En el gobierno de Duarte, cuando la comunidad libró varios obstáculos por el amparo y agresiones por el amparo que interpusieron contra el aeropuerto, ya que afectó muchos intereses económicos, hubo otras comunidades como San Elías Repechique (otra diferente a Bosques San Elías Repechique) y Río Otero, que estuvieron en contra del amparo porque decían que también ellos también se podrían beneficiar del desarrollo que les llevaría el aeropuerto en Creel.
Entre los opositores al amparo contra el aeropuerto se encontraba con otros más, Enoel Carrasco Jordán, de la comunidad Río Otero e integrante del Gran Consejo Supremo de la Sierra Tarahumara.
En 12 de mayo de 2015, el juez Cuenca Zamora recibió un oficio en el que supuestamente Nicolás Sánchez Torres, quien era gobernador de la comunidad Bosques San Elías Repechique y otros tres de comunidades le informaron que fueron consultados por el gobierno estatal para que continuara la construcción del aeropuerto. Pero la firma de Nicolás Sánchez fue falsificada y así lo constató el mismo juez.
El 24 de mayo, en Bosques San Elías Repechique, se reunieron las cuatro comunidades para aclarar el problema y compartir sus desacuerdos. En asamblea, evidenciaron que usaron a las comunidades para beneficiar al gobierno a través de Enoel Carrasco Jordán, quien en ese entonces era secretario de organización y desarrollo del Gran Consejo Supremo. Apro estuvo presente en esa asamblea.
Cuando trataron el tema de la firma falsificada, comprobaron que Nicolás Sánchez no tiene rúbrica, y con su huella digital es como ha documentó sus declaraciones ante el juez.
Enoel Carrasco previamente organizó manifestaciones en contra de dicho amparo, cuando el gobierno estatal hacía lo posible para operar el aeropuerto. Los trabajos continuaron a pesar del amparo ganado, pero requerían echarlo abajo para poder operar sin problema.
En la asamblea, Enoel negó la falsificación de la firma, pero le demostraron con el documento avalado por el Gran Consejo Supremo, que ahí estaba plasmada una firma que no correspondía a Nicolás Sánchez, quien también se defendió. Anunciaron que llevarían el caso ante un abogado, pero finalmente desistieron porque ya habían hecho justicia rarámuri, cuando Enoel Carrasco reconoció.
“Fuimos (al juzgado) a aclarar irregularidades para evitar problemas con Repechique, que reconozca la situación de todas las comunidades que han manifestado las irregularidades en ese juicio de amparo, porque ese juez no sabe ni lo que estaba resolviendo, porque ganaron el amparo cuando no está reconocida la comunidad”.
Sin embargo, las demás comunidades le reprocharon que no ayudaba a las comunidades y sólo las utilizaba para otros fines. El 28 de mayo de 2015, Enoel Carrasco acudió de nuevo ante el juez para indicarle que en el escrito anterior se había incluido el nombre del gobernador indígena Nicolás Sánchez, porque él había dicho que estaba de acuerdo, pero no firmó en ese momento porque estaba amenazado. Nicolás Sánchez lo negó.
Antonio Montes tomó parte activa en las protestas con Bosques San Elías Repechique, una vez que ganaron el amparo. Fue vocero de la comunidad en algunos momentos y tesorero del fideicomiso por parte de la comunidad.
Enoel Carrasco y otros líderes han organizado manifestaciones en diferentes ocasiones para exigir parte del fideicomiso y han exigido la renuncia de María Teresa Guerrero. El argumento de Contec y de la funcionaria ha sido que Bosques San Elías Repechique es la comunidad que promovió el amparo y el fideicomiso está etiquetado para obras comunales que favorecen e la región.
El acuerdo para el fideicomiso inicialmente es que se usaría para necesidades de la comunidad y para su cultura. Hicieron un salón de usos múltiples, intentaron hacer un taller de costura para las mujeres, lo destinarían además para procesos de auditoría comunitaria en materia ambiental y, a futuro, acondicionar casas de salud, una tienda de abarrotes, desarrollar mecanismos de captación de agua, para la restauración del bosque y reacomodamiento comunitario.
Otra disputa se dio al interior de la comunidad, cuando algunos de ellos, incluido Antonio Montes, reclamaron el dinero en efectivo para la comunidad. Algunos no estaban de acuerdo porque ya se había acordado la forma de pago y de aplicación. Montes Enríquez participó en manifestaciones por el mal manejo de fideicomiso y para que se entregara el dinero, según los mismos compañeros.
Mónica Gretel Ruiz Anchondo dio a conocer en la red social que María Teresa Guerrero siempre ha acosado y maltratado a la comunidad y que el gobierno estatal se negó a hablar con ellos para llegar a un punto de acuerdo, que tomarían las instalaciones del aeropuerto para reclamar el acceso al fondo del fideicomiso, así como lo había anunciado Antonio Montes.
Contec exigió el pronto esclarecimiento del homicidio, por el bien de la comunidad de Bosques San Elías Repechique.