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El agua salada de Anapra, en Juárez: herencia de Patricio Martínez

Por Carlos Mario Alvarado

— La decisión del gobierno del Estado de Chihuahua de perforar pozos para agua potable en la Colonia ANAPRA, una de las zonas de mayor marginación de Ciudad Juárez, a sabiendas de que el agua no era apta para consumo humano, tiene consecuencias a 15 años de distancia.

Un grupo de vecinos se quejaron de que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento viola el derecho de acceso al agua, a la alimentación y a la salud de cerca de 4 mil 500 usuarios, y la cobra como si el líquido  fuera potable; ante ello, la Comisión Estatal de los derechos Humanos emitió la recomendación 45/2019 [1].

El organismo autónomo, después de contar con las evidencias de laboratorio, así como de realizar consultas  a la población, emitió cuatro puntos resolutorios: uno, iniciar una investigación administrativa a los funcionarios involucrados; dos, reparar el daño causado a las víctimas; tres, inscribir a éstos en el registro estatal de víctimas; y cuatro, tomar medidas de no repetición.

De la versión pública de la recomendación, la autoridad sostuvo cumplir con la norma mexicana relativa al agua potable suministrada a 4 mil 500 usuarios, a través de las tuberías, procedente de ocho pozos profundos ubicados a ocho kilómetros de distancia, pero reconoció que debido a la salinidad de ésta:

“la dependencia cuenta, en beneficio del área, con 5 casetas repartidoras de agua purificada a través del sistema de ósmosis inversa, con las siguientes ubicaciones: una en “A6”, otra en “A7”, otra más en “A8”, otra en la esquina de “A9” y la última en la esquina de “A10”, mismas que proporcionan de forma gratuita hasta dos garrafones de veinte litros, diariamente a los usuarios.”

La decisión de perforar pozos en esta zona de Ciudad Juárez fue un asunto polémico hace dos décadas, cuando en el año 2000, las autoridades municipales, a sabiendas de que era imposible extraer agua potable para los nuevos asentamientos humanos, iniciaron pláticas con autoridades de Sunland Park, Nuevo México para formalizar la compra de agua para el reparto de ésta por medio de cisternas.

Sin embargo, el entonces gobernador del Estado, Patricio Martínez García, y Horacio Almazán Galache, entonces Presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, se opusieron a ese acuerdo, bajo el argumento de que existía agua en esa zona, por lo que los trabajos de perforación de pozos en zona salitrosa se iniciaron en el 2000 para surtir de agua, aunque ésta no fuera apta para consumo humano.

En ese entonces, Martínez García aseguró que el gobierno era capaz de resolver sus problemas, y que en caso de ser necesario, se instalaría una planta desalinizadora para garantizar que el agua cumpliera con la norma oficial mexicana. Sin embargo la planta jamás se construyó.

Este conflicto entre las autoridades municipales y estatales –entre la administración patricista y las autoridades panistas– se avivó más en tiempos electorales, cuando la zona de Anapra recibiera por primera vez agua entubada.

Tal y como lo señalaron las crónicas periodísticas, vecinos de Anapra, que por primera vez gozaban de tal servicio, estaban agradecidos, ya que la mayor parte del líquido se utilizaba para saneamiento del hogar, lavado de ropa, de personas. 

Esta solución temporal partidista, fue permanente durante 15 años hasta que un grupo de vecinos exigió a las autoridades estatales cumplir con sus obligaciones constitucionales de velar por los derechos de las personas.

La recomendación de la CEDH de Chihuahua 45/2019 a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, pone en evidencia, que el acceso al agua potable “en forma suficiente, salubre, aceptable” como un derecho humano, no es garantizado a plenitud, especialmente en la distribución de agua a las zonas más pobres de cada región.


[1]http://www.cedhchihuahua.org.mx/portal/Recomendaciones/2019/rec-45.pdf

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"Oserí", es una palabra en idioma rarámuri que significa: Escrito. ------Chihuahua, México -2019 Editor responsable: Francisco Xavier Ortiz
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