Por Ernesto Camou Healy
— Este viernes, en la comparecencia mañanera correspondiente, Andrés Manuel López Obrador explicó el mecanismo para la así llamada “rifa del avión presidencial,” que en realidad no concierne directamente a la aeronave: Se trata de un sorteo que rifará entre seis millones de números un total de 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.
De inmediato surge la pregunta por el avión, y la respuesta es que el producto de la rifa se dedicará, una vez pagados los premios, a subsanar el mantenimiento del aeroplano por dos años, mientras se vende, y pagar los avalúos realizados para que dichas operaciones se hagan de la forma correcta. Se trata de un mecanismo ingenioso para apoyar el proceso de comercialización, y obtener algo de efectivo mientras tanto, para auxiliar al sector de salud en las regiones más necesitadas.
La rifa tendrá lugar el 15 de septiembre y se espera conseguir unos tres mil millones de pesos que se destinarán, dos mil a los premios, y el resto para los gastos del avión mientras se vende. De esta manera el Gobierno logra capitalizar el interés que ha generado lo que se designó como “la rifa,” para evitar más gastos y lograr una ganancia no pequeña que se canalizará a los hospitales y clínicas que más lo necesiten.
A la perorata de muchos que insisten en propalar rumores, quedó claro que el aparato lo compró Banobras y se lo arrendó a la Secretaría de la Defensa: Es falso que haya otro dueño y menos aún que esté prohibido rifarlo o venderlo. Por otra parte, sí es cierto que se deben adecuar ciertos reglamentos que permitan y hagan legales este tipo de operaciones, y ya se han introducido a la Cámara de Diputados, se mencionó, las iniciativas que soporten legítimamente los mecanismos de enajenación de este tipo de bienes.
En esta ocasión va a intervenir el Instituto para devolver al pueblo lo robado -nombre sin eufemismos de un organismo gubernamental cuyo objetivo es transparentar y administrar lo que se expropia a los delincuentes, narcos o de cuello blanco-, en beneficio de la comunidad nacional, en particular los más necesitados -que va a aportar el monto de los premios, los 100 de 20 millones, para dar seguridad a los participantes, con lo que se conseguirá destinar las dos terceras partes de lo obtenido a la salud de los mexicanos.
Con esta maniobra, el Gobierno logra aprovechar el interés y el revuelo que suscitó la noticia de la rifa del avión, para hacerse de recursos, mantener su compromiso de mejorar las condiciones de salubridad de las mayorías en pobreza, y hacer menos oneroso el conservar el dichoso aparato mientras se concluye el proceso de comercialización del mismo.
Es una estrategia de mercadotecnia que parece eficaz, y es también un experimento para evaluar el apoyo al Gobierno actual: Si se venden los boletos en tiempo y forma, se comprobará que una porción importante de la clase media mexicana está dispuesta a sostener el esfuerzo para vender la aeronave y mejorar la suerte de los más necesitados.
En la misma “mañanera” se habló de la posibilidad de que este tipo de tómbola se utilice en procesos futuros para enajenar otros acervos propiedad del Gobierno que fueron adquiridos en sexenios anteriores, como es el caso de los más de 150 aviones o helicópteros, bienes inmuebles y otras chucherías que se destinaban, putativamente, a mejorar la “eficacia” en el desempeño de los funcionarios, pero que más bien se usaban para concederles privilegios y alejarlos de la población a la que decían servir.
En unas semanas comenzará la venta de los boletos. Vale la pena mercar un cachito, nos gusta jugar con el azar, que pagará tres veces más que los de la Lotería Nacional, y cuya recompensa será una bonita suma en pesos, y no un Boing 787-8 que, seguro, no cabe en la cochera.