Impericia

Por Lilia Cisneros Luján

— Independientemente de la excusa que se argumente para justificar errores como el que están padeciendo miles de ciudadanos que de pronto advierten que su CURP es inexistente o diverso al que han usado por décadas, lo cierto es que estamos ante un nuevo caso de incompetencia de los nuevos gobernantes. Frente a verdaderas tragedias como la muerte del “seguro popular” y el nacimiento prematuro –ni siquiera estaba completamente desarrollado antes de ver la luz- del INSABI[1] o los auténticos Frankenstein que se producen en un poder legislativo donde la mayoría carece de pericia –jurídica, social y política- ni la broma de rifar un avión o reusar el tepetate del aeropuerto cancelado en Texcoco para rellenar Santa Lucía, le restan grados de torpeza a quienes han recomendado tales acciones y peor aun a sus ejecutores.

Son muchos los ciudadanos que han lidiado con algún plomero súper recomendado, al cual se le pidió arreglar la fuga de un baño que estaba por inundar su sala. ¿Le dijeron que no aceptaban trabajos de urgencia porque se manejaban por agenda? Tal vez Usted fue un suertudo al cual le respondió alguien que si era ducho en emergencias y debido a ello se vio en la opción de elegir entre dos o tres plomeros quien le parecía mejor, descartando por supuesto al que le parecía corrupto pues el monto presupuestado era más caro que si decidiera construir un nuevo baño. ¿Cómo le fue con el que eligió? ¿Tenía la preparación debida para localizar la fuga y ponerle remedio? ¿Por demostrar que era más hábil que usted y luego de argumentar[2] con cierta lógica en lugar de escarbar donde usted le sugería, decidió abrir una zanja a lo largo de todo el piso? Cuando finalmente se localizó la fuga justo donde usted suponía que estaba, ¿le salió con que el precio había aumentado porque él trabajó de más? ¿Le dio toda una basta explicación de porque el anterior había realizado mal el trabajo que ahora debía componerse?

Seguramente un buen número de mis lectores, han tenido una experiencia similar, con albañiles, electricistas, pintores, asistentes del hogar, tintorerías establecidas, empleados de empresas de telefonía móvil y hasta asesores en planeación empresarial ¿Qué puede usted hacer para defenderse de este hervidero mediocre cuya insuficiencia de oficio y de profesionalización le causan un daño directo? ¿Está en la posibilidad de tirar al basurero de los ineptos los pocos o muchos recursos que ha ganado con esfuerzo y dedicación? ¿Hay algo común entre las personas que he descrito y los inspectores de vía publica, los ambulantes que a diestra y siniestra montan su taquerías en la banqueta a tres pasos de la salida de su casa o los policías incapaces de impedir el linchamiento de una persona a la que alguien sin juicio ni beneficio tildó de ratero o abusador? Y lo que es peor, con todo y una secretaría de seguridad, cientos de desempleados que ahora son miembros de la guardia nacional, cambios en el manejo de las indagatorias penales y capacitación de jueces y fiscales para que los gobernados veamos cumplido nuestro derecho a la seguridad ¿de verdad estamos exentos de la inexperiencia -lo cual incluye una buena coordinación entre las diversas instancias que deben perseguir a los criminales- que da al traste con las buenas intenciones? ¿Cuántas veces ha denunciado para solo recibir respuestas como: el juez los va a soltar, son menores de edad, no los detuvieron en flagrancia….?

Me queda claro las molestias que puedo causar por expresar públicamente mi opinión; pero no me es posible callar ante la tragedia de familiares imposibilitados de garantizar la continuidad de los tratamientos de sus familiares con cáncer, diabetes, sida o cualquier otro padecimiento derivado de complicaciones en la operación de los hospitales[3] o su imposibilidad de continuar sirviendo en su fuente de ingresos o establecimiento de filantropía por acoso constante de rateros, pseudo empleados a los que no se puede tocar ni con el pétalo de una observación administrativa y hasta autorices que favorecen la quiebra de empresas –vendedoras de medicamentos, equipos, instrumental- para luego hacerse de la propiedad que se construyó con dinero del pueblo o con el apoyo social de donadores y benefactores. Harto difícil es dilucidar si son más corruptos los comerciantes que además de apoderarse de la vía pública agreden a policías encargados de hace cumplir la ley. Igualmente podemos hablar de la inhabilidad para resolver un problema de obesidad si diversas autoridades son incapaces de evitar la venta de alimentos a la salida de hospitales, escuelas y centros de trabajo ¿O será simple corrupción?

Hemos dicho hasta el cansancio que acudir a una caja a recibir el pago de un emolumento por lago que no se ha hecho es, definitivamente, un acto corrupto y si el tema es que se carece de experiencia o se es insuficiente para el desempeño, la única solución debería ser la capacitación pero; ¿corresponde esta a los cursos, carísimos por cierto, que se promueven o a los resultados que tanto el estudiante como el futuro ciudadano que le contratará a lo que se oferta? Menudo problema el de la impericia, frente a legisladores incapaces de normar la conducta colectiva, ejecutores torpes y des-coordinados, a los que solo les ocurren  chistes o fiscales y jueces medrosos incapaces de entrar al fondo de los asuntos para lograr que realmente se haga justicia y se disminuya la impunidad. ¿Será problema de la SEP, de los abogados o de los médicos? Lo cierto es que nos enfrentamos a una mayúscula carencia de conocimiento técnico y científico para realizar casi cualquiera cosa y los pocos que si la tienen de plano emigran a donde se les reconoce y se les permite una continua actualización, en vez de ser señalados despectivamente como fifís, conservadores o corruptos ¿Quién reparará el daño que la impericia está causando al pueblo?


[1] Instituto de salud para el bienestar
[2] Los incapaces para el trabajo generalmente son buenos para la oratoria
[3] Se ha reconocido que en el pasado año, las infecciones intra-hospitalarias aumentaron en 39% sin que se deje evidencia de cuantas de las personas afectadas, han muerto o sufren una discapacidad agregada de por vida

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