Mantiene privilegios y elitismo nueva ley notarial de Chihuahua; los pobres, fuera

Por Carlos Mario Alvarado

— El 1 de enero de 2020 entró en vigor la nueva Ley del Notariado del Estado de Chihuahua, a fin de corregir algunas prácticas perniciosas en las cuales incurrieron las autoridades de la pasada administración estatal y los notarios, particularmente en la asignación de patentes y en la herencia de las notarías, dadas las lagunas legales al respecto.

Sin embargo, la ley no fue pensada para los habitantes, ya que los costos de los servicios de honorarios que prestan los notarios son sumamente onerosos, al grado que algunos de ellos obtienen ganancias  superiores a los 100 mil pesos mensuales.

La extensa ley[1]de más de 200 artículos, que deroga la antigua ley de 1995, endurece la normatividad de los exámenes por oposición para la designación de notarios; elimina parcialmente la discrecionalidad del Ejecutivo para otorgar las patentes de notario, hasta que la población crezca a 50 mil habitantes por cada uno de ellos, y otras prácticas relacionadas con el manejo concreto de cada una de estas concesiones.  

Asociaciones civiles sin fines de lucro, de reciente creación, están a merced de la caridad de los notarios para “que rebajen” sus costosos aranceles para la escrituración de sus actas constitutivas; cientos de miles de viviendas de hogares pobres se encuentran en situación irregular; miles de indígenas, migrantes, personas de la tercera edad, padecen de inseguridad jurídica en su persona o en sus propiedades.

Aunque proporcionalmente existe un notario por cada 42 mil habitantes en el estado de Chihuahua, es irreal en cada uno de los 14 distritos judiciales: la mayor parte están concentrados en las zonas urbanas donde la actividad económica les genera mayores ganancias.

Actualmente, 120 mil habitantes de los 8 municipios más pobres y marginados, como Ocampo y Mina (municipio de Guadalupe y Calvo) y Arteaga (en Chínipas)[2] no cuentan con notario, mientras que en Guachochi existe un notario para atender 72 mil habitantes (de tres municipios).

La mayor concentración está en el Distrito de Ojinaga, con 14 mil habitantes promedio por notario; en Guerrero, con una jurisdicción de 5 municipios con 17 mil habitantes en promedio. El Distrito Camargo, con un jurisdicción en 4 municipios, posee un promedio de 22 mil habitantes por notario.  El Distrito Jiménez cuenta con 2 notarios, en un jurisdicción de 4 municipios que posee un promedio de 28 mil habitantes por notario.

Menor concentración de notarios por habitante se registra en el distrito en Hidalalgo del Parral, con una población proporcional de 32 mil 606 habitantes por notario; el Distrito Abraham González (Delicias), con una jurisdicción de 4 municipios, tiene 34 mil habitantes en promedio por notario.

La capital (el distrito Morelos) no se queda atrás. Con una jurisdicción de 8 municipios, cuenta con una población promedio de 34 mil 800 habitantes por notario; mientras que el Distrito Bravos (Juárez), con 4 municipios, tiene a un promedio de 43 mil 712 habitantes promedio por notario; finalmente, Galeana cuenta con 47 mil habitantes por notario y Cuauhtémoc, con  51 mil habitantes.

El otorgamiento de patentes es un simple negocio, ya que a los notarios se les autoriza cobrar tarifas elevadas y éstos deben pagar los derechos al gobierno del Estado.

Inclusive, bajo ley, el notariado es cómplice de la propaganda de los gobiernos, ya que en sus programas para garantizar la seguridad jurídica de las personas y bienes (regularización y titulación de viviendas, programas para fomentar el testamento, etc.), los notarios habrán de establecer aranceles con el 50% menor al comercial.

Como dador de patentes, el mismo gobierno obliga a los notarios a cobrar esa tarifa rebajada a “los actos o contratos donde se adquiera, trasmita o modifique la propiedad inmueble por parte del gobierno del Estado. Igualmente, las reglas que determinarán la equivalencia en horas para acreditar las actividades académicas señaladas en el último párrafo del artículo anterior”, tal y como lo establece el artículo 38 de esa ley.

La Ley del Notariado del Estado de Chihuahua, empero, no introdujo, como requisito fundamental para el otorgamiento de patentes, la “fama pública” de los aspirantes, ya que sólo basta “haber tenido y tener buena conducta privada y profesional y no haber recibido condena por delito doloso.” Tampoco limita la entrada de la burocracia al notariado, ya que sólo les exige un plazo de tres meses de haber renunciado al servicio público, antes de presentarse al examen de oposición.

Es decir, la tentación de premiar a personajes de la política y de partidos es grave: y lo ratifica el artículo 3 transitorio:

“Las patentes que en su momento fueron expedidas en favor de las actuales notarías y notarios públicos, así como aspirantes al ejercicio del Notariado en el Estado, mantendrán su vigencia y efectos, y tendrán el carácter de permanentes y vitalicias, sin necesidad de reexpedirlas. Las notarías y notarios públicos con patentes expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, podrán continuar con la misma numeración en sus libros de protocolos y de instrumentos.”

 Bajo esta ley, el Gobierno del estado no licitará más patentes de notarios, lo que incrementará las ganancias de los 84 notarios. 

Mientras tanto, los notarios que recibieron notarías como favor político al sistema gubernamental y la falta de honorabilidad de algunos, continuaran con su patente vitalicia, como es el caso un notario de Hidalgo del Parral, que, a pesar de haber sido procesado penalmente por su probable participación en el delito de falsedad de documento público, permitió el fraude de 20 millones de pesos al erario por sobreprecio de un terreno dedicado a un cuartel militar.   


[1] http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/anexo/anexo_01-2020_ley_del_notariado.pdf

[2] Posiblemente por la violencia generada por el crimen organizado, así como por la poca o nula actividad notarial en esas regiones debido a que se trata de regiones pobres, en la que residen 

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