Por Emir Olivares Alonso | La Jornada
La difusión de un video que muestra la tortura infligida a un hombre detenido por el caso Ayotzinapa confirma que la investigación realizada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas recurrió a prácticas violatorias a derechos humanos, como en su momento fuera señalado por los diversos organismos internacionales que revisaron el caso.
Así lo señalaron las organizaciones civiles que han acompañado el caso y a los familiares de los estudiantes desaparecidos de manera forzada la noche del 26 de septiembre de 2014.
Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) subrrayó que el video evidencia que los tormentos y las violaciones a derechos humanos en la investigación de los crímenes contra los normalistas no fueron casos aislados.
Las ONG agregaron que dicho material, que se subió a la plataforma YouTube y que fue difundido en medios el viernes pasado, expone que en las indagatorias se usó la tortura, acredita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “encubrió esta práctica con una recomendación (sobre el caso) que no es fiable”; reivindica la actuación de organismos internacionales en su momento criticados por el gobierno federal, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) -que en un informe confirmó que al menos 34 casos de tortura entre los detenidos-; “coincide con lo detectado en la innovadora sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas sobre el caso”; y abre nuevos caminos para alcanzar la verdad sobre esos crímenes.
Subrayaron que se debe sancionar a los funcionarios que aparecen en los actos de tortura contra el detenido, como Carlos Gómez Arrieta, quien fue identificado a partir del video y que en octubre de 2014 -cuando se filmaron esos tormentos- fungía como comandante de la Policía Federal Ministerial. Hasta el viernes se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, cargo al que renunció tras la difusión del material, separación que para las Ong resulta insuficiente. “Lo que corresponde es que sea investigado y en su caso sancionado”.
Este domingo, los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña “Tlachinollan”, Servicios y Asesoría para La Paz (Serapaz) y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, organismos que han acompañado a las familias de los normalistas, emitieron un posicionamiento en el que señalaron que el video muestra la tortura contra Carlos “N”, quien es una de las 34 personas detenidas que el informe Doble injusticia de la ONU-DH acreditó fueron torturadas.
“En respuesta a señalamientos como el de la ONU-DH, la PGR (hoy Fiscalía General de la República) negó haber construido la llamada ‘verdad histórica’ con base en torturas y afirmó que solamente verificó vejaciones en dos casos. Empero, a más de cuatro años ni siquiera en esos dos casos aceptados se ha actuado legalmente contra los responsables. Esa inercia se ha sostenido incluso en el tránsito hacia la FGR, ya en esta administración”, indicaron.
Agregaron que la CNDH, en su Recomendación sobre Ayotzinapa, evaluó 72 casos en los que recibió quejas por tortura, de los cuales concluyó que sólo en ocho de ellos la hubo. En particular, respecto del detenido Carlos “N”, el organismo nacional concluyó que “no había evidencia” de que se le hubiera sometido a asfixia o cargas eléctricas, pese a la abundancia de pruebas y pese a la reiterada denuncia del propio detenido.
“La fallida actuación de la CNDH en este rubro es consistente con su deficiente aproximación a la investigación de la tortura en México, caracterizada por encuadrar como tratos crueles casos donde la tortura es manifiesta y flagrante; por ello, confirma también los sesgos y limitaciones de su recomendación”, subrayaron.
Para las organizaciones firmantes del pronunciamiento, el video difundido representa la confirmación gráfica y pública de la existencia de la tortura en el caso bajo mayor escrutinio público e internacional y confirma también que los esfuerzos que realiza la Comisión de la Verdad y para el Acceso a la Justicia en este caso -creada por decreto presidencial- para indagar los hechos deben ser más apoyados y secundados por la FGR.
“Si esta institución no avanza decididamente en la investigación de quienes cometieron irregularidades y violaciones a derechos humanos, si no fortalece el equipo de investigación del caso, si no realiza nuevas acusaciones y si continúa apoyándose más en la recomendación de CNDH que en el trabajo de los organismos especiales, se perderá la oportunidad de esclarecer plenamente el caso”.
El caso Ayotzinapa, resaltaron, es “la prueba de la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones a derechos humanos y romper con la impunidad institucionalizada. También es una oportunidad para demostrar que la tortura comenzará a ser erradicada en serio del sistema de justicia; en el pasado, videos que mostraron el uso de la tortura en México -por cierto con técnicas similares a las hoy documentadas- motivaron discursos de disculpas de alguna de las instituciones involucradas pero no un reconocimiento profundo de que esta práctica es generalizada y mucho menos sanciones severas a quienes torturan y a quienes instigan o toleran como mandos esta práctica; para que esta realidad cambie, la sanción de los responsables es indispensable”.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) añadió que esta nueva evidencia de tortura en el caso reafirma la urgencia de investigar a funcionarios que incurrieron en violaciones a derechos humanos y obstruyeron la búsqueda de la justicia y verdad, incluidos sus superiores jerárquicos.
Asimismo que ese tipo de acciones “no son ajenos a la forma en que operan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en México; estas violaciones ocurren, además, bajo el cobijo de la impunidad y la corrupción”.
El organismo internacional indicó que el viernes pasado varios medios difundieron el video que expone la tortura en contra de uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, Carlos Canto Salgado, por tres personas. El material muestra a Canto con los ojos vendados, maniatado, sometido a asfixia, toques eléctricos, golpes y vejaciones mientras es interrogado por funcionarios públicos.
Frente a esta nueva evidencia, la ONU-DH reiteró su llamado al Estado mexicano a cumplir las recomendaciones del informe “Doble Injusticia”. De igual forma exhortó a implementar medidas de protección para Canto, sus familiares y su abogado defensor.
El organismo internacional destacó que los actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa no fueron casos aislados y tampoco son ajenos a la forma en que operan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en México; estas violaciones ocurren, además, bajo el cobijo de la impunidad y la corrupción. A la luz de la nueva evidencia sobre la tortura hacia uno de los detenidos, será fundamental que el gobierno mexicano tome acciones concretas y contundentes para sancionar a los funcionarios públicos que cometieron esos y otros actos semejantes, así como a sus superiores jerárquicos.
En cuanto a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la ONU-DH llamó a la Fiscalía General de la República a relanzar la investigación del caso, a descartar en definitiva la denominada “verdad histórica”, misma que “fue sostenida indebidamente por la anterior administración y ha sido desacreditada por investigaciones serias e independientes”, y a excluir las pruebas obtenidas mediante tortura u otras formas ilícitas, así como aquella información generada por otras instituciones públicas que no abonan a la verdad y la justicia.
Para lo anterior, agregó, es fundamental que se designe a un Fiscal Especial idóneo para el cargo que cuente con el apoyo de la institución y de las víctimas para avanzar en el esclarecimiento del caso y la rendición de cuentas de los responsables.