Por Jaime García Chávez
En la última etapa de la lucha anticorrupción que se ha desarrollado en el estado de Chihuahua con el abrigo cívico de la ciudadanía, se han subrayado un par de aspectos que Javier Corral escuchó durante la etapa de enfrentamiento a la tiranía de César H. Duarte Jáquez.
En primer lugar, la apuesta por el Derecho, por las vías que la Constitución y las leyes, por deficitarias que sean, abren para enfrentar a un régimen ancestral de corrupción e impunidad. No hacerlo así podría concitar el camino de la violencia o el inmovilismo conformista.
En segundo lugar, se ha exigido que funcionen las instituciones encargadas de hacer posible la rendición de cuentas. Sin derecho y sin instituciones, lo que queda es que la impunidad prevalezca.
Comprendo que desde septiembre de 2014 que instauré una sólida denuncia penal en contra de César Duarte se desató una historia que tiene ya muchos capítulos, y el último se contrae al suceso en el que se frustra la detención del exgobernador Javier Corral Jurado, ordenada por el juez de control de Chihuahua Humberto Chávez Allande.
La ocasión es propicia para valorar la estima que se tiene por el derecho y por las instituciones. En esa dimensión no observó que Corral Jurado tuviera la más mínima intención de comparecer ante una institución a responder por los cargos que le imputan. No basta decir, todos lo han pronunciado en diversos tonos, que se trata de rencores y reyertas políticas, siempre presentes, sino también de rendir cuentas para que la sociedad sepa lo que hay detrás de esto y lo precise con el mayor rigor y conocimiento ya que se involucran los intereses de la sociedad, porque las instituciones públicas están allí para garantizar el interés de todos.
Si Javier Corral, como lo preconiza, es un ciudadano comprometido con el Estado de derecho debe presentarse ante el juez, con amparo o sin amparo. Tiene la obligación moral de hacerlo porque llegó a la gubernatura de Chihuahua catapultado por una formidable batalla anticorrupción alentada por los que iniciaron la lucha contra la tiranía duartista y que se mencionan al inicio de este texto.
Ya no lo hizo en las oportunidades que le brindó la ley y a la hora en la que se le iba a detener. Recurrió al peor de los influyentismos: llamar a un padrino o a una madrina, para ser rescatado. Así fue. Ahora aduce una narrativa política en la que se arroga el carácter de víctima y perseguido, y porfía de que muy pronto gozará del fuero senatorial.
Entretanto estaríamos esperando que él se comportara como un hombre comprometido con el Estado de derecho.
Rendir cuentas es ingrediente esencial de la democracia. Los caminos que conducen a aquella son diversos y van desde someterse en una elección al criterio de las urnas, hasta tener que encarar acciones penales investigadas por el ministerio público y las resoluciones de un juez competente, apegándose al debido proceso.
Un principio es que en materia de rendición de cuentas no hay intocables y mucho menos impunes.
El problema de Corral es que ha hablado mucho y ha honrado poco su palabra. En Chihuahua sabemos que no hay independencia judicial y que existen jueces de consigna. Así fue durante el quinquenio de Corral y en el gobierno actual de María Eugenia Campos y si hemos hecho una apuesta por el derecho y el funcionamiento correcto de las instituciones no queda de otra más que transitar por ese camino y abrir nuevas sendas.
Hoy a Corral se le acusa de haber pagado casi 100 millones a una firma para evaluar la renegociación de la deuda de Chihuahua cuando fue gobernador y que esa erogación no tiene la acreditación debida por diversas instancias que lo han expresado, federales y locales y vale la pena señalar que la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, organismo fuente de la información y recomendación está encabezada por un panista de linaje indiscutible. Vale recordar también que Arturo Fuentes Vélez fue su secretario de Hacienda sin más méritos que la amistad y la incondicionalidad, y que hoy es prófugo de la justicia.
Corral recurrió al amparo de la justicia federal y solicitó la suspensión del acto reclamado, por lo pronto su detención no podrá realizarse y la orden del juez de control pende de una eventual resolución garantista. La titular del juzgado de distrito no le impuso la carga de presentarse ante el juez que ordenó su captura.
Corral puede estar orgulloso de lo que ha hecho en su larga carrera —mantenerse en cargos de poder por tres décadas, cambiar de identidad partidaria, engañar a sus amigos, evadir la justicia. Empero, la oportunidad de estar orgulloso por lo no hecho lo perseguirá de por vida a partir de cuando lo rescató el fiscal Ulises Lara por el clásico telefonazo que salió de la red presidencial de López Obrador. Como lo dijo E. M. Cioran: Se trata de un orgullo por inventar. Hoy no existe y el futuro senador es prueba irrebatible.
Como Corral ha hablado demasiado, creo que sus palabras lo van a convertir en el prisionero de sí mismo.