Por Gloria Muñoz Ramírez | Desinformémonos
“El gobierno estatal de Michoacán y el gobierno federal están dejando sola a la comunidad de Ostula” frente a los ataques de grupos armados y del crimen organizado, cuya última escalada se registró el pasado 3 de julio, cuando los atacantes lanzaron explosivos, dispararon armas de fuego y sitiaron a la comunidad nahua, aseguró la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena (CNI).
“No sólo no han hecho presencia para resguardar y defender al pueblo indígena de la sierra costa, sino que permiten que los atacantes puedan transitar por la región para reabastecerse de parque y armamento para mantener su guerra a la que nuestras hermanas y hermanos resisten de manera heroica con organización y dignidad”, señaló la Comisión en un comunicado, en el que se unen a la exigencia de Ostula de desmantelamiento de los grupos armados y el respeto a la autonomía de los pueblos.
El pasado miércoles, “grupos de alrededor de 50 criminales cada uno” rodearon a la población desarmada de Ostula, integrada principalmente por mujeres, niños y personas de la tercera edad. Los pobladores nahuas responsabilizaron del ataque al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y denunciaron que las agresiones comenzaron desde el pasado 1 de julio contra los puntos de vigilancia de la Guardia Comunal, pero que se recrudecieron el 3 de julio con “explosiones ocasionadas por drones así como detonaciones de armas de grueso calibre”.
Frente a los ataques, la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI aseguró que “los gobiernos han sido omisos” para proteger a la comunidad, “permitiendo con ello la expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación a costa de la vida de los pueblos indígenas y campesinos”.
El recrudecimiento de la violencia del crimen organizado contra Ostula se ha registrado a lo largo del año. A principios de febrero, la comunidad fue objeto de al menos dos ataques por grupos del narcotráfico, que fueron repelidos por la Guardia Comunal.
Los pobladores de Ostula se mantienen en alerta por la presencia del crimen organizado en su territorio, sin que hasta la fecha haya una intervención efectiva de las autoridades para desarticular y sancionar a los grupos criminales, por lo que aseguraron que reforzarán las acciones de su Guardia Comunal, así como de los grupos de autodefensa y guardias comunales de Aquila y Coahuayana.
OSTULA, PUEBLO EN VILO
Por Gloria Muñoz Ramírez
Ante el actual ataque armado contra la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, re publicamos este reportaje que explica el contexto de la defensa de su territorio iniciada hace 15 años.
Xayakalan, Santa María Ostula. Aquí nace un nuevo poblado. Frente a la costa del Pacífico en Michoacán y de espaldas a la Sierra Madre del Sur, territorio ancestral nahua, en una semana cientos de indígenas construyeron con adobe y ladrillos las nuevas casas que serán habitadas por los verdaderos dueños de este paraje de más de 700 hectáreas, antes conocido como La Canahuancera y a partir de ahora nombrado Xayakalan.
El pasado 29 de junio los nahuas recuperaron este predio que durante 40 años estuvo invadido por supuestos pequeños propietarios provenientes de la comunidad de La Placita. Los indígenas que participaron en la restitución de sus tierras narran que, advertidos de la decisión de los comuneros, “los invasores de La Placita nos recibieron a balazos, hiriendo a quemarropa a uno de nuestros compañeros”. Posteriormente la recientemente formalizada Policía Comunitaria de Ostula repelió el ataque y consiguió que los comuneros llegaran al predio en disputa. De inmediato se instaló un campamento y aproximadamente 500 guardias comunitarias comenzaron la vigilancia de todos los alrededores, previniendo nuevas provocaciones.
Las tierras recuperadas no son cualquier cosa. Son cientos de hectáreas disputadas durante años por narcotraficantes, inversionistas inmobiliarios, los supuestos pequeños propietarios y empresas mineras. Sólo que pertenecen a los nahuas.
En alerta y construcción permanente
En el nuevo poblado las actividades no cesan. Mujeres y hombres se mueven de un lugar a otro. Las primeras echando tortillas en los humeantes comales y cocinando grandes ollas de caldo de pescado, arroz y frijoles. Los hombres trabajan en brigadas en la construcción de las casas. De manera sorprendente van apareciendo las viviendas donde hasta hace una semana no había nada, salvo los tamarindales y sembradíos de papaya de “los invasores”. En sólo cinco días se levantaron más de 20 casitas.
Los nahuas hablan del rescate de sus tierras con un gran orgullo, dejando claro que su movimiento es “civil y pacífico”. Como dice Rufino: “Nosotros no queremos violencia. No es la intención. Sólo estamos defendiendo nuestras tierras. Las queremos trabajar y pues de aquí ya no salimos”.
El campamento donde pernoctan cientos de nahuas que resguardan el terreno está conformado por techos de plástico, rústicas hamacas y un sinfín de camas improvisadas con hojas de palma al ras del suelo. Todo de cara al mar.
Los más de 500 miembros de la nueva policía comunitaria vigilan los alrededores y todas las entradas al nuevo poblado. Van y vienen cargando sus machetes, garrotes, escopetas y pistolas. Toda la zona se mantiene en alerta y únicamente transitan por la carretera principal (la federal 200 que va de Lázaro Cárdenas a Tecomán), camionetas con gente de los pueblos. Las pick up viajan repletas de diversos cargamentos: mujeres con cazuelas con comida para los puestos de control, hombres con materiales de construcción: cemento, varillas y arena, además de tambos de gasolina y todo lo que se va requiriendo. “Estamos viviendo algo que nunca nos imaginamos que era posible. Ya estamos aquí”, dice Rosa con un entusiasmo desbordado. Ella llegó aquí desde el poblado de La Cofradía con su canasta de tacos de frijoles.
En el centro del campamento ondea la bandera nacional y un altar repleto de veladoras ofrecido a la Virgen de Guadalupe. Aquí se hacen las asambleas y se “ofrece la palabra de Dios” que, señala el responsable, “nos dice que los indígenas no debemos de dejarnos, que no son buenas las injusticias y que nuestra lucha es verdadera. Nuestra Patrona nos cuida porque no estamos haciendo daño a nadie, ni robando ni lastimando. Sólo queremos nuestra tierra”.
Hace unos días llegó al campamento la Virgen Peregrina, la trajeron desde la cabecera de Ostula porque para nosotros, dice el Fiscal de la iglesia, “eso significa que estamos reconociendo la tierra para que haya paz, no para que haya enfrentamientos. Por eso llevamos a la Virgen, para que nos proteja de todos los peligros”.
Sacar a La Peregrina, explican, fue un acto simbólico muy importante. Hubiera sido impensable moverla si esta movilización no contara con el apoyo de los 2 mil comuneros de Santa María Ostula. Por eso su llegada al campamento fue una fiesta que conjugó la religión con las danzas y la música nahua.
Años de espera hasta que llegó el día
Las más de 700 hectáreas recuperadas (se habla de cerca de mil, pero no se tiene el número exacto) forman parte de las 28 mil hectáreas de tierras comunales que pertenecen a la comunidad indígena de Ostula. Los nahuas explican que la comunidad “fue reconocida en su personalidad y en sus propiedades ancestrales a través de la resolución presidencial sobre confirmación y titulación de bienes comunales de fecha 27 de abril de 1964”. Posteriormente se dieron una serie de irregularidades en la ejecución de la resolución y paulatinamente un grupo de supuestos pequeños propietarios mestizos de la comunidad vecina de La Placita empezó a invadir el lugar. Rufino cuenta que “en mayo de 1997 recomenzaron la lucha legal por la restitución y empezaron una primera negociación con los invasores. Se vinieron propuestas que no convenían y luego como que se ignoró un tiempo el problema. Los mestizos siguieron sembrando su tamarindo y hasta decían “qué bueno que los indios nos vinieron a hacer el desmonte”.
“En junio de 2003 la comunidad se organiza nuevamente, limpia el terreno y en septiembre de ese año se empiezan a construir pequeñas casitas, como unas 20. Se viene otra negociación y el gobierno advierte que mientras no haya una resolución va a resguardar la zona y que ninguna de las partes podría entrar. La comunidad muy creída se sale el 10 de septiembre, cumpliendo los acuerdos, pero luego resulta que los pequeños propietarios siguieron trabajando. Eso indigna. Y luego todavía nos demandan ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Colima. Más burla”.
Rufino relata que en abril de 2008 “la comunidad se volvió e reunir y se tomó la decisión de tomar la tierra y construir nuevas casas (las otras que habíamos levantado las destruyeron). Y luego ya se toma el acuerdo que para junio de este año haríamos la acción. Lo hicimos y tomamos la tierra. Éramos como 300 comuneros los que logramos entrar al terreno el día 29. Nos recibieron a balazos, hirieron a un compañero y nuestra policía hizo la autodefensa. El martes 30 nos reorganizamos y entramos todos los que faltaban. Éramos como 2 mil. Ya en el terreno nos dimos más valor. Ya no nos saca nadie”
Los comuneros coinciden en que su movimiento es “legal, pacífico, civil y constitucional” y, advierte Manuel, “se planeó para hacer respetar nuestros derechos y nuestra autonomía. Los policías comunitarios están para resguardar nuestra seguridad, para cuidarnos, pero no para tratar mal a nadie”. Rufino coincide: “las leyes nos respaldan. El artículo segundo constitucional dice que tenemos derecho a ejercer nuestra autonomía y nuestras costumbres. La policía comunitaria es algo que de por si existe en los pueblos desde siempre. Aunque ahora ya más formal”. También, continúa, “sabemos que hay otros instrumentos internacionales que respaldan nuestra autonomía y por eso pues nosotros nada más lo hacemos”.
Juntos por vez primera
Ostula es una de las tres comunidades nahuas del litoral del Pacífico michoacano. Las otras dos son Pómaro y Coire. Juntas poseen más de 200 mil hectáreas de territorio ancestral que contempla la mayor parte del litoral michoacano y los montes de la Sierra Madre del Sur hasta Guerrero y Oaxaca. Esta es la primera movilización en la que participan las tres comunidades juntas como pueblo nahua, más allá de las diferencias que han tenido anteriormente.
En Ostula hay 22 encargaturas del orden o anexos (contando el nuevo poblado) más la cabecera comunal, en un territorio en el que convergen diferentes corrientes políticas. Aquí hay gente del PRI, PAN, PRD, PT y gente sin partido. También por primera vez participan unidos en una acción que, explica Teódulo, “dejó chiquitos a los partidos y grandes a los comuneros”.
Francisco es (o era) perredista. Su futuro militante con el partido es incierto. “Ahorita estoy con la comunidad y nada más. Esta acción que hicimos juntos fue extraordinaria y pues puso a tambalearse a todos los partidos políticos de aquí. Los mandamos muy lejos en medio del mero proceso electoral. Se quedaron muy chiquitos y pues no pudieron hacer nada”.
Durante todos estos días las comunidades nahuas de Pómaro y Coire han respaldado la recuperación de las tierras, no sólo durante la acción del 29 de junio, también en el mantenimiento del campamento y en la vigilancia de la policía comunitaria, que pertenece a las tres comunidades nahuas. “Se trata –explica Francisco- de toda una movilización indígena, no sólo del problema de unas tierras. Aquí se está jugando mucho y por eso estamos respondiendo como pueblo nahua y no sólo como comunidad”.
El paso que sigue, explica, “es fortalecer nuestra autonomía y un día, no sabemos cuándo, podernos conformar estas tres comunidades como municipio autónomo”.
Las tradiciones, usos y costumbres del pueblo nahua en esta zona están llenas de celebraciones en las que la música, la danza, la vestimenta y los cantos ancestrales cobran vida en una cultura en resistencia. La lengua se ha ido perdiendo en el litoral, pero planean reforzarla en las escuelas y las familias.
La geografía de Ostula es muy diversa. Los nahuas son originarios de la sierra, aunque su territorio comprende más del 80 por ciento del litoral del Pacífico michoacano. Poco a poco han ido bajando a la costa y poblando el territorio que tenían deshabitado.
Desde junio deberían haber empezado la siembra de maíz, pero los comuneros no han podido trabajar en el campo. La movilización ocupa todo su tiempo. En un recorrido por la sierra se vislumbran los pueblos semivacíos, pues la gran mayoría está en el nuevo poblado, cuidando los caminos, llevando alimentos o en alguna otra comisión. Se observa también el cierre con piedras de los accesos a las rancherías y a los poblados. Todos están en alerta y en estos momentos nadie puede moverse por su propia cuenta. Se cuidan unos a otros. Las escuelas permanecen cerradas, al igual que algunos comercios y ya empieza a sentirse el desabasto.
En la cabecera comunal dos señores de edad avanzada platican sobre sus fiestas tradicionales. La de la Virgen de Guadalupe es la celebración más grande, pero están también la de San Juan, la de Corpus, la Semana Santa, la de la Candelaria, la Asunción y un sinfín de festividades que conjugan los ritos católicos con las danzas y música prehispánica. Ahora, explican, se podrán fortalecer más las tradiciones en las tierras recuperadas. La vestimenta de palma, los plumajes de gallo, los espejos, coronas de flores y sonajas se escucharán en Xayakalan.
La autodefensa, un derecho de la autonomía indígena
Una de las principales reivindicaciones del movimiento, aparte del reconocimiento de la totalidad de su territorio ancestral, es el reconocimiento de la Policía Comunitaria.
El 13 y 14 de junio pasados, precisamente en esta comunidad se reunió el Congreso Nacional Indígena (CNI) y emitió un manifiesto sobre el derecho a la autodefensa de los pueblos indígenas: “Nuestros pueblos tienen, en el marco de sus derechos a las libre determinación y autonomía, el derecho de organizar su autodefensa del modo que consideren conveniente en tanto no atente contra el respeto a los derechos humanos, por lo que la creación, en el marco de nuestra cultura y organización tradicional, de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas organizativas comunales para la autodefensa indígena, son legales, legítimas y, sobre todo, necesarias frente a la profunda corrupción y descomposición de as instancias encargadas de impartir justicia”.
El Trompas es el encargado del orden del nuevo poblado. Va de un lado a otro trasladando a los guardias comunitarios que vigilan la seguridad de Xayakalan, de las otras 22 comunidades involucradas y de todos los accesos vehiculares y peatonales. Tienen en estos momentos el control total de carreteras, caminos y parajes.
“Los supuestos pequeños propietarios sabían que estas tierras tenían dueño. Empezaron a agarrar hectáreas y hasta a venderlas. Nosotros aguantamos pero sabíamos que un día las recuperaríamos. La gente aquí es pacífica, no mata, pero ellos sí traían sus armas largas y ya nos habían matado gente. Entonces de a poquito nos fuimos poniendo de acuerdo hasta el momento de entrar en acción y formalizar nuestra Policía Comunitaria”.
De edad madura y hablar pausado, El Trompas reitera que “aquí no queremos agresiones. No venimos por su tamarindo ni por su palma de coco. Venimos por nuestras tierras. No queremos agresiones, pero si ellos tiran pues nosotros nomás nos defendemos. ¿Quién no tiene derecho a eso? Nosotros no estamos actuando en lo individual. Somos comuneros y todos estamos unidos. Por eso ahorita hay más de 500 policías activos”.
La Policía Comunitaria, afirma, “ya no la soltamos. LLegó para quedarse. No somos bandidos. Sólo estamos en nuestro derecho de cuidar nuestra comunidad nahua porque puede venir un acto represivo del gobierno o de los supuestos pequeños propietarios. Pero ya no. Ya no. La policía comunitaria es parte de nuestra autonomía a la que tenemos derecho como pueblo nahua y se nos tiene que reconocer. Y si no, pues igual lo hacemos”.
En los puestos de control de los accesos al poblado no para la actividad. Aún no hay libre circulación vehicular y en los retenes se explica la situación y se reparten volantes. El Trompas va en su camioneta trasladando guardias, mantas, comida y todo lo que se va requiriendo. Sobre el uso de las armas explica que “la defensa puede ser hasta con piedras y palos, y si tenemos otras armas pues con lo que haya. Todo esto es vía legal, pacífico pues. Ya antes lo intentamos todo y pues ahora es con la presión de los pueblos y con la fuerza de nuestra policía”.
En la movilización del 29 de junio los guardias comunitarios detuvieron a tres de los agresores que les tendieron una emboscada: Trinidad Gómez Barajas, Ramón Gómez Barajas y Felipe Martínez de Miguel. “Estos sujetos fueron moralmente condenados por nuestra comunidad y entregados al gobierno del Estado en calidad de detenidos, aclarando que en todo momento fueron tratados con justicia y respetando sus derechos humanos”. El encargado de Tenencia les tomó su declaración antes de ser entregados al Ministerio Público que se presentó en uno de los accesos a la comunidad. Una valla de policías comunitarios acompañó la puesta a disposición de los tres inculpados, quienes de inmediato fueron esposados por la policía estatal, legitimando en los hechos la acción.
En la coyuntura actual, y siempre que el territorio esté bajo amenaza , la policía comunitaria ejerce el rol de guardia comunal, es decir, no sólo salvaguarda la seguridad de la comunidad de la delincuencia interna y externa, sino que tiene la misión histórica de defender el territorio nahua. Es la puesta en práctica del derecho a la autodefensa de los pueblos, naciones y tribus indígenas.
Acompañamiento y solidaridad indígena
Durante la primera semana de la recuperación la comunidad nahua de Ostula ha recibido manifestaciones de apoyo de diversas organizaciones indígenas del país. Hasta el nuevo poblado han llegado representantes purhépechas, yaquis y wikarikas y se espera el arribo de pueblos, naciones y tribus de otras partes de México, quienes conformarán un campamento de observación permanente dentro de Xayakalan.
Las autoridades de Ostula y una guardia de la policía comunitaria recibieron a los yaquis y wikarikas en el camino de la Mina La Providencia. Después de un mensaje de bienvenida protocolario los trasladaron al campamento y ahí se reunieron con el resto de los comuneros. Los representantes indígenas leyeron mensajes de solidaridad de sus pueblos, señalando que el acompañamiento forma parte de los compromisos contraídos en Vícam, Sonora, con el Congreso Nacional Indígena (CNI).
La llegada de otros pueblos indios animó al campamento. “Nunca lo pensamos que llegaríamos hasta aquí”, señalan Marta y Rosa, dos de las encargadas de la cocina comunitaria que en la penumbra no dejan de observar a sus nuevos acompañantes.