Por Francisco Ortiz Pinchetti
Andrés Manuel López Obrador anunció hace unos días que “debido a la veda electoral” se adelantará la dispersión de los apoyos gubernamentales a adultos mayores, de modo que en el mes de febrero recibirán juntos los montos correspondientes a los bimestres marzo-abril y mayo-junio.
Confirmó asimismo que los estímulos para personas mayores de 65 años llegarán a sus destinatarios a partir del primer bimestre de este año, justo casualmente en el arranque del proceso electoral 2024, con un aumento del 25 por ciento: pasarán de cuatro mil 800 pesos a seis mil pesos bimestrales.
Así, cada uno de los poco más de 12.1 millones de beneficiaros de este programa recibirán de un jalón 12 mil pesos en el mes de febrero… además de los seis mil pesos del primer bimestre de este año que se está distribuyendo actualmente.
En total, cañonazo de 18 mil pesos a cada viejito, yo incluido, lo que si Pitágoras no era peluquero implica una erogación total de más de 217 mil millones de pesos. Doscientos diecisiete mil millones de pesos…
Tal derrama ocurrirá a escasos tres meses de la jornada electoral del 2 de junio, día en que tendrán lugar las elecciones más grandes de la historia de México. E impactará no solamente en quienes reciban directamente el apoyo, sino también en sus respectivas –y agradecidas– familias, lo que de acuerdo con los valores del Inegi (3.1 miembros por hogar) significa un gran total de casi 40 millones de mexicanos en alguna forma alcanzadas por las dádivas (así se toman) del bondadoso habitante de Palacio Nacional.
Eso se llama compra del voto y es un delito tipificado.
Ocurre que al usar como coartada la supuesta “veda electoral”, el Presidente mienten otra vez. En primer lugar, tal veda se limita según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales LGIPE) a los tres días anteriores a la jornada comicial, en este caso del 30 de mayo al 1 de junio.
La Ley no prohíbe la ejecución de programas sociales durante la campaña electoral, como falsamente maneja el tabasqueño. En los “Lineamientos para garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral por parte de las personas servidoras públicas” del INE se establece:
“Artículo 10. Durante las campañas electorales, podrá continuar la entrega de beneficios de programas y actividades institucionales de conformidad con el calendario previamente aprobado en las reglas de operación o normativa que los regule”.
Se precisa asimismo que “a partir del inicio de las campañas electorales de los procesos federales o locales y hasta la conclusión de sus jornadas electorales, no podrán operarse programas sociales o actividades institucionales cuyas reglas de operación y calendarización no se hubieran aprobado previamente, ni podrán crearse nuevos programas sociales o actividades institucionales previo y durante esas fechas”.
Está claro que este último no es el caso del programa de apoyo a adultos mayores, que están debidamente registrados, presupuestados y calendarizados. Por lo demás, se trata de un derecho consagrado ya en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 4º (ya con la modificación del 15 de febrero de 2022) establece:
“Las personas adultas mayores de sesenta y cinco años o más de edad, tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley”.
En tratándose de un beneficio constitucional, es imposible prohibirlo.
Lo que sí prohíbe la LGIPE en su artículo 209 durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, es “la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno de Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público”. Las únicas excepciones a lo anterior son las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
Además de aceptar de manera tácita –y yo diría que de forma cínica– que los actuales programas sociales tienen una intención y un efecto electorales, lo que por lo demás resulta una obviedad, López Obrador pudiera estar incurriendo en un delito.
Pone la Ley General en Materia de Delitos Electorales en su artículo 7 Bis:
“Se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular”.
En “cualquier tipo de presión” se incluye el “regalito” de 18 mil pesos que Andrés Manuel entregará a sus gobernados adultos mayores… en víspera de las elecciones. ¿O no? Pocos (el INE y la FISEL desde luego no) parecen darse cuenta. Válgame.
DE LA LIBRE-TA
TIEMPO DE MUJERES. Además de las precandidatas no precandidatas Xóchitl Gálvez Ruiz (Frente Amplio por México) y Claudia Sheinbaum Pardo (Morena), una de las cuales será la primera Presidenta de México, mujeres presiden importantes instituciones como la Cámara de Diputados (Marcela Guerra Castillo), el Senado de la República (Ana Lilia Rivera Rivera), el INE (Guadalupe Taddei Zavala) y la Suprema Corte de Justicia (Norma Lucía Piña Hernández). Hay también, ya, 10 gobernadoras y cientos se perfilan como aspirantes a puestos de elección popular en este 2024. Son sus tiempos.
@fopinchetti