La comisión local de búsqueda de Chihuahua destina solo 5 mil 504 pesos anuales en promedio a la localización de cada una de las víctimas de desaparición
POR ROCÍO GALLEGOS / LA VERDAD
Aun cuando Chihuahua se ubica entre las entidades con mayor número de reportes de personas desaparecidas o no localizadas en el país, es de los estados que menos presupuesto destina en promedio a la búsqueda de las víctimas de desaparición.
De acuerdo con el informe “En búsqueda de presupuesto: la inversión de las comisiones locales de búsqueda en 2022” elaborado por las organizaciones Elementa DDHH y Política Colectiva, el gobierno de Chihuahua gastó sólo 5 mil 504 pesos para la búsqueda de cada una de las personas desaparecidas, durante el año pasado.
Con 3 mil 472 personas desaparecidas al 31 de diciembre del 2022, la Comisión de Búsqueda de Chihuahua –que depende de la Fiscalía General del Estado– ejerció ese año un presupuesto de 19 millones 110 mil 527 pesos con 39 centavos.
Al considerar esos datos, se estima que el Gobierno del Estado destinó una inversión de tan solo 5 mil 504 pesos asignados a la búsqueda de cada víctima de desaparición en la entidad, de acuerdo con los datos de la investigación obtenidos por las organizaciones Elementa DDHH y Política Colectiva a través de solicitudes de información.
El monto ejercido en el 2022 por el gobierno de Chihuahua para la localización de personas desaparecidas es apenas el 7.3 por ciento del gasto ejercido en publicidad oficial ese mismo año por la administración de María Eugenia Campos, que fue de 260 millones 132 mil 274.38 pesos.
Los datos muestran que el mayor gasto de la Comisión de Búsqueda de Chihuahua fue en bienes muebles, inmuebles e intangibles, servicios generales, así como materiales y suministro.
A esto se suma que Chihuahua no ha hecho nada para cumplir con su obligación de armonizar su marco normativo local para la creación de una ley de desaparición, de acuerdo con el informe.
“La crisis de personas desaparecidas es uno de los problemas más graves y dolorosos que aquejan al país. Sin embargo, a pesar de la importancia de este tema, observamos que los recursos con los que se cuentan a nivel estatal para los procesos de búsqueda son insuficientes”, señalan las organizaciones en el documento donde exhiben el panorama nacional de las comisiones locales de búsqueda en el país.
Debido a esta situación, son las familias y los colectivos quienes buscan, con sus propios recursos, a las personas desaparecidas en todo el país.
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De acuerdo con el Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hasta el 31 de diciembre de 2022 se contabilizaron un total de 103,422 personas desaparecidas en México, una cifra que se ha elevado hasta más de 112,000 en el mes de octubre de 2023.
El documento de la investigación revela que en general, la inversión hecha por los estados a las comisiones locales de búsqueda en el país sólo representó en total el 0.45 por ciento de todo lo que gastaron en asuntos de orden público y de seguridad interior.
De acuerdo con la investigación, la falta de presupuesto destinado a la búsqueda de personas desaparecidas se suma a una larga lista de problemas que padecen las víctimas y las familias de la víctimas, principalmente:
Total impunidad: en más de 113 mil casos de desaparición, solo en 35 se ha sentenciado a los perpetradores (mayo del 2022) en el país.
Crisis forense, con más de 5 mil 600 fosas clandestinas en todo el país y más de 52 mil cuerpos sin identificar. Además, no se han implementado los Registros Nacionales de fosas comunes y clandestinas, de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, ni el Banco Nacional de Datos Forenses.
Frente a la necesidad evidenciada de destinar más presupuesto estatal a las comisiones locales de búsqueda, desde Elementa DDHH y Política Colectiva algunas recomendaciones:
- Establecer una sobretasa mínima al Impuesto Sobre Nómina para destinarla al fondo estatal de búsqueda o víctimas.
- Proponer al Congreso del Estado una contribución sobre los derechos vehiculares o trámites, como la que se tiene en Chihuahua para el apoyo de la Cruz Roja en el artículo 83- A de su Ley de Hacienda.
- Fijar un monto específico para la Comisión Local de Búsqueda en función de los ingresos.
- Exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, en particular a revisar la compatibilidad de sus programas de ayuda con el apoyo a familiares víctimas de desaparición o a colectivos de búsqueda.
- Establecer en las legislaciones locales que un porcentaje específico del gasto en comunicación social y publicidad oficial vaya a la divulgación de fichas de personas desaparecidas.
El estado de Jalisco, la entidad con más personas desaparecidas según el RNPDNO, fue el que más presupuesto destinó en a la comisión local de búsqueda, con 111 millones de pesos.
Esa cantidad es significativamente alta en comparación con el resto de las comisiones en el país. Por ejemplo, el estado de Sinaloa que tenía para el cierre de 2022 un total de 5 mil 263 personas desaparecidas, fue el segundo estado que más presupuesto invirtió pero fue casi tres veces menor al de Jalisco, con menos de 37 millones de pesos.
Un caso que se resalta en el documento es el de Durango, el cuál para 2022 no destinó recursos para el funcionamiento de la comisión, ni tampoco ejecutó transferencias de la federación por problemas administrativos, a pesar de tener más de 800 personas desaparecidas, se indica.
El Estado de México es la tercera entidad con más desaparecidos de acuerdo con el RNPDNO hasta fines de 2022, sin embargo, apenas destinó 35 pesos por cada persona desaparecida no localizada. Por su parte, el estado con menos personas desaparecidas, que es Campeche, invirtió casi 249 mil pesos por cada persona en esta situación, revela la investigación.
Tamaulipas es el segundo estado con más casos de desaparición de acuerdo con el registro, pero en 2022 sólo invirtió poco más de un millón 358 mil pesos, lo cual fue equivalente a destinar sólo 108 pesos por persona desaparecida. La situación de este estado contrasta con la de Jalisco, el estado con más personas desaparecidas, pero que destinó poco más de 7 mil 500 pesos en promedio por persona desaparecida.
La creación de las comisiones locales de búsqueda fue impulsada por la lucha de familiares, colectivos de familiares, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales que exigía la adopción de mecanismos de búsqueda extrajudiciales frente a la falta de resultados concretos del sistema de justicia, se explica en el documento. Nacen a partir de la publicación de Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General de Desaparición, LGD), aprobada en 2017.
En Chihuahua, la Comisión Estatal de Búsqueda se conformó y estructuró tras la promulgación de reformas a leyes del estado en julio del 2028. Sin embargo, se mantuvo sin titular y sin recursos practicamente durante su primer año de su operación.
Gran parte del presupuesto que destina el Gobierno del Estado a este problema es transferido y etiquetado desde la federación. Aún así, el año pasado Chihuahua dejó sin ejercer el 90 por ciento de los recursos federales destinados a la búsqueda de personas, con lo que dejaron de realizarse actividades para buscar personas o esclarecer desapariciones.