Por Óscar Rosales y Karla Quintana | Fotografías de Óscar Rosales | Raíchali
Chihuahua.- Alumnas de la Normal Rural de Saucillo, “Ricardo Flores Magón”, marcharon la tarde de ayer martes en las calles de la ciudad de Chihuahua para exigir justicia por sus 43 compañeros normalistas de la escuela “Raúl Isidro Burgos”, desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en el estado de Guerrero.
Al grito de “vivos se los llevaron” y “seguiremos en la lucha”, el grupo de estudiantes comenzó su caminata en la Glorieta de Francisco Villa, atravesó el Centro Histórico por la calle Libertad, y terminó con un mitin político en la Plaza de Armas, frente al Ayuntamiento de Chihuahua.
De manera simbólica, las estudiantes pintaron de rojo el agua de la fuente de Francisco Villa, como si se tratase de la sangre que derramaron sus compañeros desaparecidos.
A un lado del museo Casa Chihuahua, se realizó una escenificación sobre la noche del 26 de septiembre y explicaron como sus 43 compañeros fueron agredidos y desaparecidos por autoridades municipales, estatales y federales. Luego de esto, se nombró uno por uno el nombre de los estudiantes.
Durante sus intervenciones en el mitin, señalaron que a la Normal de Saucillo también la han reprimido de diversas formas. “No necesariamente con violencia, pero si intentando callarlas, si intentado despolitizarlas, quitándoles su formación de maestras”, manifestaron.
Para las normalistas de Saucillo, la desaparición de los 43 estudiantes fue un hecho que “marcó el sexenio de Peña Nieto” y que al día de hoy, siguen sin saber que fue exactamente lo que pasó aquella noche en el municipio de Iguala, Guerrero.
Y es que a nueve años del suceso, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido su promesa de hacer justicia por los normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con lo reportado por Pie de Página en CDMX, los padres y las madres de los 43 estudiantes han declarado que la versión oficial de esta administración es casi idéntica a la “verdad histórica” que construyó el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam (actualmente en la cárcel), durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
En marzo del año pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expuso una serie de videos en los cuales se ve como Murillo Karam, junto con agentes de la Marina, manipuló y montó evidencia en el basurero de Cocula, Guerrero, para afirmar que los estudiantes fueron incinerados en ese lugar, para posteriormente ser arrojados a un río.
Luego de esto, en septiembre del 2022, se ordenó la detención de 16 militares por su presunta participación en la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, la aprehensión fue frenada por “judicializar a los militares”. Según un reportaje de John Gibler, publicado en el medio Quinto Elemento, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que se habían “excedido” con el número de militares.
En julio de este año, el GIEI presentó su último informe sobre el caso y declaró que era “imposible continuar con el trabajo” debido a los obstáculos que han tenido para que el Ejército Mexicano les entregue toda la información que tienen en su poder sobre lo sucedido con los normalistas.
Al día de hoy, el presidente López Obrador ha rechazado lo dicho por el grupo de expertos y refuerza su apoyo a las fuerzas militares.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado ayer por la tarde, donde exhorta al GIEI y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a entregar todos los documentos con los que hayan trabajado para que desde el Gobierno Federal se “continúen con los trabajos de investigación”.