Los feminicidios sin fin y la masacre de Creel son historias paralelas: dolor que no para de las familias de las víctimas; historias rotas, vidas truncas, tristeza que enferma y lleva a la muerte… ¿Quién escuchará a estas voces de abajo?
POR VÍCTOR M. QUINTANA S.
Para el Estado mexicano pareciera que 15 o 30 años no es nada, parafraseando al tango. Pero las resistencias de la gente, de quienes con valentía luchan contra la desmemoria y la impunidad no dejan que esto suceda.
Agosto en Chihuahua ha sido de conmemoraciones que cultivan la memoria y demandan verdad y justicia. El día 8, los movimientos de mujeres y Amnistía Internacional se reunieron para conmemorar treinta años de impunidad de los feminicidios en el estado. El día 16, los deudos de los 12 jóvenes y un bebé asesinados, conmemoraron con una misa y actos públicos quince años de la masacre en Creel, municipio de Bocoyna.
Desde 1993, con Esther Chávez Cano a la cabeza, las mujeres organizadas de Chihuahua empezaron a investigar y denunciar los frecuentes asesinatos de mujeres, primero en Ciudad Juárez. Aquí y en la capital del estado constituyeron importantes movimientos y visibilizaron a nivel nacional e internacional los feminicidios. El hallazgo de los restos de varias muchachas en el campo algodonero en noviembre de 2001 intensificó el accionar del movimiento. Las Mujeres de Negro empezaron a marchar por todo el estado, al grito de “Ni Una Más”. A las marchas, plantones, actos simbólicos, foros, agregaron las acciones jurídicas y la incidencia ante las autoridades. Las mujeres jóvenes han envejecido en esta lucha, las jóvenes han madurado, las niñas de ayer son ahora activistas de este movimiento más persistente que la muerte
Gracias al movimiento en 2003, Amnistía Internacional emitió el documento “México, muertes intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y en Chihuahua.”. Veinte años después, la misma organización auspició foros en Chihuahua para analizar el proceso, la situación actual y la respuesta del Estado.
Las cosas no han cambiado mucho, señalaron el 8 de agosto: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 26 víctimas de feminicidio en el periodo enero–junio de 2023 en Chihuahua, colocando al estado en el sexto lugar entre todas las entidades federativas. Además, hubo 100 homicidios dolosos de mujeres, cuarto lugar nacional. En llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, Chihuahua ocupó el 3er lugar de 32 entidades federativas con 27.979 llamadas.
Las familias de los asesinados en Creel y el Padre Javier Ávila unen su dolor y su indignación al de las familias de las mujeres asesinadas. Junto a la Cruz de Clavos, monumento que recuerda los feminicidios, han colocado 13 cruces frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, memoria viva de la masacre de hace 15 años. El día 16 celebraron una misa en Creel y realizaron un acto en la Plaza de la Paz, donde se ha erigido un mural con las figuras de las personas masacradas.
Los feminicidios sin fin y la masacre de Creel son historias paralelas: dolor que no para de las familias de las víctimas; historias rotas, vidas truncas, tristeza que enferma y lleva a la muerte. Búsquedas, indagatorias, sin apoyo de las autoridades, que en más de un caso han terminado en el asesinato del buscador, de la buscadora, de quien se atrevió a denunciar.
Del lado del Estado mexicano, de los diversos órdenes de gobierno, el esquema de respuesta se asemeja en todos los casos: preocupación y diligencia momentáneas, declaratorias tajantes, promesas; luego, la indiferencia total. Por eso persiste la impunidad: de la masacre de Creel sólo se ha detenido a dos de los presuntos autores materiales. De los feminicidios sólo se investiga una menor parte. el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, señala que de 2018 a 2022 hubo 37 homicidios dolosos por razones de género, en Chihuahua, pero solo se dictaron 10 sentencias, un 70% de impunidad.
Los derechos de las mujeres no son prioridad más que en el discurso. A pesar de los significativos avances legales e institucionales logrados por el movimiento de mujeres, la violencia contra ellas no se detiene. La perspectiva de género no acaba de instalarse entre las autoridades; no hay peritos competentes para este tipo de delitos; la administración de la justicia muchas veces revictimiza a quienes la sufren, el Judicial adolece de las mismas fallas.
Las familias de las víctimas de Creel se quejan de la impunidad e indiferencia de todas las autoridades. Han arriesgado sus vidas por señalar a los responsables, y éstos andan sueltos por ahí, amenazándolas, acosándolas. Los diversos niveles de gobierno y las diversas administraciones tratan de enfriar los asuntos y pasarlos cuanto antes a quienes los suceden en el poder. Las resistencias continúan porque la impunidad persiste, porque no hay garantías de no repetición de reparación del daño. por parte del Estado.
En esta coyuntura pareciera que sólo se dejan oír las voces de arriba: gobernantes, precandidatos, dirigentes partidarios, cúpulas empresariales. Pero este país no va a cambiar con ellas; es necesario que se escuchen, se valoren y se obedezcan lo que dicen las voces de abajo. Como las de las familias de las víctimas del feminicidio. Como las familias de las víctimas de las masacres de Creel, de Chenalhó, de Ostula y tantas más.
¿Quién escuchará a estas voces de abajo?