POR ITZEL RAMÍREZ / LA VERDAD
El dormitorio es un cuarto con apenas algunas ventanas y colchonetas en el suelo, una reja cerrada con candado por las noches, rondines de personal armado de seguridad pública y privada y cámaras de seguridad completan la imagen de la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Se trata de una de las 42 estaciones migratorias (30 fijas y 12 provisionales) que administra el Instituto Nacional de Migración en el país para, en teoría, brindar alojamiento temporal a extranjeros con permanencia irregular en el país, pero que en los hechos funcionan más como cárceles que castigan la migración, como han señalado instancias oficiales y organizaciones de la sociedad civil.
La estación de Ciudad Juárez, donde un incendio ha cobrado la vida hasta ahora de 39 personas, entró en operaciones en 1995 con una capacidad para 60 migrantes, de acuerdo con un informe especial de 2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La permanencia de al menos 83 personas extranjeras (68 hombres y 15 mujeres) al momento del incendio que ocurrió la noche del 27 de marzo exhibe las condiciones de sobrepoblación de un sitio que, a pesar del aumento del flujo migratorio, en 28 años nunca aumentó su tamaño para alojamiento.
Si las autoridades fueron omisas al ingresar a más migrantes de los permitidos, lo han sido también por mantener estas “instalaciones totalitarias” como desde el 2013 se documentó por el Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
Para Sonja Wolf, coordinadora de la investigación de Insyde, el incendio del pasado lunes muestra el poco interés que ha tenido el INM en mejorar las condiciones de alojamiento en sus instalaciones.
“Los migrantes están no solamente encerrados en los centros, sino también en áreas cerradas con llave, cuando los entrevistamos esa fue justamente una de las preocupaciones porque decían que en el caso de emergencias no había salidas. El Instituto no ha tomado en serio las investigaciones que a lo largo de los años se han presentado, la problemática es conocida”, dijo Wolf en entrevista.
Desde hace 10 años, Insyde señaló la falta de protocolos de protección civil, el riesgo que implicaba para los migrantes que se cerraran con candado los dormitorios y la existencia de áreas de aislamiento como medidas que no respetaban los derechos humanos de las personas en situación de movilidad, un hallazgo que coincide con el de la CNDH.
La Verdad solicitó al INM una entrevista, sin embargo la petición aún se mantiene sin respuesta.
LAS CELDAS SE ABREN A LAS 7 AM
Entre las 19:00 y las 21:00 horas, las celdas –dormitorios– de las estaciones migratorias se cierran con aldabas o candados que se quitan al día siguiente, entre las 7:00 y las 8:00 horas, relató el estudio de Insyde.
Protestas, riñas e incendios ya eran conocidos por el INM hace 10 años, cuando se publicó la investigación, coordinada por la especialista Sonja Wolf.
El documento advertía desde 2013 sobre cómo los incendios provocados por migrantes suponían una amenaza para su seguridad, ante la falta de protocolos de emergencia y de preparación del personal.
“En repetidas ocasiones se han dado incendios en algunas estaciones migratorias, por lo general, provocados por migrantes que están frustrados por el encierro y quieren llamar la atención del personal del INM, pero poco se sabe de las acciones que toman los agentes en ese tipo de situaciones”, se lee en el documento.
El texto señala que uno de los migrantes entrevistados en la estación migratoria de Acayucan, en Veracruz, cuestionaba cómo actuarían los servidores del INM ante un incendio.
“… en la EM (estación migratoria) de Acayucan, un migrante externó su preocupación de que, en caso de un incendio, las personas detenidas no pudieran lograr salir, ya que las puertas de las celdas se abren con llave, no con botón, y los agentes del INM podrían decidir salvar sus propias vidas y no las de los migrantes”, indica la investigación.
Cuando los investigadores quisieron conocer cómo los migrantes podían comunicarse con el personal del INM en caso de emergencias, encontraron que la única manera era gritar.
“En vista de que las puertas de las celdas están cerradas durante la noche, se quiso conocer más con respecto a las formas en que los migrantes pueden comunicarse con el personal en casos de emergencias. Los entrevistados manifestaron que si bien los agentes del INM no les explicaron cómo deberían proceder en este tipo de situaciones, consideraron que lo único que podían hacer es gritarles a los agentes de la guardia o tocar las rejas”, continúa el estudio.
Las protestas, además, no son hechos aislados. Solamente entre 2011 y 2013, el INM registró 30 riñas y amotinamientos.
A pesar de ello, el INM no contaba tampoco con criterios para estos eventos. Lo común, encontró Insyde, era el sometimiento de los migrantes y, en caso de ser una protesta masiva, se cerraba la estación y se solicitaba la participación de la policía.
La investigación de Insyde reveló, por ejemplo, que en las estaciones migratorias hay espacios para aislamiento en el que los migrantes pueden estar hasta 10 días, “esta medida … tampoco tiene razón de ser más que el simple hecho de castigar”.
El jefe de la delegación del INM, encontró Insyde, se erige como la máxima autoridad de la estancia y es quien determina la vida interna del lugar, sin que haya criterios públicos que expliquen las decisiones.
Por ejemplo, no está definida la distribución del espacio en la estación migratoria, ni cuántas personas ocupan un mismo espacio; tampoco qué criterios se usan para clasificar a las personas detenidas en esos lugares.
Versiones recabadas por La Verdad indican que antes del incendio, los migrantes protestaban por la falta de agua para beber; el estudio de Insyde encontró que no había directrices sobre la calidad y cantidad de alimentos y bebidas que el INM tiene que dar a las personas detenidas en sus instalaciones, por lo que es una decisión que se toma en cada estación.
A diferencia de otras estaciones migratorias, la de Juárez no tiene un espacio específico para ingerir alimentos ni instalaciones accesibles para personas con discapacidad, determinó la supervisión de la CNDH.
Wolf indicó que la postura que han sostenido algunas autoridades de responsabilizar a los propios migrantes de los fallecimientos es una muestra del desconocimiento de las condiciones en las que se vive dentro de una estación del INM.
“En el discurso oficial vemos que los funcionarios quieren deslindarse de los sucesos, se habla de protestas, de que los migrantes iniciaron el incendio pero hay que entender que se trata de personas que se enfrentan a incertidumbre, que se sienten desesperados, afectados psicológicamente y que además no tienen muchas posibilidades de reclamar sus derechos. Las protestas no deberían ser una excusa para las autoridades”, sentenció la especialista.
A estas condiciones, hay que sumar el trato que recibe la población migrante de parte del personal del INM.
“Lo que vimos en el video que está circulando es que el Instituto no contrata al personal adecuado. Y también hay que considerar todos los demás delitos que cometen los agentes migratorios de forma cotidiana”, dijo Wolf.
Extorsión, robo, amenazas, se encuentran entre el catálogo de delitos de los que son víctimas los migrantes dentro de las estaciones.
INSTITUCIONES TOTALITARIAS
“… a pesar de su denominación eufemística, las estaciones migratorias tienen la apariencia y las reglas de operación de cárceles. Cada celda tiene una puerta de rejas o una puerta de lámina con una ventana muy pequeña y puede tener o no tener ventanas adicionales”, describía Insyde en 2013.
Para 2019, la CNDH encontraba el mismo panorama.
“La primera impresión al ver las instalaciones es que estos son centros de detención carcelaria o de reinserción social”, precisó la CNDH.
Torretas de vigilancia, personal de guardia armado, áreas video grabadas, espacios de aislamiento, imposibilidad de entrar o salir de la estación sin un permiso firmado, entrega de enseres sucios, consolidan la visión de las EM, lo que Insyde llamó “instituciones totalitarias”.
Wolf coincide que aunque el Instituto diga que son estaciones migratorias es un “eufemismo” que oculta las condiciones y trato que reciben los migrantes en estos centros.
La investigadora llama la atención sobre cómo su estatus legal como centros de seguridad nacional, restringe el acceso.
“Esto complica los esfuerzos de sociedad civil, académicos y periodistas de documentar las condiciones y violaciones de derechos humanos”, comentó.
Aunque conforme a la Ley de Migración, las personas extranjeras en situación irregular no pueden estar detenidos más de 15 días hábiles, esta estancia puede extenderse a 60 días hábiles en algunas condiciones.
Si es el caso, el Estado mexicano está obligado a otorgar a esa persona condición de visitante con permiso para trabajar, por lo que generalmente el INM transporta antes a los migrantes, aunque a veces de una estación a otra.
En un día, indicó la CNDH en su informe especial, México puede tener en detención a cerca de cuatro mil 276 personas migrantes en los distintos centros habilitados para ello.
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