Que la justicia en México en asuntos de trascendencia no existe o está reducida a su mínima expresión, lo está evidenciando este día el octavo aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Ocho años es mucho, demasiado, y vaya un ejemplo para contrastar: terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, se instaló en Núremberg el enjuiciamiento de algunas cabecillas del nazismo.
De noviembre de ese año a octubre de 1946 ya había sentencias ejecutoriadas y cumplimentadas en sus términos. Se demostró con hechos que el Tribunal Internacional trabajó con miles de datos y no le tembló la mano para iniciar un proceso de ajusticiamiento que se prolongó en el tiempo con otros procesos.
Es un simple ejemplo que nos permite a todos contrastar hechos para percatarnos de lo mal que estamos en esta delicada agenda del México de la impunidad.
Prácticamente después de la matanza de los estudiantes normalistas, en boca de todos estaba el reproche de que fue el Estado, que la mano de los militares estaba presente, y también de los protagonistas de la política guerrerense vinculados al crimen organizado.
Desde hace ocho años el justo reclamo de los parientes y amigos de las víctimas no han dejado de recordar el crimen, ya imborrable para la historia. Se distinguen, hasta hoy, tres fases del conflicto: de gran confrontación con el gobierno de Enrique Peña Nieto, de una especie de tregua al inicio del gobierno actual de López Obrador, y la que hoy inicia a la luz de hechos muy distinguibles: comisiones de la verdad, informes, nuevas y escalofriantes revelaciones sobre lo ocurrido, y una rabia incontenible. Hoy el Palacio Nacional está blindado con paredes de acero, como si estuviéramos en medio de una insurrección.
No es correcto levantar una cortina de humo a partir del trabajo periodístico realizado por Peniley Ramírez en su columna Linotipia del periódico Reforma. Ella obtuvo un documento sin datos suprimidos, o testados, como se dice en el argot, y que arroja nuevas pistas, descarnadas, soportando sus dichos, y obviamente, como periodista, cumplió su tarea. Sería más interesante saber quién filtró esa información y los motivos que pudo tener.
Pero no nos perdamos en la bruma. Aquí la responsabilidad institucional es la de una Fiscalía ineficiente u omisa, y el Ejército que se interpone infranqueable para que se sepa la verdad de este trágico suceso, y a saber de muchos más.
Por lo pronto, si el día de hoy tiene posibilidad de asistir a algún acto de protesta y reclamo de justicia, hágalo, porque la pasividad es lo que permite que la justicia no llegue.