Por Óscar Rosales y Fotografías por Raúl Fernando | Raíchali
Durante su primer año de gobierno, la administración de Maru Campos poco se ha interesado en atender de fondo los casos de desaparición forzada en Chihuahua. Aún y con protestas a metros de distancia, la gobernadora no ha establecido un contacto personal con familiares de desaparecidos, quienes denuncian que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no los ha apoyado de manera efectiva, a la par de que las búsquedas y rastreos por parte de la Fiscalía, brillan por su ausencia.
CHIHUAHUA.- Vestidos de blanco, con fotografías en sus manos, decenas de nombres escritos en lonas, y empuñando una esperanza que ha sobrevivido hasta décadas, fue que familiares de personas desaparecidas en Chihuahua marcharon de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús hasta el Palacio de Gobierno, para exigir la atención de las autoridades, durante el mediodía de este este martes 30, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La marcha inició tras una misa presidida por Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo, acompañado de los padres jesuitas, Javier “El Pato” Ávila y Camilo Daniel Pérez, de las diócesis de la Tarahumara y Cuauhtémoc-Madera, respectivamente.
Ahí, en oración colectiva, madres, padres, hermanos, hermanas, hijos e hijas, pidieron por sus seres queridos. El padre del Sagrado Corazón de Jesús, José Luisa Serra, expresó a las familias que dicha parroquia siempre sería un refugio para ellos y ellas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RDPDNO), al día de hoy existen 105,022 desaparecidas o sin ser localizadas en México; de esa cifra, 3,494 son del estado de Chihuahua. Sin embargo, activistas y organizaciones civiles, como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), estiman que la cifra es mucho mayor, debido a la falta de coordinación de registro entre autoridades estatales y federales, y a la falta de denuncias por la casi nula confianza que hay en ellas.
En su caminar, el contingente se detuvo un momento frente al edificio de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua para manifestar su indignación ante los casi nulos resultados que otorga dicho organismo ante los casos de desaparición.
Un par de horas antes de su llegada a Palacio de Gobierno, la organización Justicia Para Nuestras Hijas (JPNH) también había realizado una manifestación en la Cruz de Clavos. La organización civil sigue comprometida a que el 29 de cada mes, realizará actos de protesta en honor a la memoria de las personas desaparecidas en Chihuahua.
Luego de su llegada a Palacio, Rubí Perales, hermana de Carlos Antonio Perales Carrera, desaparecido el 29 de agosto del 2015, en el municipio de Galeana, señaló al crimen organizado, a la corrupción y la falta de estrategias gubernamentales, como algunos de los principales factores que dan lugar a la desaparición de personas en el país.
“Las autoridades de gobierno tratan con indolencia a las familias, siguen protocolos que ponen en riesgo la vida de las personas, como es el caso de esperar 72 horas del último contacto con la víctima para poder iniciar con el reporte de desaparición”, expresó Rubí.
También explicó que luego de estas 72 horas, se procede a una investigación de antecedentes penales de la víctima y la familia, a la par de que el trato hacia las familias es indigno.
A Carlos Perales lo desaparecieron junto con otras seis personas mientras instalaban una antena para la FGE, con recursos de Iniciativa Mérida”, un programa de seguridad entre Estados Unidos y México, iniciado en el sexenio de Calderón. Ante la indolencia de las autoridades, las madres de estos siete desaparecidos han aprendido a resistir de manera colectiva, sostenidas por el amor que tienen hacia sus hijos.
Durante la protesta, algunas madres buscaron ingresar al Palacio de Gobierno para ir al baño, sin embargo, los guardias postrados en la puerta les negaron la entrada al recinto público. Ante dicha situación, cerca de la mitad del contingente caminó hacia las puertas del edificio y acompaño la entrada de las madres hasta llegar al patio central.
Un año de indiferencia
Al mismo tiempo que ocurría la manifestación y la disputa por la entrada al Palacio de Gobierno, la gobernadora Maru Campos sostenía una reunión con su gabinete y presidió la toma de protesta del Consejo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, todo dentro del mismo edificio.
Sin embargo, la titular del ejecutivo en ningún momento salió para dirigirse a los familiares de desaparecidos. Para estos últimos, la ausencia de Maru en ese tema no es algo que les sorprenda, ya que la misma se ha expresado de manera negativa hacia sus actos de exigencia pública, puesto que se refirió a las madres de desaparecidos como “raras”.
“Ha sido un trato indolente, ella no se ha preocupado por hablar con ni un solo familiar de desaparecido, ella no se ha preocupado por dar una cita, porque si se le han pedido citas”, señaló Lourdes Hernández, madre de Pamela Portillo Hernández, desaparecida el 25 de julio del 2010, en la ciudad de Chihuahua.
Lourdes explicó que tras la caravana que realizaron en mayo, se lograron concretar reuniones con las autoridades en mayo, en Parral y Cuauhtémoc. A dichos encuentros, asistió el fiscal Roberto Fierro, y el secretario general, Cesar Jauregui, pero no la gobernadora.
En estas reuniones, las autoridades se comprometieron a realizar rastreos de manera puntual, búsqueda en vida y una mejor atención a las familias de desaparecidos, detalló Lourdes. Al día de hoy, a ninguno de estos acuerdos se le ha dado un seguimiento.
La madre de Pamela también señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha sido un apoyo real para las familias, y por más quejas sobre el asunto, nadie ha hecho algo. Inclusive Jauregui se comprometió a atender ese tema en específico, pero hasta la fecha no ha intervenido.
En ese sentido, Janeth Rodríguez, esposa de Luis Manuel García Mosqueda, desaparecido el 5 de agosto del 2017 en Jiménez, denunció que la CEAV no ha atendido a sus hijos de la mejor manera, incluso que ha recibido malos tratos por parte de la secretaria de César Jauregui.
“Me dijo que si no me había llenado con una despensa de 10 mil pesos que me había llevado el secretario. Yo no vine a pedir una despensa, vine a pedir que me solucionaran mi problema”, contó Janeth.
De acuerdo con Janeth, los apoyos a sus hijos fueron retirados seis meses después de la desaparición de Luis. Jauregui prometió desde mayo de este año, ayudarle a conseguir un empleo, cuestión que apenas en agosto atendió, pero le piden que haga un mes de trabajo sin paga. Tampoco les han reubicado a una vivienda digna, asegura que incluso han tenido que dormir en el suelo, hasta que el secretario de gobierno les llevó unos colchones de protección civil.
A Luis García lo desaparecieron mientras estaba con su hijo en el parque, luego de eso, sacaron por la fuerza de su casa al tío de Janeth, Jesús López Hernández. Luis trabajaba en Estados Unidos y Jesús fue policía en el mismo país.
A cinco años de lo sucedido, Janeth ha recibido amenazas que tampoco han sido atendidas y condena la estigmatización que ha habido contra su esposo, ya que los agentes del ministerio le aseguraron, sin pruebas, que este pertenece a un grupo delictivo y que por eso “lo levantaron”.
“Nos han traído con puras mentiras”, finalizó Janeth.
“Compromiso” para septiembre
Ante la protesta que se desarrolló frente a Palacio de Gobierno, el secretario general de gobierno, César Jauregui, salió del recinto y se comprometió con las familias a llevar a cabo una nueva reunión en septiembre.
“No sé qué va entregar él de trabajo para esa fecha. Hasta ahorita, él no ha atendido lo que dijo”, señaló Lourdes Hernández. Jauregui había dicho que las familias de desaparecidos iban a ser atendidas “especialmente” en esta administración, pero a un año de la entrada del gobierno de Maru Campos, las necesidades de estas siguen sin ser atendidas, explicó Lourdes.