Por Francisco Ortiz Pinchetti
Más allá de la indignación y la condena, de la rabia, el asesinato en la Tarahumara de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar y del guía de turistas Pedro Palma ha puesto en evidencia lo que rectores y directores integrantes de. Sistema Universitario Jesuita describe como un “estado fallido” en México.
El órgano de la Compañía de Jesús explicó que cuando el Estado no tiene control territorial y permite que grupos armados lo controlen, “a eso le llamamos Estado fallido, y tiene muchos años que desgraciadamente en México el territorio, las colonias, los barrios, los pueblos están siendo controlados por algún cártel y el Estado está ausente”. En nuestro país, remataron los rectores jesuitas, “hay un abandono hacia la sociedad e imperan la ley del más fuerte y la ley de la selva”.
Lamentaron que el Plan Nacional de Paz del Presidente Andrés Manuel López Obrador se haya reducido a la creación de la Guardia Nacional, de corte militar, que no ha servido para controlar la violencia. “Se diluyeron esas ocho medidas y sólo quedó la Guardia Nacional, un cuerpo policial militarizado, como la única medida para pacificar el País. Hoy tenemos que decir: esa estrategia fracasó”, acusó el Rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Mario Patrón.
El inaudito crimen de Cerocahui ha consternado a la Nación entera y ha tenido repercusiones internacionales como pocas veces. Pienso que además de causar justificado horror debe servir para revalorar la presencia de los jesuitas en la sierra Tarahumara su trabajo de muchos años y las dimensiones de su apostolado.
Hay que decir de entrada que su labor no se limitó como ahora se ha referido a la atención caritativa a los pobres. No ha sido la suya en absoluto un trabajo asistencial para mitigar la miseria de las comunidades rarámuris. Ha ido mucho más allá de eso. Los jesuitas asumieron un compromiso con ese pueblo desde hace muchos años. No enseñaron a los rarámuris a hablar español: ellos aprendieron la lengua indígena autóctona para acompañar a sus feligreses como iguales.
En ese sentido, es ocasión de reivindicar la figura de José Alberto Llaguno Farías, el obispo vicario de la Tarahumara entre 1965 y 1992, que con sus sacerdotes asumió la opción preferencial por los pobres derivada del Concilio Vaticano II. Esto significó romper inercias y costumbres ancestrales de la Iglesia Católica para ejercer un apostolado más acorde con las enseñanzas de Jesús. Y abrió el camino de la inculturación del Evangelio como concepto central de su trabajo pastoral.
Justo este mes se cumplen 60 años de su llegada, en 1962, al entonces vicariato apostólico, cuyo titular asumiría un año después. También se cumplen 30 años de su fallecimiento en la clínica de los jesuitas en Creel, (en la que personalmente decidió terminar su vida), acaecido el 26 de febrero de 1992. Ahí lo visité una gélida mañana días antes de su muerte. No me fue posible ya hablar con él, dada su deteriorada salud.
Los padres jesuitas de la Tarahumara no se limitan a oficiar misas, bautizar niños y celebrar matrimonios. Quizá eso es lo menos importante. En cambio, respetan la cultura y la dignidad del pueblo rarámuri, acompañan a los indígenas en sus luchas reivindicatorias de sus derechos sociales y económicos, como la defensa de sus tierras y sus bosques; enfrentan y combaten con frecuencia a caciques y explotadores regionales, generalmente mestizos; enseñan los tarahumaras sus derechos humanos, los capacitan y les enseñan a valorar sus propios atributos culturales.
El compromiso social del obispo Llaguno Farías le llevó en 1986 a condenar junto con sus colegas Adalberto Almeida y Merino, de Chihuahua, y Manuel Talamás Camandari, de Ciudad Juárez, el fraude electoral a favor del priista Fernando Baeza Meléndez. Los tres prelados, apoyados de manera unánime por sus sacerdotes, anunciaron una insólita suspensión de cultos para el domingo siguiente a la elección, en protesta por el atraco.
La insólita medida fue sin embargo detenida por la intervención del delegado apostólico en México, Girolamo Prigione, a petición del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, hoy director de la CFE en el gobierno de López Obrador.
También tuvieron que enfrentar los sacerdotes de la Tarahumara, con su pastor al frente, la acometida de la Iglesia tradicional contra la llamada Teología de la Liberación, en la que Llaguno Farías se inscribió al lado de otros prelados mexicanos y latinoamericanos. Entre los primeros estuvieron Sergio Méndez Arceo (Cuernavaca), Samuel Ruiz (San Cristóbal de las Casas), Arturo Lona Reyes (Tehuantepec) Bartolomé Carrasco (Oaxaca) y Hermenegildo Ramírez Sánchez (Huautla).
Significativo en este sentido fue el episodio vivido en Sisoguichi, la sede episcopal de la Tarahumara, durante el funeral del obispo Llaguno, que me tocó cubrir para el semanario Proceso. Hubo dos misas, como evidencia de la existencia de dos Iglesias. La primera fue concelebrada por los amigos y compañeros del prelado: Samuel Ruiz, Carrasco, Lona Reyes, y Ramírez Sánchez. La otra, la “oficial”, fue encabezada por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Adolfo Antonio Suárez Rivera… y a ella asistió el gobernador espurio Fernando Baeza Meléndez.
La infame muerte de los padres tiene que servir no solo para denunciar la incapacidad gubernamental ante la violencia imparable, sino para interesarnos en conocer la realidad lacerante de quienes sobreviven en la Sierra Tarahumara de Chihuahua y para apoyar como nunca se ha hecho a esos jesuitas indomables. Válgame.
DE LA LIBRE-TA
REPROBADOS. Cada vez más las mentiras definen al actual gobierno. Nos dijeron que en cinco meses estarían solventadas las deficiencias para que el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) recuperara la categoría 1. Tras de una nueva inspección, 13 meses después, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), nos volvió a reprobar. Y, por su parte, la IATA desmintió al propio Presidente de la República sobre la supuesta y decretada reducción de las operaciones aéreas en el AICM para pasarlas al “Felipe Ángeles”. Resulta que no hay tal y que el gobierno debe respetar decisiones de las líneas aéreas. Sopas.