Por Carlos Mario Alvarado
Observamos con tristeza que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua tiene un valor inferior a un cacahuate.
Las 51 recomendaciones emitidas en contra de autoridades estatales y municipales en 2021 han sido ignoradas, y peor aún, al defensor de los derechos humanos, Néstor Armendáriz Loya, al parecer tampoco le importa.
En su reciente informe anual presentado el 1 de febrero pasado, el ombudsman omitió denunciarlo y exigir al Poder Legislativo el convocar a las autoridades violadoras de los derechos humanos para que expliquen el desacato a sus dictámenes, con lo cual todas las víctimas se encuentran en estado de indefensión.
Ciertamente la comparecencia de Armendáriz Loya ante el Congreso fue tan solo un trámite administrativo, un remedo para simular el cumplimiento de la norma: No fue en el pleno, tampoco asistieron autoridades del poder judicial ni la gobernadora.
Tal vez porque a nadie le interesó cumplir con el artículo 1° constitucional: proteger los derechos humanos y en caso de violación de éstos, deben investigar y sancionar a los responsables; reparar el daño a las víctimas y tomar medidas de no repetición.
La prensa solamente emitió comentarios políticos sobre la inminente salida del funcionario Armendáriz Loya, que deja el espacio libre para que la Gobernadora Constitucional, María Eugenia Campos Galván, coloque a su delfín.
El informe anual 2021[1] presentado ante el Congreso local, el ombudsman chihuahuense reconoció que la cantidad de quejas en ese año fue 40 % menor al año anterior, y que según él, fue a causa de la pandemia.
¿Acaso disminuyó la cantidad de personas agraviadas por agentes de diversas corporaciones policíacas, como detenciones ilegales, golpes, torturas? ¿Desaparecieron los despidos injustificados de la burocracia, el acoso laboral, la imposición indebida de sanciones, la muerte en custodia de presos o detenidos? ¿Cuántos pacientes han sufrido la falta de medicamentos, la negligencia médica o maltratos a pacientes en los hospitales púbicos?
Tal vez las víctimas consideran que las autoridades son capaces de violar sus derechos humanos y que la CEDH simula protegerlos, y peor aún, ha renunciado a su autonomía y con ello abandonado a las víctimas.
Es cierto que una gran cantidad de quejas sean lanzadas a la basura por falta de interés de los quejosos o dificultad o negligencia del personal para integrar un expediente.
Pero lo que resulta intolerable es que de 600 quejas, se escojan 51 casos con evidencias claras de violación de los derechos humanos, se tarden un año en emitir una recomendación y al a final, las víctimas sean objeto de olvido.
Tal y como revela la página oficial de la CEDH, las 51 recomendaciones tienen 0 % de cumplimiento[2], independientemente si éstas fueron no aceptadas por la autoridad; pero en su informe anual, Armendáriz Loya refiere lo contrario según menciona en el apartado denominado “seguimiento de recomendaciones”.
El mismo pondera que en la recomendación 01/2021, el Estado pidió una disculpa pública como parte de 7 puntos resolutivos, pero no existen evidencias del cumplimiento de éstos en su plataforma de transparencia, tal y como lo obliga la ley[3].
[1] https://cedhchihuahua.org.mx/portal/Informes/Informe_2021.pdf
[2] https://cedhchihuahua.org.mx/wp/por-recomendacion-2021/
[3] https://cedhchihuahua.org.mx/wp/informacion-publica-de-oficio-especifico/