“Seguimos igual”: desplazados mixtecos cumplen 70 días lejos de casa

Por Diana Manzo [texto y fotos] Desinformémonos

Tlaxiaco, Oaxaca. Es medio día y es invierno en Tlaxiaco, Oaxaca. Las mujeres se dividen las labores mientras preparan el desayuno. Desde el 23 de octubre del 2021, hace 70 días, están desplazadas en el albergue de las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), porque huyeron de la violencia que un grupo de personas generó en sus  sus comunidades de Ndoyonuyuji y Guerrero Grande, en el municipio de Atatlahuca, a ocho horas de la capital oaxaqueña.

Son 18 familias que defienden el bosque de la tala clandestina en el «Cerro del Águila», ocasionada por sus autoridades agrarias y locales. De las 62 personas que integran las familias desplazadas, 20 son infantes y el menor tiene diez meses de edad. Todos se quedaron sin casa, no tienen una sola pertenencia y la exigencia es que los reubiquen a una zona segura, o bien, que les reconstruyan sus casas.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron acciones urgentes al estado mexicano para atender esta violencia, que además del desplazamiento, ha provocado la desaparición de cinco personas, entre ellas, la de la guardabosques Irma Galindo Barrios, de quien se desconoce su paradero desde el 27 de octubre del 2021.

“Lo perdimos todo, y seguimos igual, acá no ha pasado nada”, dice Sebastiana Paz Bautista, una mujer Ñuu Savi (mixteca) y defensora comunitaria, a la que le queda aún la esperanza de una mejor vida, porque de sus pertenencias lo perdió todo.

Para sobrevivir en estos dos meses y medio desplazada, la mujer de 46 años de edad organizó entre todas un taller de artesanías en el que elaboran prendas y accesorios como blusas, servilletas y otros artículos que venden para obtener recursos.

“Pasamos navidad y año nuevo lejos de la familia, y eso es muy triste”, refirió Sebastiana, quién asegura que la noche del 31 de diciembre nuevamente hubo violencia, porque le prendieron fuego a cinco viviendas más.

Sebastiana, acompañada de una veintena de mujeres mixtecas, explicó que la disputa por el territorio las tiene “con el Jesús en la boca”, porque el Estado mexicano no ha garantizado su regreso y “ni siquiera una visita ha hecho”.

La dirección del INPI les donó alimentos y con la ayuda de Maurilio Santiago, defensor y activista del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C (CEDHAPI), han obtenido apoyos para su sobrevivencia. La Vicefiscalía de la región de la Mixteca ha tomado las declaraciones y denuncias, pero las autoridades federales como la Secretaría de Gobernación (Segob) no se han pronunciado en nada.

El desplazamiento y la desaparición es alta en la Mixteca

El activista Maurilio Santiago refirió que es “muy triste y lamentable lo que viven las personas desplazadas”, porque a pesar de las recomendaciones emitidas por los altos organismos internacionales, nada ocurre.

“Han pasado más de 70 días y estas personas han sobrevivido como pueden, eso no es justo”, explicó al relatar que el gobierno de Oaxaca únicamente envió unas despensas y desde entonces ya no se sabe nada.

El defensor de los derechos humanos dijo que el acompañamiento es integral para las familias, pero lo lamentable es que no hay sitio seguro para que regresen. No es que no quieran, si no que sus casas están en cenizas.

Refirió que en la comunidad de Guerrero Grande una centena de personas viven refugiadas en la parroquia de San Andrés, y temen por sus vidas.

Por iniciativa propia y de su organización civil, añadió Santiago, llevan un recuento de casos de personas desplazadas y desaparecidas. “En lo que va del mandato de Alejandro Murat Hinojosa, existió un aproximado de 560 personas desaparecidas, entre ellas Erika Pascual Ramos, de 23 años de edad, defensora mixteca y licenciada en Gestión Empresarial, quien desapareció el 12 de mayo del 2015, en la ciudad de Tlaxiaco”, indicó el activista.

Maurilio Santiago Reyes, presidente del CEDHAPI, informó que del año 2010 al 2021 el organismo civil ha documentado 17 casos de desaparición forzada, de los cuales nueve han sido presentados ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, como el de la defensora Irma Galindo Barrios.

“Desafortunadamente todos los casos de desaparición forzada en Oaxaca han sido archivados y olvidados”, expresó Santiago Reyes, quien aseguró que es urgente que el Estado mexicano cumpla con las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Ante este conflicto interno, el pasado 9 de diciembre el presidente municipal de Atatlahuca, Rogelio Bautista Barrios, acompañado de la síndica municipal, Maribel Velasco, denunció en conferencia de prensa la violencia política por razón de género que se vive por parte del Frente Indígena de Resistencia de Juxtlahuaca.

Además, señaló que hay otras 300 personas desplazadas que están viviendo en la cabecera municipal, y a quienes el Estado mexicano tampoco ha protegido, por lo que solicitaron ayuda.

Hasta el momento, el único acercamiento que han tenido las autoridades son mesas de trabajo, pero no hay acuerdos, la violencia continúa en la zona y las personas siguen desplazadas y desaparecidas.

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