—Después de que las organizaciones civiles guatemaltecas colocaron el tema en la agenda del Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas, ese mecanismo internacional revisará el posible impacto de los megaproyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros y turísticos sobre los derechos humanos de indígenas y campesinos en México. El Comité de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas advierte que, de no mediar consulta, los principales megaproyectos del gobierno de López Obrador en el sureste pueden considerarse tratos crueles o degradantes e incluso de tortura.
Por Gloria Leticia Díaz/Proceso
Ante la insistencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en realizar el Tren Maya y otros megaproyectos en el sureste del país, defensores de derechos humanos alertan que, si no atienden los procedimientos de consulta con estándares internacionales, el Estado mexicano puede incurrir en actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Tras participar en la 65 sesión del Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, que se realizó en noviembre pasado en Ginebra, Suiza, los activistas que participaron en las audiencias llamaron al gobierno a verse en el espejo del guatemalteco, que fue sometido a revisión por parte de los expertos del mecanismo de la ONU.
En el país vecino del sur también existe una efervescencia de megaproyectos hidroeléctricos, turísticos, de extracción minera y de hidrocarburos. Algunos toparon con resistencia de la población, que también ha denunciado despojos y criminalización por parte de las empresas y del gobierno.
Las secuelas de la ocupación de territorios indígenas y campesinos sin consulta previa por empresas paraestatales y privadas, nacionales y extranjeras, se expusieron en las audiencias para analizar si Guatemala cumplió la Convención contra la Tortura y los Malos Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU.
Después de tres días de labores, los expertos del CAT colocaron en el mismo nivel de preocupación la participación de fuerzas militares en tareas de seguridad interior y la utilización de empresas de seguridad privada, “que en ocasiones usurpan funciones que le corresponden a la Policía Nacional”, ya que se presentaron denuncias por “la ejecución de desalojos forzosos por parte de la Policía Nacional Civil y el Ejército, así como grupos de seguridad privada, de manera violenta y haciendo uso de la intimidación y las amenazas, con gran impacto en las comunidades indígenas”.
Miembros de la sociedad civil guatemalteca, coordinados por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), expusieron esa situación el pasado 15 de noviembre.
Helena Solá Martín, asesora de derechos humanos de la OMCT, explica en entrevista que la imposición de un megaproyecto puede ser considerado violatorio a la mencionada convención –a la que México también se adhirió–, lo que será revisado por los expertos del CAT el próximo año:
“Lo que como OMCT podemos criticar es la falta de garantías para el debido proceso y cómo esto genera que comunidades, a veces de miles de personas, sistemáticamente sean echadas de una forma violenta de su territorio para dejar lugar a estas empresas.
“Por un lado podemos decir que esto puede constituir tortura y malos tratos por la falta del debido proceso, porque no hubo una consulta previa. A menudo hay órdenes de evacuación o desalojo que ni siquiera han pasado por un proceso de control ni se ha podido involucrar la defensa de las comunidades, y aparte de desplegar operativos masivos de Policía Nacional Civil, también participan fuerzas militares e incluso de seguridad privada o de seguridad pública vinculadas al narcotráfico.”
Solá Martín, quien documentó casos de despojo en Guatemala, reconoce que, si bien los desplazamientos forzados por megaproyectos se registran en todo el mundo, América Latina se considera una región de alto riesgo para defensores del territorio.
En el caso de México, el último informe de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) alerta que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, de diciembre de 2012 a noviembre de 2018, fueron asesinados 161 defensores, 26% de ellos pertenecientes a pueblos indígenas, y 40% del total de víctimas estaban dedicados a la defensa de derechos comunitarios a la tierra y el territorio.
“No sólo es el uso excesivo de la fuerza y el impacto que puede tener en las personas que les quiten las tierras, sino que hay un impacto emocional y psicológico a nivel muy bestial. Aquí lo importante es que no sólo es a nivel individual, sino colectivo: comunidades enteras que se desintegran o que están atemorizadas, y en estos procesos los líderes a veces son criminalizados”, puntualiza la defensora.
Explica que este criterio, el cual la OMCT y las organizaciones civiles guatemaltecas lograron colocar en el CAT, “podría aplicar en México, hablando de pueblos indígenas afectados, así como de líderes a los que han matado, amenazado o detenido” por oponerse a los megaproyectos.
“Tenemos que pensar que no es necesario que los desalojen, sino que a veces tal como están viviendo es un ‘sin vivir’, porque los están quitando de una forma más sutil, pero se van yendo, y hay en México cada vez más desplazados por este tipo de conflictos por la tierra”, agrega Solá Martín, quien coordinará posicionamientos de la sociedad civil mexicana el próximo año ante el CAT.
Durante la audiencia dedicada a su país, representantes del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala (BJDHG), que litiga 80 casos de criminalización, advirtieron del riesgo de que 60 mil personas sean despojadas de su territorio en el departamento de Petén y señalaron que existen más de 100 órdenes de desalojo.
Los activistas denunciaron que los despojos de tierras han obligado a migrar a miles de indígenas y campesinos, quienes han engrosado las actuales caravanas de migrantes hacia Estados Unidos, aunque el éxodo se registra desde 2009.
Édgar Pérez Archila, director del BJDHG, explica en entrevista que, en su informe sombra ante el CAT, presentaron cinco casos que ilustran “los malos tratos y sufrimientos que puede padecer una persona que es sometida a un desalojo, y como consecuencia un desplazamiento, sin un plan de contingencia por parte del Estado, sometidas a crisis humanitarias, sin agua ni servicios básicos de salud; es así como el trato cruel y degradante para estas poblaciones se llega a concretar por falta de atención del Estado”.
Resalta que esa situación en su país forma parte de “un problema regional y posiblemente haya empresas que tengan negocios en la parte sudoccidental de México en la explotación de recursos naturales”.
Pérez Archila aconseja remitirse al Plan Puebla-Panamá para entender que persisten los proyectos empresariales enfocados a “plantear un desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales y la expansión de la energía eléctrica por toda la región”.
“El nuevo gobierno debe consultar”
Gilberto Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), acudió a las audiencias del CAT en Ginebra para preparar la revisión a México y coincide en que la imposición de megaproyectos ha generado daños en las comunidades, sobre todo las indígenas, que han sido obligadas a modificar sus formas tradicionales de vida, lo que también se considera como malos tratos.
También señala que la imposición es similar en la región: “Son los mismos métodos que utilizan las empresas en América Latina; muchas de ellas también se encuentran operando en México, sobre todo las canadienses dedicadas a la minería”.
Hernández, litigante del CDH Frayba, destaca que para el próximo año su organización pretende llevar ante el CAT casos de defensores del territorio “que por ser líderes comunitarios se les detiene, se les tortura, y son judicializados”.
La organización trabaja para sustentar que los desplazamientos forzados se consideren como tortura. “Si las personas son desplazadas de sus comunidades por megaproyectos, tienden a sufrir consecuencias de violencia, que se refieren a la discriminación, a estar condenados a la pobreza y a cambiarles la forma de vida que tenían en sus comunidades”, explica.
Entre los litigios contra megaproyectos que lleva la organización radicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, están los de la comunidad de San Juan Cancuc, donde lograron parar los trabajos de construcción de una presa hidroeléctrica a cargo de la CFE; defienden a los afectados por la presa Chicoasén I y a los del proyecto Chicoasén II, “paralizado por la resistencia de los ejidatarios”; de igual forma representan a indígenas zoques frente a los proyectos petroleros en los municipios de la zona norte, limítrofe con Tabasco.
“Hay resistencias contra la extracción de petróleo, la geotermia, presas hidroeléctricas, geoparques y megaproyectos por realizarse en los próximos años, así como contra las minas, muchas de ellas suspendidas de momento por la oposición de la gente”, abunda.
Para el CDH Frayba, la dinámica a la que han sido sometidas las comunidades indígenas y campesinas por la imposición de megaproyectos tiene que abordarse con estándares internacionales de derechos humanos.
Pone como ejemplo el caso del poblado San Juan de Grijalva, que en noviembre de 2007 quedó sepultado por un cerro que se desgajó a causa de la actividad de la presa hidroeléctrica Peñitas. Hubo decenas de muertos y heridos; los sobrevivientes tuvieron que ser reubicados.
En ese y otros casos los pobladores “padecieron uno de los proyectos locales más destacados del gobierno de Juan Sabines, que al final de cuentas fue un fracaso. Pero esto es lo de menos; lo que está en juego es el sufrimiento al que se condena a las personas, porque las reubican en un lado donde no hay forma de sustentar a sus familiares y terminan por emigrar”, puntualiza el abogado.
Por eso afirma que la región está “en alerta máxima” ante la pretensión del gobierno de López Obrador de impulsar megaproyectos. No sólo se trata del Tren Maya, proyecto que atraviesa la zona selvática, sino también otros ya anunciados, como la presa hidroeléctrica de Santo Domingo, cerca del municipio de Las Margaritas.
Además, dice Hernández, habitantes de los municipios de Simojovel y Huitiupán están atentos al manejo que se les dé a las reservas petroleras con que cuentan, ya que “es de esperar que este gobierno pretenda explotarlas, en apego a su proyecto de fortalecer las refinerías”.
Y aclara: “No estamos en contra de que se hagan megaproyectos ni contra el gobierno por hacerlos, sino de que no se respeten los derechos de la consulta, porque esa es la base para respetar los derechos de los pueblos que se encuentran asentados en esas regiones.
“En el gobierno pasado no había condiciones de hacer una consulta. Lo importante es que el nuevo gobierno respete la decisión de los pueblos, que exista una claridad en el proceso, de lo contrario no sólo se estaría violando el derecho a la consulta, sino que hasta podrían constituirse la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”