Por Dora Villalobos/ Ecos de Mirabal
Un integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU vino a Chihuahua y se reunió con colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones que los acompañan para conocer de primera mano los principales obstáculos en el acceso a la justicia.
En la reunión participaron integrantes de las siguientes organizaciones: Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C., Centro Para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (CEDIMAC) y Justicia Para Nuestras Hijas A.C.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, actualmente en el estado de Chihuahua son tres mil 461 personas las que se encuentran en calidad de desaparecidas o no localizadas, aunque se estima que podrían ser muchas más por la cantidad de casos que no se denuncian por temor.
La reunión se realizó el lunes 21 de noviembre. Entre las exigencias que expusieron al Comité sobresalen las siguientes:
Que se realicen acciones de búsqueda efectivas, articuladas entre los diferentes niveles de Gobierno, con sentido de urgencia y centradas en la presentación con vida.
Que el seguimiento a las investigaciones de los expedientes que se encuentran en el centro del país cuente con un sistema que permita a las familias atender sus asuntos, sin que el traslado implique una merma en su economía y sus compromisos personales.
Que se brinde atención a los casos de desaparición de larga data para evitar la acumulación de carpetas al incluir nuevos casos, ya que los primeros son abandonados paulatinamente conforme van llegando otros.
Que las autoridades sean sensibilizadas en el tema para evitar la criminalización en contra de las víctimas y la revictimización hacia sus seres querido. Además, es necesario establecer criterios de reclutamiento más estrictos para las personas aspirantes a formar parte del sistema de impartición de justicia.
Que tomen las medidas necesarias para que las familias se involucren de manera segura en las acciones de búsqueda y que los protocolos y las acciones se definan en conjunto con ellas. Además, se debe descentralizar la conversación sobre la creación de políticas públicas en la materia.
Asignación de recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes en las instancias de Gobierno encargadas de dar atención a la problemática de las desapariciones. Es necesaria la asignación de un presupuesto adecuado a Fiscalías y Comisiones de Búsqueda.
Que se garantice la seguridad de las familias y de quienes han atestiguado un hecho de desaparición, ya que la desconfianza actual en las autoridades no solo interfiere con las investigaciones y judicialización de los casos, sino que, además, limita las denuncias pertinentes.
Que la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) y la Fiscalía General del Estado (FGE) trabajen de forma independiente.
Que se implemente la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda para que las bases de datos se puedan compartir y comparar realmente en todo el país.
La declaración de ausencia no es suficiente para salvaguardar el bienestar de quienes quedan a su suerte tras la desaparición de una persona. Este trámite y sus efectos legales deben ser revisados y modificados de acuerdo con las necesidades de las familias que buscan.
La creación de una Ley de Búsqueda Estatal, con protocolos que posean carácter de obligatoriedad y de acción inmediata, ya que los existentes no se encuentran adecuados al contexto y muchas veces son ignorados.
Que se dé cumplimiento a las sentencias y recomendaciones de organismos internacionales con los que México ya cuenta en la maeria.
El acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil a familiares de personas desaparecidas no debe implicar un trato diferenciado en cuestión de atención a los casos. Demandan un trato equitativo para las víctimas, ya sea que cuenten con acompañamiento de una organización o no.
Que el Estado cumpla con su obligación de implementar campañas de promoción y difusión para que las familias conozcan sus derechos y puedan acceder a la aplicación en la atención de sus casos.
Que se revise la metodología del Servicio Médico Forense del Estado de Chihuahua (SEMEFO) para la identificación y resguardo de restos, así como para la realización de notificaciones a las familias.
La revisión de los perfiles genéticos de los más de mil 700 restos que se encuentran sin identificar en Chihuahua, así como la recolección de las muestras de ADN necesarias para el cotejo de dichas muestras.
De ser tomadas en cuenta por el Estado mexicano, las recomendaciones que pudiesen surgir de esta reunión podrían y deberían convertirse en un parteaguas para la atención de la problemática de las desapariciones en México.