Por Horacio Almanza Alcalde
Tener poder económico implica por definición poder político. Las élites de clase cuentan con poder para influir en cualquier tipo de gobierno y así evitar cualquier transformación del estado de cosas que permite satisfacer sus más caprichosos deseos.
Las corrientes políticas (ultra)conservadoras toman forma a través de partidos, de los cuales tienen representantes en todos los países del mundo. Cuando perciben que la situación política amenaza de alguna manera el status quo, ya sea por el triunfo electoral de proyectos sin compromisos con ellas, o por que consideran que el gobierno de derecha en el poder dejó de representarles, optan por impulsar plataformas electorales más extremistas. Entre estas se cuentan aquellas que tienen una agenda abiertamente opuesta a la redistribución de la riqueza y al reconocimiento de la diversidad de identidades sociales. Este fenómeno se está multiplicando por el mundo.
En un contexto así llegó a la gubernatura del estado de Chihuahua el proyecto político de Maru Campos, conocido por una posición más hacia la derecha que la tradicionalmente asumida por el Partido Acción Nacional, que ya es mucho decir. Por sus antecedentes se prevé un proyecto autoritario y punitivo, altamente propenso al tráfico de influencias, representante de los más elitistas intereses, revanchista contra la administración anterior, alérgico a la cultura, desdeñoso hacia los derechos humanos y hacia los derechos de minorías tradicionalmente invisibilizadas, de las mujeres y de los pueblos indígenas.
En este último sentido las señales son claras desde el principio y tienen que ver con la alianza electoral entre PAN y Maru con el PRI. El día de su toma de posesión se dio a conocer al priísta Enrique A. Rascón Carrillo como el nuevo titular de COEPI, sacando de la jugada al grupo de panistas que cumplieron por mas de mes y medio con el proceso de transición formal a que obliga la ley. No sólo se instaló sin conocer el quehacer de COEPI y sin experiencia en la función pública y en la Sierra Tarahumara, sino que al poner al brazo de derecho del diputado príista Omar Bazán Flores, se deja la atención a los pueblos en manos de los intereses inmobiliarios que actualmente están despojando de su territorio y tienen demandada penalmente a la comunidad rarámuri de Mogótavo por la absurda acusación de despojo.
El equipo de confianza de Rascón, proveniente del Congreso del Estado, también carece de experiencia en el sector. El personal de la anterior administración, con una probada y comprometida trayectoria por la defensa de los derechos indígenas, está siendo sustituido por personas sin antecedentes en el servicio a población indígena y cuya única lealtad es al patrón. No se ve con que equipo el nuevo comisionado va a hacer frente a los inéditos desafíos de la población indígena del estado, que ahora más que nunca requiere ser bien atendida: marginación y olvido, desplazamiento forzado, despojo, crisis ambiental, tala ilegal, desaparición de personas, reclutamiento de jóvenes por el narco y extractivismo por parte de diferentes industrias, entre muchos otros.
Con este nombramiento realizado por Ma. Eugenia Campos Galván también se pierde toda esperanza de que exista seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del estado como el emprendido en la administración pasada con la transformación de la asistencialista Coordinación Estatal de la Tarahumara en la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI), una instancia a nivel de secretaría con enfoque en derechos humanos de los pueblos indígenas.
Ahora quedarán truncos los proyectos de soberanía alimentaria en la Sierra, el respeto al derecho a la consulta, el acompañamiento a procesos de base para la revitalización de los idiomas de los pueblos, el respeto al consentimiento libre, previo e informado, el esfuerzo de transversalizar el enfoque de derechos indígenas en toda la administración estatal, y el trabajo de armonización legislativa de las leyes del estado de acuerdo a los derechos reconocidos a nivel internacional, entre otros.
En este último sentido el ciudadano Comité Técnico Asesor trabajó voluntariamente durante cinco años en la elaboración de la Ley de Consulta y Participación de los Pueblos y Comunidades Indígenas, obligatoria ya para todos los estados; en la nueva propuesta de Ley de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades indígenas; Con la nueva composición del congreso, y la agenda del proyecto PAN-PRI se antoja difícil la aprobación de estas propuestas, pero el congreso debe ser consciente de sus obligaciones y sin distingo de colores debe cumplir con su aprobación de parte de la deuda que tiene el estado con los pueblos indígenas. Esperamos que actúe con visión y responsabilidad. También se trabajó en la armonización de alrededor de 13 leyes para que estén actualizadas de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y las leyes nacionales en la materia, entre otros ordenamientos obligatorios para México, pero está en manos de esta administración mostrar si tiene o no la voluntad de presentarlas al congreso.
Pero en el congreso no sólo ocupa una curul Omar Bazán Flores, violador de derechos indígenas, sino Noel Chávez, forestal mestizo de Guadalupe y Calvo quien con engaños al Instituto Estatal Electoral y a la ciudadanía de Chihuahua usurpó la candidatura indígena que correspondía por ley a un(a) integrante de pueblos indígenas de Guadalupe y Calvo.
También se espera por parte de Rascón una alianza con las organizaciones corporativistas como la que encabeza Enoel Carrasco y Tomás Ruíz que están tras de todo lo que huela a dinero, particularmente las indemnizaciones recibidas por las comunidades de la zona de El Divisadero y del municipio de Carichí, que ganaron juicios en defensa de sus tierras y territorio. Carrasco interpuso un amparo contra el aeropuerto entre varios intentos por acceder al control del dinero del fideicomiso, que se creó para indemnizar a la comunidad rarámuri de Bosques de San Elías Repechike. Estas alianzas de Rascón con falsos representantes de las comunidades indígenas se estrechan ahora en las cúpulas del legislativo, el ejecutivo y de los propios partidos.
Pero las personas integrantes de comunidades indígenas y la sociedad civil comienzan a asumir su papel y ya presentaron una solicitud de destitución de Rascón en change.org que superó las dos mil firmas. La Red de Mujeres Indígenas también entregó dos cartas en sentido similar, en donde impugna el nombramiento al frente de COEPI de alguien sin experiencia, señala un perfil idóneo para él o la titular, y en su nueva misiva, replica a la respuesta de la gobernadora de “dar el beneficio de la duda” a Rascón.
Al respecto, la Red tiene cero dudas de a quien representa el nuevo titular, y reivindica el derecho que tienen las comunidades a nombrar a una persona integrante de los pueblos que habitan en el estado. La comunidad rarámuri de Mogótavo también presentó una carta a la gobernadora y a la secretaría técnica del Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre manifestado su indignación ante la llegada a COEPI de un representante de los intereses de Omar Bazán Flores.
Más relevante aún, el 19 de agosto del presente, 17 autoridades indígenas de diferentes pueblos indígenas del estado solicitaron por escrito a la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado se aprobaran, a) la Reforma para modificar los artículos 8, 9 y 10 de la constitución, b) la Iniciativa para la Ley de Consulta del Estado de Chihuahua, y c) la Ley de Derechos del Estado de Chihuahua cuyos textos son resultado de consultas realizadas a sus comunidades. Se esperan más manifestaciones de repudio a las decisiones de Maru Campos respecto a la población indígena. Como consecuencia de esta ola de inconformidad, la situación ha llegado a difundirse en medios nacionales y no tarda en extenderse.
Es verdad que esta postura del ejecutivo es totalmente congruente con lo que se espera de un proyecto neoconservador aliado al PRI, pero la gobernadora debe recordar que el respeto a los derechos humanos no es un asunto de discrecionalidad, es una obligación del Estado y las comunidades indígenas ya no están dispuestas a aceptar retrocesos en este sentido.
HORACIO ALMANZA ALCALDE ES ANTROPÓLOGO SOCIAL, PROFESOR INVESTIGADOR DEL CENTRO INAH CHIHUAHUA, ACTIVISTA Y COLABORADOR DE VARIAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS.
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