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Exigen a gobierno de Maru Campos detener criminalización a indígenas rarámuri

Por Ecos de Mirabal/ Horacio Almanza

Los titulares de las administraciones cambian, pero el intento por despojar a las comunidades rarámuri de Mogótavo y Bosques de San Elías Repechike de su territorio sigue, denuncian organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las y los afectados.

Informan que el 4 de octubre de 2021 nuevamente el Juez de Control radicado en Cuauhtémoc citó al gobernador/siríame de la comunidad de Bosques de San Elías Repechike para audiencia de imputación de cargos por robo de madera, situación derivada de la defensa del bosque que ha hecho el gobernador, impidiendo junto con la comunidad que salieran camiones con madera, después de que hubo una orden de suspensión de los aprovechamientos forestales que los particulares violaran.

También citaron a 15 habitantes de la comunidad de Mogótavo, cuatro de ellos fallecidos, a audiencia para revisar el no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, por el delito de despojo agravado.

Los dos casos tienen antecedentes en el despojo originario que se hizo a estas comunidades, donde, a pesar de ser territorios habitados por comunidades indígenas, durante el reparto agrario fueron entregados en papeles a personas mestizas que nunca han vivido ahí.

En el caso de Bosques de San Elías Repechike explotaron el bosque y en el caso de Mogótavo, que se encuentra en las Barrancas del Cobre, explotaron el turismo, donde tiene intereses el grupo político-empresarial ligado al diputado Omar Bazán. 

Señalan que la situación no es privativa de estas comunidades. En la Tarahumara el reparto agrario favoreció a otras personas sobre comunidades indígenas. En toda la sierra hay comunidades asentadas originariamente en lo que se convirtieron en predios particulares, terrenos nacionales, ejidos y comunidades agrarias.

Explican que Bosques de San Elías Repechike y Mogótavo han tenido que empezar procesos jurídicos ante la amenaza por escrito de los particulares de que desalojaran el territorio donde siempre han vivido, sus casas, sus escuelas, sus iglesias, todo está en terrenos cuyo papel de propiedad el Estado dio a extraños, que se han convertido en enemigos. 

Llamaron a las autoridades a no seguir reproduciendo prácticas de la época de la Colonia, pretendiendo encarcelar a personas indígenas que no quieren ceder los territorios en donde siempre han vivido.

Recuerdan que en el siglo 21 hay tratados internaciones y leyes que ordenan al Estado reconocer a los pueblos indígenas la propiedad de los territorios que habitan.

Sostienen que no existen elementos jurídicos objetivos que configuren el delito de despojo pues es necesario que quien denuncie tenga la posesión del inmueble y ninguno de los particulares lo tiene.

Contrario a ello, son las personas de la comunidad quienes tienen la posesión. El despojo lo pretenden los denunciantes, por lo que esta persecución es utilizar el derecho penal para violentar a las personas indígenas defensores del territorio. El Poder Judicial del Estado no puede prestarse a los intereses de los despojadores de territorio. 

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