Por Óscar Rosales/ Ra´íchali
Con ausencias, evasivas e incertidumbre, fue lo que dejó la segunda audiencia pública sobre la tala ilegal en la Sierra Tarahumara, reunión que congregó nuevamente a organismos federales y estatales, frente a diversas asociaciones civiles que externaron su preocupación al desconocer el camino que seguirán las mesas de trabajo en la administración de la próxima gobernadora, María Eugenia Campos, cuyo equipo de transición no participó en el encuentro.
Durante esta audiencia, la Coordinadora Técnica de la Secretaría General de Gobierno, Johana González, informó que la minuta de la primera audiencia se firmó en su totalidad, lo que compromete a todos los participantes a llevar a cabo las acciones planteadas hasta el momento.
El ejercicio público dió seguimiento a los temas planteados de la primera audiencia realizada los días 29 y 30 de junio. Si bien esa primera audiencia ayudó a generar algunos acuerdos y compromisos, también se expusieron las deficiencias gubernamentales que han permitido el arrase de los bosques desde hace décadas.
Sin embargo, para la sociedad civil, existe todavía un problema de falta de voluntad política, tanto a nivel federal como estatal.
A tan solo unas semanas de que Javier Corral deje la gubernatura, el camino que seguirá el combate de la tala ilegal se sumerge en la incertidumbre.
Organismos federales, evasivos
Una de las principales preocupaciones de las asociaciones civiles durante la audiencia fue clara: ¿quién daría seguimiento a los planes y acciones de trabajo sobre la tala ilegal luego de la salida del actual gobierno estatal?
Ante dicho cuestionamiento, Diana Villalobos, directora de la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), propuso que el gobierno federal debería encabezar los esfuerzos conjuntos para no perder de vista los acuerdos generados durante las audiencias, ya que no existe certeza de que la nueva administración estatal lleve a cabo esta tarea.
En el mismo sentido, Villalobos enfatizó que si bien las dependencias federales y estatales cuentan con múltiples diagnósticos sobre la situación de los bosques en la Sierra Tarahumara, estos no han sido suficientes para llevar a cabo acciones contundentes por parte del gobierno.
Sin embargo, tanto Alonso Heredia, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) así como Manuel Chavéz, de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), reconocieron la incapacidad de sus dependencias para liderar un seguimiento puntual. Argumentan que quien debe encabezar este seguimiento a las audiencias es la autoridad estatal.
La evasiva de los organismos federales se vio respaldada, a su parecer, por las responsabilidades que les compete a cada uno de sus organismos, la falta de armonización de acciones entre dependencias y el inevitable cambio de los funcionarios entre periodos de gobierno.
Maru y municipios, los grandes ausentes
Aunque se exhortó a participar al equipo de transición de la gobernadora electa, uno de sus coordinadores, César Jauregui, rechazó la invitación, bajo el argumento de que carecían de facultades para participar en la reunión.
Sin embargo, según la misma página de la gobernadora electa, Maru ha llevado a cabo reuniones con la Secretaría de Relaciones Exteriores, miembros y candidatos electos del PRI y PRD, así como con personas del sector empresarial, pero en ningún momento ha entablado conversación con los grupos de sociedad civil que trabajan contra la tala inmoderada de la sierra.
Durante la audiencia, se enfatizó en la necesidad de involucrar al gobierno de Campos en estas mesas de trabajo antes de que acabe el periodo de Corral. Hasta el momento, desconocen la prioridad que se dará al tema los próximos seis años.
“Esa es la interrogante: ¿cómo nos irá a reaccionar la nueva administración estatal? Aunque la federal está igual, temerosa. No es un tema prioritario para ellos”, señaló en entrevista el padre Javier Ávila, director de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).
Para el activista, al igual que para el resto de las asociaciones civiles, el tema no ha sido prioridad ni para el estado ni para la federación. Es un asunto que se sigue tratando “con pinzas”, sin embargo, Ávila indicó que existe otro nivel de gobierno que tampoco ha dado la cara: el municipal.
“No hemos querido involucrar al municipio, que tiene mucha responsabilidad también”, comentó Ávila, refiriéndose a todas aquellas entidades municipales que se han visto afectadas por la tala clandestina, como Bocoyna, Madera, Guachochi, Guadalupe y Calvo, entre otras.
Aunque la Secretaria de Gobierno presentó durante la audiencia algunas propuestas para armar un plan integral basado en modelos internacionales y probados en otros países, no existen certezas de que el próximo gobierno siga esta ruta.
Sin camino definido
Luego de más de una hora y media de audiencia, no quedó claro cuál será el camino a seguir, sin especificar fechas exactas y sin saber si se realizará una tercera audiencia en el transcurso de las siguientes semanas.
A pesar de que algunas dependencias estatales, como la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (COEPI), externaron su interés por acelerar la creación de un protocolo de diagnóstico sobre la Sierra Tarahumara, que refleje la situación actual, se reconoció la falta de tiempo.
El único compromiso explícito que se registró en la audiencia, es la realización de un ejercicio cartográfico entre la COEPI y la SEMARNAT que permita identificar las comunidades indígenas que existen en los ejidos para llevar a cabo procesos de consulta. Dicha actividad deberá realizarse antes del 6 de septiembre.
Por su parte, las asociaciones civiles que han participado en las audiencias, solicitan enérgicamente que el equipo de la gobernadora electa de Chihuahua contemple una reunión con ellos en las próximas semanas, ya que el problema ha impactado social y ambientalmente en todo el estado.