Por El Devenir
— El Comité de Salud Pública y Defensa Ciudadana interpuso ante el Consejo de la Judicatura Federal una queja formal ante las constantes suspensiones provisionales para evitar sujetar a proceso a la presidente municipal con licencia de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, dio a conocer el diputado local suplente, Román Alcantar Alvídrez.
Agregó que hasta ahora son 12 las audiencias diferidas en los dos casos donde se señala a Campos Galván por mal uso de recursos públicos, las que han generado un gasto total de 300 mil pesos, ya que cada una tiene un costo de 25 mil pesos.
Ocho de esos trámites están relacionados en el expediente conocido como “nómina secreta”, mientras que otros cuatro con el de “Maru moches”-
Pareciera, dijo, que hay un interés del Poder Judicial para propiciar la impunidad de Campos Galván para que evada la acción de la justicia, tal y como lo ha logrado hasta la fecha el líder del “perverso clan Duartista”, César Augusto DJ, quien desfalcó las arcas del erario de Chihuahua con muchísimos millones de pesos.
Como si fuera poco el dinero robado al presupuesto Chihuahuense, los gastos que origina la convocatoria a diligencias y su diferimiento representan otro perjuicio para los chihuahuenses, pues con ese dinero bien podría adquirirse, por ejemplo, equipo digital para presenciar las audiencias públicas desde el exterior de las salas.
Lo que más lastima a los chihuahuenses, expuso, es la burla que hace la candidata Campos Galván con relación a las acusaciones que pesan en su contra al omitir su asistencia a las audiencias informativas aún cuando es la inculpada.
Las ocasiones en que ha asistido, se ausenta de forma intempestiva sin motivo ni autorización de la autoridad; además, llega tarde a las citas judiciales, entra por lugares privilegiados, se muestra irrespetuosa hacia la representación social (el Ministerio Público) y su defensa proporciona información falsa al juez de Distrito para obtener las suspensiones provisionales.
“No debemos caer en el juego de la deshonestidad y compadecernos de Campos Galván, debemos exigir justicia, si no es culpable, que dé la cara”, expuso.
Junto a Alcantar Alvídrez, abogados que conforman el Comité aportaron también su perspectiva del caso: Rafael Vázquez Pérez, dijo que la justicia debe ser pronta y expedita, lo que no ocurre en este caso porque, con cada diferimiento que se hace de la audiencia, este propósito no se logra.
“Estamos observando que al diferir se está violentando el orden del procedimiento, se sabe que para formular imputación ya se cumplieron los requisitos de legalidad y no encontramos, desde el punto de vista jurídico, una justificación del por qué se siguen haciendo estos diferimientos, eso es lo que preocupa a la comunidad en general”, declaró.
El abogado, José Alfredo Díaz de León, consideró que el asunto principal en este caso es que se trata con demasiada benevolencia a la candidata Campos Galván, cuando asiste a la Ciudad Judicial en Chihuahua ingresa por un lugar por donde no se le permite a los demás.
También atrasa hasta una hora y media la audiencia, mientras que a cualquier otra persona con 15 minutos de retraso se la cancelan: “con ella hay demasiada tolerancia, no entendemos por qué el tribunal está coadyuvando para que se esté cometiendo la impunidad”.
Gregorio Pérez Gastelum, litigante, mencionó que ha visto desde un principio la existencia de una simulación.
“Siendo objetivos, vemos que existe un show mediático con contubernio, que forma parte de la manera diaria que vemos de parte del Gobierno del Estado y de la Fiscalía, aplican la justicia con excepciones, entonces no son objetivos, con tristeza vemos que hay contubernio”, expresó.
La abogada, Alicia Felisola, indicó que su punto de vista es que no se deben diferir tanto las audiencias porque sólo retrasan el proceso.
“La ciudadanía queremos saber si Maru es inocente o culpable, sobre todo porque pretende ocupar un puesto tan importante”, dijo.