Por La Jornada
Chihuahua— El rarámuri Julián Carrillo Martínez, defensor del bosque de la comunidad Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, fue asesinado la noche del miércoles. En su última llamada telefónica informó a una organización civil que estaba en un cerro, adonde había huido porque un grupo de sicarios lo estaba buscando, dieron a conocer la Alianza Sierra Madre AC (ASMAC) y Amnistía Internacional (AI).
El dirigente estaba incluido en el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación (SG) desde el 20 de febrero de 2014, a fin de garantizar su integridad física y la de otras autoridades y representantes de esa comunidad indígena, quienes han sido amenazados por su activismo en defensa del bosque.
El asesinato fue perpetrado una semana después de que el Tribunal Superior Agrario resolvió un litigio en favor de la comunidad rarámuri de Choreachi, aledaña a Coloradas de la Virgen y representada por los mismos abogados que asesoraban al activista.
ASMAC y AI dijeron que personas allegadas a Julián Carrillo encontraron su cadáver ‘‘totalmente destrozado’’ después de que se escucharon disparos en el poblado de Coloradas de la Virgen.
Teléfono inservible
Después de la llamada en la que el activista alertó que lo estaban persiguiendo, personal de ASMAC intentó comunicarse con él al teléfono satelital que le dio Gobernación, pero sólo se escuchaba una grabación que decía que el teléfono no estaba programado para recibir llamadas.
Explicaron que Carrillo Martínez estaba en riesgo muy alto por ser presidente de los bienes comunales de Coloradas de la Virgen. En meses recientes se avisó a la SG y a la Fiscalía General del Estado (FGE) que había huido junto con otros líderes de la comunidad tras el asesinato de varios de sus familiares.
El primero de julio de 2016 Julián fue testigo del asesinato de su hijo Víctor Carrillo. Ese día también fue asesinado su sobrino Guadalupe Carrillo Polanco; en 2017 se cometió el homicidio de Alberto Quiñones Carrillo, otro de sus sobrinos, y en julio pasado pistoleros mataron a su yerno, Francisco Chaparro Carrillo.
Los indígenas de Coloradas de la Virgen mantienen un litigio ante el tribunal unitario agrario del quinto distrito para demandar que se les reconozca como legítimos propietarios de su territorio ancestral y de una porción del bosque en los límites entre Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Julián Carrillo y otros activistas exigieron anular permisos de aprovechamiento forestal que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó a pobladores mestizos en el territorio indígena.
La FGE condenó el homicidio e informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigación, del Ministerio Público, peritos y analistas iniciaron las pesquisas; además, en coordinación con el personal de la Comisión Estatal de Seguridad, se inició la búsqueda de los asesinos.
Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de AI en México declaró: ‘‘Condenamos el asesinato de Julián Carrillo y exigimos a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial. Es imprescindible que el crimen no quede en la impunidad. De no ser así, las autoridades mexicanas estarían alentando otros ataques’’.
ASMAC solicitó a la junta de gobierno del mecanismo de protección que revise este caso en la reunión ordinaria que se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre.
El mecanismo de protección falló y AI pidió a las autoridades federales y estatales protección ‘‘real’’ para los familiares de Julián Carrillo e integrantes de ASMAC.
‘‘Instamos a la FGE a investigar oportuna y diligentemente el caso, con el fin de identificar a todos los autores materiales e intelectuales para procesarlos y sancionarlos respetando las garantías del debido proceso.
‘‘Además solicitamos que se revise a la brevedad posible la aplicación del plan de contingencia tendiente a la identificación y erradicación de las causas estructurales que permiten los ataques a personas defensoras de derechos humanos, con miras a fortalecer las medidas necesarias para garantizar su trabajo en regiones con alta presencia del crimen organizado y ausencia de las autoridades’’, exigió ASMAC en un posicionamiento junto con otras organizaciones civiles y colectivos.