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Una Comisión de la Verdad, necesaria para la paz

Por Marcela Turatti/Proceso

—¿Por qué en Guatemala, país que por tres décadas vivió un cruento conflicto interno, actualmente los asesinatos van disminuyendo, mientras que en los países vecinos con similares problemas de penetración de crimen organizado –México, Honduras y El Salvador– los homicidios suben a niveles de epidemia? ¿Qué ocurrió en Argentina, donde una mayoría silenciosa aceptó miles de desapariciones de personas durante la guerra sucia, para que el año pasado hubiera protestas masivas en rechazo a la desaparición de una sola persona? ¿Cómo fue posible que Alberto Fujimori terminó encarcelado por homicidios, secuestros y actos de corrupción cometidos durante su presidencia? ¿Por qué las fuerzas armadas chilenas no se rebelaron y aceptaron como ministra de la Defensa a una mujer que durante la dictadura fue una prisionera política torturada? ¿Qué tienen estos países en común?

Guillermo Trejo y Fabián Sánchez Matus coinciden en una respuesta: esos países aceptaron la creación de comisiones de la verdad que fueron exitosas y que junto con otros mecanismos les permitieron “dar vuelta a la página” de su historial de violencia.

Los ejemplos vienen a colación porque ambos expertos en justicia transicional forman parte de la plataforma que une a organizaciones sociales, colectivos de víctimas y académicos –autonombrados Grupo Verdad y Memoria– que propone al futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador crear una Comisión de la Verdad y Memoria Histórica (CVMH) en México, que permita conocer, de voz de las víctimas y utilizando archivos, documentos oficiales e informantes claves, las atrocidades ocurridas en México los últimos 12 años de “guerra contra las drogas”, así como revelar los mecanismos del horror que la hicieron posible.

La propuesta que el variopinto colectivo ha ido diseñando desde 2015 parte del diagnóstico de que la estrategia de “guerra contra el narcotráfico”, iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto ha generado graves violaciones a los derechos humanos y crímenes atroces cometidos por agentes del Estado y por miembros del crimen organizado (a veces en complicidad, otras en confrontación) y es causante del asesinato de más de 130 mil personas, la desaparición de más de 33 mil, el desplazamiento de más de 329 mil, el asesinato de cientos de periodistas, políticos, funcionarios y líderes sociales y religiosos, y la existencia de al menos mil fosas.

Y puesto que el Estado mexicano actúa como si esta violencia no existiera, alimenta la impunidad; y al intentar buscar justicia, las miles de víctimas sólo han sido revictimizadas.

El documento con la propuesta que entregarán a la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, plantea que la comisión debe ser un organismo autónomo, aprobado por el Congreso y financiado tanto por el erario público como por organismos internacionales. Además, debe encabezarla una decena de comisionados, expertos mexicanos e internacionales, que deberían contar con el apoyo de 500 investigadores que escuchen a las víctimas e indaguen la identidad de quienes cometieron hechos como desapariciones, asesinatos, tortura y violencia sexual (sean agentes del Estado o miembros de organizaciones ilegales), y determinen los patrones, métodos y causas de la violencia. El trabajo deberá durar tres años. Correspondería al presidente formalizar la constitución de la comisión.

Las etapas, la justificación, los objetivos y los detalles logísticos están esbozados en el documento Romper el silencio: hacia un proceso de Verdad y Memoria en México, presentado por el grupo la semana pasada en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para someterlo a consulta de víctimas y de organizaciones sociales. Como aval de la propuesta estuvo presente el representante del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Jan Jarab.

Con AMLO, “una ventana de oportunidad”

Para conocer la propuesta presentada, las dudas al respecto y sus desafíos, este semanario entrevistó a Guillermo Trejo (profesor de Ciencia Política que trabaja en la Universidad de Notre Dame, experto en violencia criminal, derechos humanos y justicia transicional, encargado de redactar la propuesta de la CVMH) y al abogado en derechos humanos Fabián Sánchez Matus, ambos miembros de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción.

Comienzan explicando que las comisiones de la verdad sirven para que las víctimas, al romper su silencio y saberse escuchadas, satisfagan su derecho a la verdad, se pueda reconstruir la historia de lo que pasó estos dos sexenios, los patrones y las causas, el Estado reconozca lo sucedido, cambie la narrativa, adopte políticas públicas dedicadas a que las atrocidades no vuelvan a repetirse y otorgue reparación jurídica a las víctimas.

Los integrantes de la plataforma consideraron que se abría “una ventana de oportunidad”, al escuchar los anuncios del virtual presidente y su equipo sobre el inicio de un proceso de justicia transicional, la necesidad de un proceso de paz, la intención de crear comisiones de la verdad, así como su reconocimiento a la violencia desbordada. “Esta oportunidad no se va a repetir”, opina Trejo.

Desde el futuro gabinete, Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, comenzaron a adelantar –no sin contradicciones– los planes para lograr la pacificación del país y la reconciliación nacional, entre las que mencionan la propuesta de dar amnistía a personas que, por su situación de vulnerabilidad (campesinos, mujeres e infantes pobres) fueron enganchadas para cultivar, transportar o cometer delitos no graves ligados a las drogas.

También plantean la creación de comisiones de la verdad, según Durazo, dedicadas a casos emblemáticos como la masacre de los 72 migrantes o la desaparición de los 43 normalistas, o comisiones estatales que indaguen lo ocurrido en lugares como Guerrero o Tamaulipas, según la exministra.

El momento político es propicio para buscar la verdad, diagnostica Trejo: colapsó el binomio político PRI-PAN que gobernó al país; el sistema de partidos se reconfigura de manera dramática; habrá un cambio radical en política de seguridad; la alternancia fue vía la izquierda; hay una demanda ciudadana de acabar con la impunidad, y quien encabezará el próximo gobierno anuncia que buscará la paz.

Estos 12 años en México hubo múltiples conflictos (algunos porque el Estado enfrentaba al crimen organizado, otros por la pugna entre cárteles) y en todos ellos la población civil pasó a ser víctima.

“La masividad de víctimas es tal que se requieren mecanismos extraordinarios”, explica Trejo, quien menciona que las instituciones de impartición de justicia están colapsadas, rebasadas o capturadas por el crimen.

Explica que, en términos de muertes, la estrategia mexicana antidrogas ha generado siete veces más homicidios que cualquier guerra civil del siglo XX y sus atrocidades son equiparables a los peores de esos conflictos; en 12 años México alcanzó 150 mil asesinatos relacionados con la disputa por las drogas, muy cerca de los asesinatos cometidos en Guatemala (200 mil) durante su guerra civil de tres décadas; en tanto, las desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado mexicano (al menos 3 mil 500 del total de 35 mil), superan ya las 2 mil 500 desapariciones forzadas durante la dictadura de Pinochet.

Medidas simultáneas

La ecuación para transitar a un estado democrático de derecho no sólo consiste en la búsqueda de la verdad; es mejor si se conjuga con llevar a la justicia a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos.

Los procesos de verdad y justicia, explica Trejo, llegan a ser “cismas democratizadores” o “accountability shocks” (shocks anti-impunidad) que sirven como enseñanza a los perpetradores de que estos crímenes no deben repetirse y los desincentiva saber que corren riesgo de ser castigados.

El ejercicio, para estar completo, debe acompañarse también de reformas penales, el rediseño de una nueva fiscalía, la creación de políticas públicas y la activación de herramientas de la justicia transicional.

Trejo menciona que el caso de El Salvador, donde se dio una amnistía, es un ejemplo del que México no tiene “nada que aprender”, porque conceder perdón a perpetradores sólo ha originado un incremento de violencia. Al amnistiar a los perpetradores “se neutralizaría” la ola democratizadora.

¿Por qué crear la comisión ahora cuando México sigue en guerra?, es una pregunta que han escuchado varias veces. Sánchez Matus menciona que lo que ocurre en Colombia es una muestra de que estos procesos no deben comenzarse hasta que termine la guerra, porque allá, desde antes de la entrega de armas, hubo una Comisión de Memoria Histórica que investigó casos emblemáticos de violencia, al mismo tiempo grupos sociales hicieron sus propias comisiones para documentar lo que les ha ocurrido (como el informe de las mujeres), paralelamente se abrieron juicios contra perpetradores, y eso ayudó a que ahora exista la comisión de la verdad.

¿Vamos a ver en la cárcel a Calderón y a Peña Nieto?, se les pregunta. Trejo responde que justamente lo que hay que evitar es que opere una “lógica vengativa” enfocada en “agarrar peces gordos”. Dice que el proceso debe estar libre de ideologías y que, cuando se encuentren evidencias de crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos cometidas por cualquier persona, deberá abrirse un juicio justo. Y si se les encuentra culpables merecerán castigo, como ocurrió en Perú con el expresidente Fujimori.

Agrega que, si bien 15 años antes del sexenio de Calderón ya se había iniciado una guerra entre cárteles, la estrategia de seguridad pública militarizada de ese mandatario originó “múltiples guerras por el control de las drogas”, que mutaron en otras por el control del territorio para la extracción de recursos, riquezas naturales y de seres humanos. “Actualmente grandes bolsones del país están bajo una gobernanza criminal de facto”.

¿Cuál puede ser la reacción del crimen organizado ante esta propuesta de pacificación? Trejo, experto en gobernanza criminal, diagnostica: “Se esperaría un coletazo bien fuerte”, una resistencia y un estallido de violencia. Pero, al mismo tiempo, al comenzar a desmantelar las redes de macrocriminalidad (producto de la colusión del Estado con el crimen organizado) se manda una señal de que se acabará la impunidad y eso los desincentivará de brindarse protección.

Sánchez agrega: “Es una tarea titánica, va a tardar tiempo en ver los resultados”, y menciona que a la par se debe rediseñar la fiscalía, crear un órgano como la comisión anti-impunidad de Guatemala, así como empezar un proceso de justicia transicional y la búsqueda de paz.

Entre las organizaciones de la plataforma se debate si la comisión sólo debe abarcar los años de la guerra por el control de las drogas, a lo que algunos grupos de derechos humanos y víctimas se oponen porque consideran que se debería investigar desde 1968 y lo ocurrido en la guerra sucia. “No decimos que no, la idea es entender patrones de impunidad y algunos casos quizás nos van a llevar al pasado”, dice Sánchez.

Algunos casos tendrán su raíz en la colusión entre el Estado y el crimen organizado, que empieza en los setenta, cuando los elementos encargados de exterminar a disidentes políticos pasaron a proteger redes de narcotráfico.

“Si metes la violencia criminal de los últimos 60 años corres el peligro de hacer inviable la comisión y se rompe la ventana de oportunidad porque en tres años la gente te va a pedir resultados. Si lo extendemos, comprometemos el éxito”, opina Trejo, quien de todos modos considera que la comisión desencadenaría “otros tipos de procesos de búsqueda para la guerra sucia”.

Ambos especialistas consideran que la propuesta de formar comisiones de casos específicos o sólo para algunos estados, como lo esbozan los futuros secretarios de Estado, no dará el mismo resultado que crear una comisión nacional. Añaden que así lo indican las experiencias internacionales.

Lo que se busca, dice Sánchez Matus, es identificar patrones nacionales y locales, formas del horror y las causas. “Si se hace regional, dejas de entender todo lo que pasó en el país”, dice. “Y muchas víctimas no serán escuchadas”, agrega Trejo.

La propuesta no especifica los costos económicos, pero especifica que “los beneficios sociales son tremendos; es más costoso mantener la violencia y los costos que ésta genera”.

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