Por AN
—Se trata de la primera resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que se pronuncia sobre violencia por parte de autoridades contra una mujer periodista.
La periodista Lydia Cacho obtuvo una resolución favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH), que concluyó que la detención de la que fue objeto en diciembre de 2005 violó sus derechos humanos y fue discriminatoria por razón de género.
ONU-DH determinó que el Estado mexicano debe realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por Lydia Cacho, procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a los responsables, ofrecer una compensación adecuada a la periodista y adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, mediante la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.
Se trata de la primera resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que se pronuncia sobre violencia por parte de autoridades contra una mujer periodista, destacó la organización en defensa de la libertad de prensa Artículo 19 en un comunicado.
El 16 de diciembre de 2005, Lydia Cacho fue detenida en Quintana Roo por un grupo de 10 personas y trasladada a Puebla, acompañada de policías judiciales de Quintana Roo.
“El trayecto a Puebla duró aproximadamente 20 horas. A Lydia no se le permitió ingerir alimentos, no se le suministró el medicamento para tratar bronquitis diagnosticada, se le autorizó ir al baño una sola ocasión y realizar una breve llamada a su pareja, no se le permitió dormir. Fue víctima de tortura psicológica y física, tocamientos e insinuaciones sexuales, amenazas de muerte y violencia verbal y física, durante el trayecto y durante su detención en la Procuraduría General de Justicia de Puebla”, recordó Artículo 19.
Su detención, calificada como arbitraria por ONU-DH, fue derivada de un proceso judicial en su contra por la publicación del libro “Los Demonios del Edén”, en el que se señalaba a altos empresarios y autoridades involucrados en la explotación sexual infantil.
Por esos hechos sólo uno de los policías que participó en la detención de Lydia Cacho ha sido sentenciado por el delito de tortura, mientras otro se encuentra prófugo. Sin embargo, las demás violaciones a derechos humanos y sus perpetradores materiales e intelectuales permanecen impunes.