Por Ernesto Camou Healy
— Ha causado revuelo el anuncio del presidente López Obrador en el sentido de que dio instrucciones al Servicio de Administración Tributaria para cobrar los adeudos de empresas que deben cantidades que pueden llegar a los 50 mil millones de pesos. De inmediato surgieron voces que se inconformaron, alguno lo llamó “fantasía” del ejecutivo; pero si uno piensa la historia reciente de nuestro País, el pasivo parece real: El influyentismo ha sido una enfermedad crónica en nuestra vida pública.
Que haya quince empresas que adeudan en promedio unos tres mil 300 millones de pesos, cantidad seguramente menor a las ganancias que consiguieron en los años que se negaron a sufragar su saldo, no es poca cosa. Y mientras ellas mantenían su negativa, la mayor parte de los trabajadores sí pagaba sus impuestos mediante la retención impositiva a su salario. Una situación de extrema desigualdad, absolutamente injusta para la mayoría que no tiene más opción que contribuir sobre su, a veces minúscula, quincena.
Se preguntará uno cómo es posible dejar de pagar esas sumas millonarias y por cuánto tiempo lo hicieron. Resulta obvio que acumular tal débito es cosa de décadas en las que lograron escabullir el bulto a los cobradores de Hacienda. Y eso, en nuestro contexto, se logra a base de componendas, de arreglos en lo oscurito, de gratificaciones a funcionarios para que se hagan la vista gorda: Simples operaciones que muchos han considerado normales a lo largo de nuestra historia, reciente y añeja, y que hay que llamar por su nombre: Delitos.
Y esa presunta normalidad es la que quiere erradicar el actual Gobierno. Para muchos es tarea imposible y no deseable: Arguyen que la “mordida” es el aceite que lubrica al aparato estatal, y sin ella, la actividad declina y se va extinguiendo. No está de más aclarar que muchos de los que consideran este engrasado como necesario, son precisamente quienes se han beneficiado con él. Hace varias décadas me tocó escuchar a un capitán de empresa que deploraba la presencia de cierto personaje como secretario de Estado con el argumento de que no se podía hacer negocios con él, porque “era honesto”.
Si bien es verdad que la corrupción no es privativa de México, eso es escaso consuelo porque hay muchas naciones que tienen niveles de descomposición mucho menores a los de acá. Y que en otros lugares haya podredumbre de ninguna manera nos exime de luchar contra ella y tratar de erradicarla; eso sería rendirnos y hacer a nuestro País inviable, sobre todo en esta etapa de globalización en la que tenemos trato y comercio con economías más vigorosas y más ordenadas, que difícilmente accederán a practicar aquí, lo que allá les prohíben (y acá también, pero hay muchos que tienen extrema destreza para mirar a otro lado…).
Cobrar adeudos pendientes, y también irregulares, es la obligación de cualquier Gobierno y si no lo hiciera incurriría en desacato a su mandato: Habría que enjuiciarlo por su negligencia, que es lo que se debería haber hecho con buena parte de los responsables de los últimos sexenios; pero no se hizo y ese es el meollo del problema: Hay antiguos funcionarios y también dueños y directivos de grandes compañías que temen perder beneficios, y ser objeto de investigaciones judiciales que les provoquen molestias, para ellos inusuales. Y son ellos quienes han desplegado una muy intensa campaña de desprestigio, incluso llamando al golpe de Estado, contra el Gobierno actual: Para ellos la democracia sólo vale si la usan a su favor. Tienen un nombre, mezquinos.
Intranquiliza además, la repetición acrítica y frívola que muchos y muchas hacen de esos mensajes diseñados para promover la inquietud y crear un clima de hostilidad a un Gobierno que está haciendo las cosas mejor que cualquiera de los últimos 50 años: Es por demás insensato hacerle el juego a los que conspiran por preservar ventajas tramposas o ganancia política.