Elio Henríquez, corresponsal | La Jornada
San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), afirmó que “a dos años de la Asamblea Constituyente del Concejo Indígena de Gobierno, del Congreso Nacional Indígena (CNI), las agresiones a los pueblos, comunidades y organizaciones se intensifican como parte de una estrategia para contener las resistencias civiles y pacíficas en defensa del territorio”.
Agregó que “en el epicentro de los hostigamientos y de la criminalización se encuentran las defensoras, quienes son cuidadoras de sus milenarias culturas y de la madre tierra”.
En un comunicado, dijo que “una mirada a las resistencias en México nos ejemplifica las constantes violaciones a derechos humanos a pueblos que se oponen al despojo y defienden su derecho a la autonomía”.
Sostuvo que “en Chiapas, integrantes del CNI del pueblo chol de San José El Bascán, municipio de Salto de Agua, se encuentran en riesgo de ataque armado y desplazamiento forzado”, mientras que en Oaxaca, el Comité en Defensa de los Pueblos Indígenas (Codedi) “es constantemente perseguido y cuatro de sus integrantes fueron detenidos arbitrariamente este año, y el 19 de abril, un ataque armado dejó cinco personas heridas en Huatulco”.
Aseguró que “desde diciembre del 2018, el CNI ha denunciado despojos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, criminalización e intentos de ejecuciones; destacan además los ataques a medios comunitarios que ejercen el derecho a la libre expresión en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.
Abundó: “De acuerdo con información publicada en el portal del CNI, el 18 de mayo de 2019, personas que portaba armas largas ingresaron al domicilio de Salvador Sánchez Bolaños, comunicador de Radio Tlacuche, quien ha recibido amenazas de muerte relacionadas con su labor de denuncia del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzala, de Minera Autlán, en San Pablo Zoquitlán, por lo que junto con su familia se desplazó forzadamente de su comunidad”.
El Frayba señaló que en ese contexto, al menos seis defensores del territorio integrantes de pueblos originarios que se articulan en el CNI han sido asesinados en México en lo que va del 2019, entre ellos Samir Flores Soberanes, opositor al Proyecto Integral Morelos, fundador del Frente de Pueblos Morelos, Puebla, Tlaxcala y de la Radio comunitaria Almitzingo, quien fue ejecutado el 20 de febrero, en Almicingo, Morelos, y Julián Cortés Flores, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, ejecutado el 12 de abril, en San Luis Acatlán, Guerrero.
Además, José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, ambos promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, ejecutados el 4 de mayo, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, así como Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, indígenas nahuas y promotores locales del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata Cipog-EZ, ejecutados el 23 de mayo de 2019, en Chilapa de Álvarez, Guerrero.
“Esta lógica de guerra en contra de los pueblos que construyen autonomía, se reproduce en el incremento de la militarización a territorios zapatistas, especialmente las incursiones, los sobrevuelos y el espionaje del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas), cerco que se profundiza con la presencia de la Guardia Nacional en la región, lo cual aumenta los riesgos a la integridad y seguridad de la población”, aseveró.
Afirmó que “la militarización se impone en las calles de nuestras ciudades y comunidades con el discurso de ‘combate a la delincuencia’, pero se aplica como acto de intimidación y represión a las resistencias autónomas. Es la misma, pero renovada estrategia contrainsurgente que en Chiapas ha significado crímenes de lesa humanidad como masacres y ejecuciones extrajudiciales, además de desplazamientos forzados desde 1994”.
Ante ello, el Frayba exigió al Estado mexicano que “cese las agresiones a pueblos, comunidades y organizaciones que integran el CNI; que se haga justicia para los defensores y comunicadores asesinados en el país y alto a la militarización en Chiapas y México”.