Por Ernesto Camou Healy
Hace unos días AMLO reveló que el Grupo México había pedido una compensación de 9,500 millones de pesos por permitir al Gobierno recuperar un tramo de unos 123 kilómetros de vía férrea que permitirán concluir el proyecto de un corredor transoceánico en el Istmo de Tehuantepec.
El comentario del Ejecutivo fue que no se estaba comprando una propiedad, puesto que se trataba de una concesión de un bien del Estado asignado a un particular por un tiempo determinado, para que lo administre y obtenga una utilidad justa por su uso, y así lo hizo ver en su presentación en televisión. Se armó un escándalo en el que algunos acusaron al Gobierno hasta de dictatorial, y por la otra parte, el Grupo México, su filial Ferrosur y Germán Larrea, devinieron los villanos en el conflicto, al pretender lucrar con un recurso que es propiedad del pueblo de México. Pero el asunto tiene sus bemoles y conviene profundizar para entender…
Se debe subrayar que el proyecto de un corredor ferroviario entre el Pacífico y el Golfo de México es una aspiración añeja, ya don Porfirio Díaz lo había contemplado, y un objetivo importante para el País, pues permitirá mover mercancía mediante contenedores, entre los dos cuerpos de agua más importantes del globo. Cuando funcione disminuirá el tráfico por el Canal de Panamá y abaratará el paso entre ambos mares. Constituirá, además, un polo importante de desarrollo en el Sur de México que generará divisas para nuestra economía.
El Grupo México, por su parte, controla, gracias a Ernesto Zedillo, más de 11 mil kilómetros de vías, más de la mitad de las existentes en el País, lo que puede calificarse de un monopolio un tanto azaroso para la Nación. Pero, además, dicho conglomerado ha sido negligente en sus operaciones, lo que le ha generado algo más que mala fama: Es el propietario de la mina Pasta de Conchos en Coahuila en donde, allá por el 2006, una acumulación de gas provocó una explosión que segó la vida de 65 mineros, originada por las condiciones de inseguridad en los socavones: Se trabajaba en condiciones más parecidas a las de minas del siglo 19 que en los albores del siglo 21.
El mismo Grupo México, por sus pésimas condiciones de seguridad, no impidió el derrame de jales y desperdicios de su mina de Cananea a los ríos Bacanuchi y luego al Sonora, en 2014. Al parecer las empresas de Larrea cuidan poco las vidas y el medio ambiente, y se preocupan solamente por las ganancias. Eso los califica como propietarios desaseados y poco generosos.
Sin embargo, la negociación entre la empresa y el Gobierno tuvo visos de sainete, pues Larrea replicó solicitando 9,500 millones de pesos por el tramo de vía; ante tal oferta el Ejecutivo, en una especie de regateo descomunal, habló de expropiación y mandó a militares a “custodiar” la vía, sin impedir el uso por parte de Grupo México.
La cifra millonaria que solicitaba Larrea no parece tan desquiciada: Asciende a unos 78 millones de pesos por kilómetro, cuando construir uno, actualmente, puede llegar fácilmente a los mil o mil 500 millones de pesos. Pero es concesión, afirmó el Presidente en el intento de bajar el costo, a lo que reviró el Grupo haciendo la finta de retirarse de la puja, y también de la compra de CitiBanamex, lo que llevó a que el miércoles pasado Andrés Manuel anunciara que se iba a cerrar el acuerdo con Grupo México.
Ayer viernes, se informó que el convenio entre Larrea y el Gobierno fue que se entregarán 127 kilómetros de vía, recibirán 836.8 millones de pesos, se les extenderá la concesión por ocho años más y seguirán usando ese tramo, mediante un exiguo pago.
Fue una negociación rápida con momentos dramáticos que concluyó pacíficamente: México podrá terminar el corredor férreo transístmico y Ferrosur tendrá la concesión por más tiempo y recibirá una compensación económica razonable.
Ernesto Camou Healy es doctor en Ciencias Sociales, maestro en Antropología Social y licenciado en Filosofía; investigador del CIAD, A.C. de Hermosillo.