La comunidad rarámuri de Bosques de San Elías Repechique realizó un plantón para exigir reconocimiento legal de su territorio. En 2014, un juez reconoció su derecho ancestral, pero los títulos de propiedad siguen en manos de particulares mestizos.
Texto y fotografías por Raúl Fernando | Raíchali
El sábado 19 y domingo 20 de noviembre la comunidad rarámuri de Bosques de San Elías Repechique realizó un plantón en la carretera entre Creel y San Rafael, por la cual a diario pasan cientos de turistas, para exigirle a las autoridades mexicanas la titulación de su territorio ancestral y respeto a su forma de vida.
“Estamos manifestándonos en la entrada del aeropuerto porque el gobierno del estado no nos ha reconocido el derecho al territorio. También exigimos a los juzgados federales que nos reconozcan” dijo en entrevista Luis Javier Pérez, segundo gobernador de la comunidad.
Pérez mencionó que la libre determinación sobre el territorio y otros derechos pertenecientes a los pueblos indígenas están reconocidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y también por la Organización de las Naciones Unidas.
“Son los derechos que nosotros reconocemos y que México ratificó. Eso es lo que pedimos al gobierno que nos reconozca”, continuó.
Por horas los manifestantes se plantaron en la carretera con mensajes de respeto a sus derechos como pueblo indígena escritos en cartulinas. Los automóviles se detenían por unos segundos para recibir los volantes que habían preparado, para luego continuar su camino.
“¡Eso! ¡luchen por sus derechos! ¡no se dejen!” gritó una mujer en apoyo a los manifestantes.
En 2014 la comunidad de Bosques de San Elías Repechique se amparó contra la construcción del aeropuerto regional de Creel dentro de su territorio porque el proyecto violó su derecho a la consulta libre, previa e informada, un derecho garantizado por el Convenio 169 de la OIT.
Primero cercaron el área, lo que impidió el paso de los animales de pastoreo de la comunidad y también bloqueó las veredas que a diario usaban las familias para ir a la escuela o de una ranchería a otra, recuerda Luis. Luego, comenzaron a tirar los pinos y la construcción afectó los aguajes.
Aunque el amparo no logró detener la construcción del aeropuerto, que hoy sigue inoperante, el juez sí condenó al estado de Chihuahua, en ese entonces gobernado por César Duarte (hoy preso), por los daños a la comunidad y estableció la creación de un fideicomiso con 65 millones de pesos para reparar el daño y que la comunidad pudiera realizar proyectos productivos.
Además, el juez reconoció los derechos de posesión ancestral de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique. Sin embargo, los títulos de propiedad siguen a nombre de particulares mestizos que viven en otros lugares del país.
“Hay dos derechos que están en conflicto, el derecho de posesión de la comunidad y el derecho a la propiedad de los particulares”, explicó Isabel Saldívar, una de las asesoras legales de la comunidad por parte de la asociación Consultoría Técnica Comunitaria (Contec). “Pero en realidad jurídicamente están iguales. Por eso es el juez el que debiera determinar cuál derecho es mejor y qué se protege, si a un particular el derecho a toda esta tierra o a una comunidad que siempre ha vivido aquí”.
La falta de titulación del territorio a nombre de la comunidad ha ocasionado múltiples problemas a sus integrantes, desde no poder acceder a programas sociales hasta obstáculos para proteger el bosque ante la tala.
Víctor González, comisario policía de Batuibo, una de las rancherías más alejadas de la comunidad, explica que decidieron protestar para que les hagan caso. Si ellos son los que cuidan el bosque, dice, deberían también ser ellos los propietarios legales de este.
“Año con año sembramos y defendemos el bosque como a un ser humano. Cuando hay un incendio nosotros somos los que apagamos la quemazón y ellos no se paran por aquí. Tienen papeles pero no vienen a cuidar el bosque”, dijo Víctor en entrevista.
Miembros de la comunidad rarámuri de Mogótavo, que enfrenta un problema similar, también se hicieron presentes en el plantón para apoyar a Repechique.
El fideicomiso, trabado
En 2021 la comunidad pidió al Comité Técnico del Fideicomiso tres proyectos que siguen sin ser aprobados: la construcción de una casa comunal en el centro de Repechique, un programa de mejoramiento de vivienda y la compra de un tractor con fines agrícolas.
A más de un año de que estos proyectos fueron solicitados, el comité técnico sigue sin liberar el recurso, por lo que no se han llevado a cabo. Este comité está conformado legalmente por ocho personas, cuatro de la comunidad y cuatro de parte del gobierno. Sin embargo, la comunidad alega que se han instalado empleados de gobierno que no permiten que se lleven a cabo las propuestas.
Uno de los proyectos que se lograron concretar fue la construcción de un taller de costura, pensado para que los y las integrantes de la comunidad puedan realizar actividades económicas como la elaboración de prendas tradicionales para venta interna y también para los turistas que visitan la Sierra Tarahumara.
La asamblea comunitaria decidió construir el taller cerca de la carretera que va a San Rafael, en un lugar conocido como Cerro de la Virgen, ya que eso facilitaría el acceso a los turistas.
En 2020, poco antes de que se concluyera la construcción del taller, uno de los propietarios privados de ese terreno interpuso una denuncia contra la comunidad bajo el argumento de que la construcción se realizaba de manera irregular.
Agentes del Ministerio Público y la Policía Estatal acudieron a una reunión en el taller de costura para detener a Teresa González, quien fue designada como responsable del proyecto, pero la comunidad se negó a entregarla sola y en coro pidieron que todos fueran arrestados.
“Me iban a detener nada más a mí porque yo soy la encargada y y una compañera de la comunidad dijo que mejor nos detuvieran a todos, porque todos pertenecemos a este taller de costura. Y ahí venimos todos”, contó en entrevista Teresa González.
Más de cincuenta personas marcharon hacia el poblado de Creel, a una hora de camino a pie, ya que no había suficientes vehículos para trasladarlas a todas. Entre ellas había mujeres, niños, niñas y personas de la tercera edad. Además, la Fiscalía General del Estado clausuró el taller temporalmente.
La comunidad se amparó contra la denuncia y el taller se volvió a inaugurar en el verano de 2021, aunque el proceso sigue abierto en contra de Teresa.
“Esa construcción está dentro del territorio”, explica Teresa. “Hay particulares que dicen que son los dueños. Entonces lo que decimos es que de aquí somos, aquí nacimos y tenemos nuestro derecho a tener nuestra forma de trabajo. Sentimos que es parte de nosotros. Que no venga a decir alguien que este lugar no es parte de nosotros”.
El taller de costura Bowe Najativo terminó su construcción en junio de 2021, pero la situación legal de Teresa sigue sin ser resuelta. En 2022, el policía ministerial itinerante a cargo de la investigación fue multado con 10 mil pesos por no responder a los requerimientos del juez para que le mandara la carpeta de investigación, de acuerdo con Saldívar.
Es ese mismo policía ministerial al que la comunidad tiene que acudir si tiene un problema, lo que ha provocado la falta de confianza entre sus integrantes.
Una habitante de la comunidad, que pidió no ser nombrada, denunció en entrevista que desde hace dos años una persona externa la amenaza con robarse a sus animales y mandar a sus hijos a la cárcel.
Esta persona tiene un campo sembrado de avena en Bosques de San Elías Repechique, a pesar de que no vive ahí, y la culpa de los daños que ha sufrido su cultivo.
Diversos miembros de la comunidad explican que ellos sólo sueltan a sus animales cuando ya todos han cosechado su maíz, frijol, calabaza, entre otros cultivos, mientras que la persona externa tiene una dinámica distinta y tarda más en levantar su avena. Además, dicen, esta persona está armada.
Esto lo ha mencionado reiteradamente en las asambleas comunitarias, pero no se ha animado a hacer la denuncia ante el Ministerio Público porque piensa que no llegará a ninguna parte.
Otra forma de entender y poseer el territorio
La comunidad ha intentado obtener la titulación de su territorio por diferentes vías legales. De acuerdo con la abogada Saldívar, desde la década de 1940 la comunidad enviaba cartas a diferentes autoridades solicitando su titulación, pero estas fueron ignoradas. En 2018, la comunidad interpuso un amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito con esta finalidad, pero sigue sin ser resuelto. También se han hecho solicitudes para que la comunidad acceda a un programa en el cual con fondos públicos se compren los terrenos a los propietarios legales, como el COSOMER, pero estas no han prosperado.
De manera paralela, en 2017 la comunidad decidió interponer una petición de caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la serie de problemas que han enfrentado derivados de la falta de titulación legal de su territorio, como las agresiones, intentos de despojo y criminalización.
En esta petición también se alega que ninguna de las formas colectivas de tenencia de la tierra, como el ejido o la comunidad, reconocidas en la constitución se adapta a la forma de las comunidades indígenas de entender el territorio, y pide que de manera legal se reconozca esta otra forma de derecho ancestral.
Debido a que varias comunidades de la Sierra Tarahumara enfrentan el mismo conflicto, siete se sumaron a la petición de Repechique ante la CIDH, tales como Mogótavo, Coloradas de la Virgen y Bawinokachi.
La petición ya fue aceptada por la CIDH, pero podrían pasar varios años antes de que se emita una resolución.