Por Centro ProDH
—La aceptación de la sentencia permitiría a miles de familiares de víctimas de desaparición elevar sus peticiones ante ese órgano internacional.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene un plazo de 60 días naturales para definir la aceptación de la competencia sobre casos individuales del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (Comité CED) de la ONU.
Dicha resolución forma parte de la sentencia de amparo a favor de María Herrera Magdaleno y Juan Carlos Trujillo Herrera, madre y hermano de los desaparecidos Raúl, Salvador, Luis Armando y Gustavo Trujillo Herrera.
La aceptación del resolutivo, emitido en días recientes por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, “permitiría a miles de familiares de víctimas de desaparición elevar sus peticiones ante este órgano internacional”.
A pesar de que México firmó y ratificó, desde 2008, la Convención Internacional para la Protección de Personas contra las Desapariciones Forzadas, reconociendo además al Comité CED, el Estado impidió que el Comité “pudiera conocer peticiones individuales; con ello se privó a los familiares de las personas desaparecidas en México de poder acudir a una importante garantía internacional”, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a través de su comunicado.
“En virtud de que esta determinación atentaba contra la propia efectividad de la Convención”, familiares de víctimas, el sistema ombudsman, legisladores, la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, el propio Comité e incluso otros países durante el Examen Periódico Universal, instaron en diversos momentos a México para que permitiera al Comité conocer peticiones individuales.
Sin embargo, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la SRE se negó a aceptar la competencia del Comité y adujo, desde 2010, que se encontraba realizando consultas entre los propios organismos federales para tomar la decisión correspondiente. Nueve años después, esas consultas no habían concluido.
Ante esta situación, la familia Trujillo Herrera, a través de su representación, el Centro Prodh, presentó el 13 de marzo de 2018 “una demanda de amparo en la que reclamaba la omisión del Presidente de la República, del Secretario de Relaciones Exteriores, del Subsecretario de Relaciones Exteriores y del Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores de aceptar competencia del Comité CED para recibir y examinar comunicaciones individuales, considerando que ello negaba a los familiares de las víctimas de una desaparición la posibilidad de acudir a una instancia internacional para exigir la defensa de sus derechos”.
La sentencia reconoció “la extrema gravedad de la desaparición forzada” y señaló también “que en México este crimen ha alcanzado dimensiones críticas”.
Al puntualizar estos reconocimientos, el juez “consideró que, al omitir el reconocimiento de la Competencia del CED, las autoridades violaron el derecho de las víctimas directas o indirectas de acudir a instancias internacionales en materia de desaparición forzada.
El titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México subrayó en su decisión que aceptar la competencia del Comité para conocer casos individuales podría “ayudar a combatir problemáticas estructurales e incluso revertir la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos, máxime que no existe ningún impedimento justificable para no concluir dicho trámite”.
Por último, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez manifestó que “la sentencia de amparo ganada por la familia Trujillo Herrera representa una oportunidad, abierta de nueva cuenta por los familiares de víctimas, para que la nueva administración muestre su compromiso con los derechos humanos. De resolverse positivamente por parte del nuevo Gobierno Federal, la admisión de casos individuales ante el Comité CED permitirá a las decenas de miles de víctimas de desaparición y a sus familias contar una herramienta más para la búsqueda de verdad y justicia”.