Por Ernesto Camou Healy
Resulta complicado llegar a una conclusión certera sobre las razones que ha esgrimido la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de la acusación a 31 ex funcionarios que participaron como miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, una organización del propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que fue prácticamente desconocida y eliminada por la actual dirección del mismo Conacyt.
Hay que constatar que gran parte de la confusión la generaron los medios de comunicación para los cuales poder acusar de delitos a personajes que gozan de prestigio y de un reconocimiento especial en la academia y la ciencia, resulta una tentación difícil de evitar:
Se genera un escándalo que atrae la atención del público. Pero la FGR también ha contribuido a la confusión: Sus comunicados han sido más bien escandalosos y, para muchos, totalmente descabellados. La FGR intenta fincar los delitos de uso indebido de recursos, peculado, uso ilícito de atribuciones, lavado de dinero y delincuencia organizada. Al mismo tiempo se repite en los medios, no queda clara la fuente original, que se trata de una asociación civil, una “empresa privada” se la califica, que usurpa funciones que no le corresponden y, deja la duda, utiliza de mala manera fondos públicos.
El Foro Consultivo fue creado por el mismo Conacyt en 2002 como un organismo autónomo para ofrecer asesoría a instituciones públicas y empresas, la cual estuvo financiada durante años con recursos del Conacyt. Según la FGR, científicos y funcionarios sacaron provecho de sus puestos públicos en el Conacty para financiar la asociación civil y después incorporarse a ella, lo cual, afirman, es contrario a la ley pero no resulta tan obvia esta supuesta ilegalidad.
Ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, dijo la FGR en un comunicado.
El lenguaje de la FGR es equívoco: El Foro nunca había sido una empresa privada, durante casi tres lustros fue financiada por el mismo Conacyt para cumplir los objetivos asignados. Se hizo con presupuesto regular, no había nada ilícito en las entregas de fondos para que el Foro trabajara. Por eso resulta ridículo afirmar que manejaban recursos de procedencia ilícita. Cabe explicar que la mayor parte de los centros de investigación del Sistema Conacyt, son asociaciones civiles, no privadas sino públicas; constituidas por personas morales, es decir instituciones del mismo gobierno, o educativas. Y ese parece haber sido el caso del mismo Foro.
Preocupa también que Conacyt no haya puntualizado públicamente que la mayoría de los centros financiados por ese instituto son asociaciones civiles. En todo caso, fue el mismo Conacyt quien hace poco más de un año le cambió el estatus al Foro: Ya no es asociación civil, pero antes sí lo era, y totalmente legal. No precisarlo genera confusión como si fuera un caso excepcional. Acusarlos además de delincuencia organizada parece un exceso y quizá venganza. Preocupa lo dicho por el antiguo ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosio: “La delincuencia organizada es un asunto muy delicado que no puedes estar imputando a todas las personas en todos los casos. Tiene una legislación y principios especiales (no se puede invocar la presunción de inocencia y deben estar todo el juicio en prisión preventiva) y me parece … que es una de las formas más perversas que … se están usando para meter a las personas a prisión, añadió.
Es posible que haya habido irregularidades en el manejo del Foro, incluso malos manejos, pero durante casi 18 años se aceptaron sus informes académicos y financieros. Si hubo corrupción que se la persiga, pero no queda claro qué ha sucedido, y la actuación de la FGR resulta al parecer desasada y desmesurada. Se ha creado un embrollo y no parecen capaces de aclararlo. Esto daña reputaciones y puede perjudicar al gobierno actual. No se vale.