El miércoles pasado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que el Gobierno mexicano presentó una demanda civil en contra de 10 empresas estadounidenses fabricantes de armas:
“Durante décadas, el Gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una mortífera avalancha de armas de estilo militar y otras particularmente letales que fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera”, dice la querella. El que se haya inundado el País con pertrechos bélicos es “el resultado previsible de las acciones y prácticas comerciales deliberadas de los demandados”.
La acción legal fue interpuesta en un tribunal federal de Massachusetts, y es la primera vez que un Gobierno nacional presenta una reclamación a los fabricantes de armas norteamericanos. En ella se acusa a las empresas de facilitar activamente el flujo de armas hacia los cárteles de la droga y de alimentar un tráfico en el que el 70% de las armas rastreadas en México provienen de Estados Unidos.
Una demanda como ésta tendrá muchas dificultades, pues allá es libre el comercio de armas, y su portación por cualquier ciudadano es permitida en muchos estados, entre otros Texas. Ahora bien, resulta evidente que esa amplitud de la ley, si bien es legal, resulta poco legítima y menos ética. Tan sólo en el lapso de enero a agosto del 2021 han sufrido por allá 293 tiroteos masivos: Esos incidentes en los cuales un desquiciado se arma y sale a matar un poco indiscriminadamente a cualquiera que se cruce en su camino. Aunque hay otros más enfocados en su objetivo criminal, como el caso del joven supremacista blanco que el 3 de agosto de 2019 manejó desde Dallas a El Paso con el objetivo de “matar mexicanos”. Lo logró: Acabó con la vida de 22 de ellos y dejó heridos a 26.
Si bien es verdad que esta demanda puede sobreseerse en la Corte de Boston, ya hay un precedente: Los familiares de los niños muertos en una escuela de Conneticut (27 infantes) demandaron a la Remington y después de siete años de procedimientos legales están hablando de una indemnización por 33 millones de dólares.
En el caso mexicano, dice Ebrard que el objetivo principal no es un acuerdo económico, sino que se modifique la actuación de esas empresas que están siendo, cuando menos, negligentes; se busca presionar a las fabricantes de aparejos de la muerte para que desarrollen patrones verificables para monitorear y disciplinar a los distribuidores que no deben quedar exentos de responsabilidad sobre el uso de las armas después de venderlas.
Que se diseñen mecanismos de seguridad en esos artefactos para prevenir que se empleen por delincuentes y, por último, para que las empresas paguen en los medios, campañas enfocadas a combatir el tráfico ilícito de armas.
Por otra parte, esta diligencia también tiene como objetivo alentar a todas aquellas organzaciones estadounidenses que buscan regular la venta y el uso de pistolas, rifles y armas de ataque en el suelo de su país. Son muchos quienes arguyen que la segunda enmienda, que da libertad para poseer y usar armas, fue incluida en la Constitución a fines del siglo 18 para poder habilitar una milicia civil -y como una prevención ante posibles ataques extranjeros-, y afirman que ya no es necesaria, puesto que cuentan con un Ejército más que competente… y demasiado experimentado, añadiría.
Es una estrategia ardua, sin duda, pero desde hace tiempo resultaba urgente presionar a esos fabricantes irresponsables, en el entendido de que ya llevarlos a un tribunal es un logro; más se obtendrá si genera simpatías entre los agrupaciones y personas que coincidan con la causa o hagan suya la intención.
La iniciativa mexicana puede poner en tela de juicio la perniciosa actividad de ese sector de la industria y economías gringas, exponer sus prácticas veleidosas y su irresponsabilidad criminal sin que necesariamente el litigio prospere. Incluso si pierde, habrá ganado.
Ernesto Camou Healy es doctor en Ciencias Sociales, maestro en Antropología Social y licenciado en Filosofía; investigador del CIAD, A.C. de Hermosillo. Correo: e.camou47@gmail.com